La semana pasada finalizó la exposición “Breve Historia de la Censura. Dos siglos entre control y la libertad de expresión” presentada por la Biblioteca Nacional. Me impactó el tratamiento que de este fenómeno se hizo pues, además de ser una problemática reciente, el énfasis histórico da cuenta que en nuestra política se introyectó el imaginario de que es necesario censurar para prevenir el desorden y disciplinar la sociedad. Con la utilización de la censura como herramienta se buscó establecer leyes para castigar a quienes publicaban y ponían en circulación textos prohibidos, uniformar a la opinión pública en la manera como debía comprenderse y difundirse la información y como medio para fortalecer la autoridad, especialmente, el Estado.
La exposición hacía un recorrido por las restricciones impuestas por la iglesia y el Estado sobre la prensa y los libros publicados en Colombia desde el periodo colonial. A medida que la palabra escrita empezó a popularizarse las instituciones eclesiásticas y gubernamentales buscaron ejercer control y vigilancia de manera preventiva -control previo de los contenidos antes de ser publicados- y represiva, que da cuenta de las acciones legales, policivas y pecuniarias que se imponía a las personas una vez el escrito era puesto en circulación.
Durante la colonia (periodo en el que iniciaba la exposición) la iglesia y la corona ejercieron censura que recayó sobre libros, hojas sueltas, pasquines y panfletos. Esta censura tenía un carácter previo, ya que todo libro que se deseara publicar debía contar con autorización real y eclesial. Desde 1616 la vigilancia de las publicaciones estuvo en cabeza del Tribunal de la Inquisición, que estableció índices de libros que era prohibido leer en todo el virreinato. Los castigos para las personas que adquirían estos textos o que los difundían era la excomunión; sin embargo, con el contrabando alcanzaron a circular y evadir los controles algunos textos ilícitos. Libros que, presuntamente, propagaran herejías, ideas políticas contrarias a las impartidas por la iglesia y falsas creencias (difuminados por la Reforma Protestante del siglo XVI) eran los que mayor control y vigilancia tenían.
De los casos más sonados a finales de la colonia se encuentra la censura contra Antonio Nariño por la traducción e impresión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1793, la cual le ocasionó varios años de prisión. La censura era casi obvia: la prohibición de circulación de un documento que consignaba los principios rectores de la revolución francesa que estaban en contra de la corona en los países europeos y le daba un protagonismo a la burguesía como sector social que históricamente había sido rezagado.
Con la independencia las cosas cambiaron sustancialmente. En 1821 se abolió la censura previa y se expidió una ley sobre la libertad de imprenta que limitó este derecho y prohibió escritos que atacaran la religión (subversivos), los que promovieran la perturbación de la tranquilidad pública (sediciosos) y los que atentaran contra la moral (obscenos) y los que vulneraran el honor de un individuo (libelos infamatorios). Como se eliminó la censura previa, la denuncia se convirtió en la única forma para que la palabra escrita fuera intervenida por la autoridad.
La constitución de 1886 proclamó la responsabilidad de la prensa cuando esta atentara contra los particulares, el orden social y la tranquilidad pública. Con la publicación de periódicos contrarios al régimen se generó un escenario de inestabilidad política en el periodo de nuestra historia conocido como Estados Unidos de Colombia (1863-1886); justamente eso lo sabían los asambleístas conservadores que se encargaron de redactar la constitución de 1886, razón por la que tomaron medidas más drásticas frente a los delitos de imprenta. Los escritos que criticaran la religión y la institución militar, que publicaran noticias falsas y que fueran ofensivas y difamatorias fueron los de mayor prohibición durante estos años. La censura represiva fue notoria a finales del siglo XIX e inicios del XX, por medio de la imposición de multas, arrestos de periodistas y suspensión de periódicos. El poder de castigar estuvo en cabeza de autoridades administrativas (gobernadores, perfectos y alcaldes), pero en muchos casos los dictámenes tomados se hicieron de forma arbitraria, pues había intereses de fondo que amañaban cualquier decisión. Es decir, la censura, más allá de ser imparcial, adquiere condiciones políticas y depende de quien esté en el gobierno de ese momento tomar la decisión de vigilar y castigar cualquier escrito. En la próxima columna se analizará la censura en el siglo XX y como ha impactado en la sociedad colombiana.
