Colombia enfrenta una de las crisis de vivienda más profundas de su historia reciente. Tras nueve trimestres consecutivos de caída y una contracción de 8,3% solo en el tercer trimestre de 2025, el sector se encuentra en un punto crítico. A este panorama se suma un hecho tan grave como sorpresivo: el Gobierno Nacional incluyó en su reforma tributaria un IVA del 19% para la venta de vivienda en el país.

No es una medida menor. Es un cambio que, de aprobarse, heriría de muerte el acceso a la vivienda formal en Colombia: encarecería su valor, expulsaría a miles de familias del mercado y agravaría la crisis que hoy golpea a la clase media y a los hogares más vulnerables. Gravar la vivienda no solo es inoportuno: es regresivo y profundamente desconectado de la realidad de millones de colombianos.

Este medida, camuflado dentro del capítulo de Vigencias y Derogatorias del proyecto de ley, elimina la exención vigente y traslada a los hogares un costo que, en muchos casos, termina por cerrar definitivamente la puerta a su sueño de comprar vivienda. Cada punto porcentual de aumento por encima del ingreso medio promedio se reduce la demanda potencial en un 4%. Con un IVA del 19%, el golpe sería devastador.

El impacto no se queda ahí. Las ventas, la inversión y el empleo caerían aún más, profundizando un deterioro que ya le costó al país $60 billones en inversión durante los últimos tres años. El programa Mi Casa Ya, que llegó a beneficiar a más de 67.000 hogares en 2021 y 2022, apenas alcanzó a llegar a menos de 800 familias en 2026. Sin subsidios, sin oferta y ahora con un impuesto que encarece todo el sistema, ¿qué futuro le espera a la vivienda formal en Colombia?

Como si fuera poco, el deterioro fiscal amenaza con elevar las tasas hipotecarias y reducir aún más la capacidad de compra de los hogares. Y mientras esto ocurre, las ciudades enfrentan la presión demográfica más importante del siglo: en sólo diez años se formarán 3,7 millones de nuevos hogares. Para 2050, el 80% de los colombianos vivirá en entornos urbanos. ¿Cómo vamos a responder a esa demanda si seguimos desmontando los instrumentos que permiten desarrollar vivienda, generar empleo y ordenar el crecimiento urbano?

Nota recomendada: Programa ‘Mi Casa Ya’ no va más

La consecuencia es clara: más informalidad, arriendos más costosos, menos renovación urbana y mayor deterioro ambiental. Frenar la construcción formal es frenar el progreso del país.

El Gobierno no puede seguir ignorando las cifras, las alertas y los riesgos. Ponerle IVA del 19% a la vivienda no es una reforma: es un retroceso que pagarán las familias colombianas.

Defender la vivienda formal no es un capricho. Es proteger a la clase media, a los jóvenes, a las mujeres cabeza de hogar, a los trabajadores que ven en la vivienda su patrimonio y su estabilidad. Es cuidar el tejido urbano, la seguridad y la movilidad futura de nuestras ciudades.

Colombia necesita una política de vivienda seria, técnica y responsable. No un impuesto que profundiza la crisis. No un golpe que cierra puertas. No una decisión que sacrifica el futuro urbano del país.

Sandra Forero