De acuerdo a Pierre Levy, las tecnologías de la comunicación permiten la interacción social, una producción cultural y de conocimientos. La ciber-democracia implica no solo el acceso a la información, sino también la capacidad de participar en la creación de diversas sapiencias.
En este sentido las redes sociales han adquirido una relevancia sin precedentes; sin embargo, cuando esta influencia se traslada al ámbito gubernamental, las consecuencias pueden ser catastróficas para la transparencia, la eficacia y, sobre todo, la meritocracia.
El actual gobierno ha sido testigo de una alarmante tendencia hacia la inclusión (contratación) de influenciadores en roles de responsabilidad comunicativa, poniendo en entredicho los principios básicos de la administración pública.
Tomemos el caso de Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally, un abogado boyacense que fue incorporado a RTVC para desarrollar contenidos jurídicos. Si bien es cierto que la experiencia legal de Wally podría ser valiosa, su nombramiento plantea serias dudas sobre la selección basada en méritos. ¿Fue su experiencia profesional lo que lo llevó a este puesto, o su alineación política con el petrismo?
La historia se repite con Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis Smile, cuyo ascenso a roles de responsabilidad en entidades gubernamentales ha sido cuestionado debido a su conexión con figuras políticas como Cielo Rusinque. Su paso por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Superintendencia de Industria y Comercio levanta sospechas sobre la prevalencia de la burocracia sobre la meritocracia en su designación.
El nombramiento de María Niny Echeverry como jefe de Oficina de Comunicaciones en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) plantea una serie de preocupaciones graves en cuanto a la transparencia y la ética en los procesos de selección dentro de la institución.
Si bien es cierto que Echeverry puede ser una profesional competente en sus campos de abogacía y comunicaciones, su nombramiento podría ser por “su relación con la Superintendente o por su fuerte activismo político en Twitter”.
Y no podemos pasar por alto el próximo nombramiento de Celso Tete Crespo en la SIC donde va acompañar las comunicaciones de la entidad. Aunque su trayectoria previa en el Senado y el Ministerio de Medio Ambiente podría sugerir competencia y experiencia, su inclusión en este puesto plantea interrogantes sobre posibles influencias políticas en su ascenso.
La aparente preferencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por contratar más influenciadores y activistas políticos, plantea serias dudas sobre los verdaderos objetivos detrás de dichas contrataciones. ¿Se busca realmente mejorar la comunicación y la transparencia de la institución, o más bien consolidar lealtades políticas y favores personales?
En lugar de priorizar la competencia y la experiencia en el campo de las comunicaciones, parece que la SIC está más interesada en promover una agenda política a través de sus canales de comunicación. Esta falta de claridad sobre los criterios de contratación y los objetivos de comunicación de la entidad socava la confianza del público en su capacidad para actuar de manera imparcial y efectiva en la regulación de la industria y el comercio.
Pero tal vez el caso más preocupante sea el de David Rozo, más conocido como Don Izquierdo, quien fue asignado como Community Manager en RTVC con un salario de 5.900.000 pesos, a pesar de contar solo con un título de bachiller. Esta evidente falta de criterio en la asignación de cargos y remuneraciones pone de manifiesto el peligroso camino hacia la degradación de los estándares de excelencia y profesionalismo en el gobierno de Petro.
En el gobierno de Gustavo Petro, la traición a los principios democráticos y la degradación de la administración pública son evidentes. La preferencia descarada por los influencers sobre profesionales competentes y experimentados es una afrenta directa a la meritocracia y un golpe a la integridad de las instituciones estatales.
Este camino hacia la superficialidad y el clientelismo político no solo desdibuja los pilares de una democracia funcional, sino que también arroja una sombra de duda sobre el futuro de la nación… Si el gobierno de Petro tiene alguna intención real de cambio, debe abandonar de inmediato esta peligrosa inclinación y volver a comprometerse con los principios de servicio público y transparencia, de lo contrario, su legado será el de un gobierno que sacrifica la excelencia en el altar del oportunismo político, condenando así a Colombia a un futuro incierto y desdibujado.
