Mauricio Toro
Se aproxima la elección de un nuevo magistrado para la Corte Constitucional, y para alistar la conformación de la terna, la cual es una facultad del Presidente Iván Duque, todos esperaríamos que se lleve a cabo un proceso de la más alta transparencia, difusión y publicidad.
Y es que no es de poca monta, precisamente la elección de un magistrado de la Corte Constitucional es uno de los legados más profundos de un Presidente, pues las calidades de la persona que se elija, sus creencias, sus orientaciones filosóficas, y en general, la calidad de jurista impregnará por ocho años las decisiones del tribunal constitucional, donde un solo voto puede desempatar decisiones de la más alta trascendencia para el país.
Por supuesto Iván Duque entiende el rol tan importante de esta designación para la terna, y en concordancia con actuaciones anteriores, ha tomado decisiones preparatorias que marcan su carácter, y por supuesto no nos ha defraudado: el Presidente Duque ha actuado de forma coherente con su falta de transparencia y ha emitido el Decreto 1257 de 2020, mediante el cual deroga el procedimiento de invitación pública para la conformación de la terna, el cual era un método de transparencia y participación ciudadana.
Y cuidado, no malinterpreten mis palabras, digo que Iván Duque no ha defraudado, pero me refiero a que no ha defraudado a quienes sabemos de su talante poco transparente, pero que basado en decorados discursos le gusta engañar a la ciudadanía y a muchos incautos que creen en su palabra, pero desconocen sus actos. Dicho en otras palabras, Iván Duque por supuesto defrauda a quienes confían en su palabra. En campaña, y en sus discursos, Iván Duque se jacta de velar y promover la transparencia, la lucha contra la corrupción y la politiquería; en sus decoradas y rimbombantes intervenciones asegura que este es un gobierno comprometido con la transparencia. Sin embargo, sus actos y sus decretos dicen todo lo contrario, tal como en este caso, y en otros que expondré en esta breve columna.
Si analizamos el Decreto 1257 y su argumentación, gira alrededor de ideas muy simples: la facultad de ternar es única y exclusiva del Presidente, y la ley no impone ningún tipo de condicionamiento o procedimiento. En otras palabras, lo que están queriendo decir es “yo solito tengo el poder de poner a quien yo quiera, y esos inventos de convocatorias públicas no son obligatorias y restringen mi poder de poner a quien yo quiera, por lo tanto, yo prefiero derogarlas, y hacer este proceso escondido en mi despacho, sin tener que dar cuentas ni explicaciones, y sin exponer públicamente a los posibles candidatos” (obviamente esas son palabras de la imaginación mía, Duque podría decir eso en público pero lo haría en un lenguaje decorado y prosopopéyico, jamás se expresaría en palabras mundanas y coloquiales como estas que yo utilizo, a fin de cuentas ¿para qué quiere él que el pueblo entienda?)
Y debo reconocer la coherencia de Duque en otra cosa: no es la primera vez que hace estas jugadas para eliminar métodos de transparencia y participación! Cuando fue a nombrar a su amiguísimo Francisco Barbosa en el cargo de Fiscal General de la Nación, hizo exactamente la misma jugadita: con una maravillosa y amañada interpretación jurídica, mediante el Decreto 1163 de 2019, derogó el Decreto 450 de 2016, el cual incorporaba igualmente el proceso de “invitación pública” para designar terna para Fiscal. Nuevamente, los audaces argumentos del Presidente Duque, establecieron que el proceso de invitación pública limitaban o de alguna forma perjudicaban la facultad del Presidente para ternar a quien se le ocurriera, y por lo tanto este mecanismo que le daba un poco de transparencia a la terna de Fiscal era realmente incómodo y fastidioso para la voluntad de nuestro insigne Presidente, quien ya tenía claro que deseaba que su amigo Francisco Barbosa fuera elegido como fiscal, y por lo tanto, sería mejor ahorrarse el bochornoso y siempre incómodo proceso del escarnio público. En otras palabras (de nuevo mías, no de nuestro declamador presidencial) diría “si yo quiero que mi amigo sea Fiscal, para que me voy a poner a perder el tiempo haciendo procesos públicos de transparencia. Mejor ahorremos esos pasos, y vamos directo al grano para que mi amigo sea el segundo cargo más importante del país”.
Obviamente, los asesores del Presidente buscan en la jurisprudencia del Consejo de Estado, los párrafos que les convienen, y fuerzan su interpretación para dar la sensación de que estas jugaditas lo único que buscan es preservar el orden legal y constitucional de nuestra amada patria. Sin embargo, olvidan casualmente uno de los párrafos más dicientes: en sentencia del 14 de mayo de 2020, de la Sección Quinta del Consejo de Estado (Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00542-00) se dice lo siguiente: “el Gobierno nacional bien podía mejorar el procedimiento de selección de los superintendentes, estableciendo una metodología de difusión a fin de implementar mecanismos de transparencia y participación ciudadana. (…). Por lo tanto, se concluye que la disposición acusada, agregó una actuación dentro del procedimiento de designación de los superintendentes que en manera alguna implica la alteración sustancial de la forma de selección de estos servidores públicos, ni restringió la potestad del presidente para nombrar o retirar libremente a sus agentes.”
Mejorar y avanzar en transparencia y participación ciudadana claramente no han sido propósitos reales y concretos del Presidente Iván Duque, quien ha actuado en contra, no solo de estas alternativas que concede la Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino que ha actuado en contra de sus promesas de campaña y de los supuestos valores de este gobierno que pregona en sus discursos. Que quede claro: al Presidente Duque le incomodan los mecanismos de convocatorias públicas que ayudan a avanzar en transparencia y participación ciudadana. En mis palabras coloquiales diría: Iván Duque pocón de transparencia, y mucho de carreta.
PD: Antes de enviar esta columna, en una triste casualidad, ha fallecido la célebre magistrada Ruth Bader Ginsburg, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Una valiente mujer, defensora a ultranza de los más fundamentales derechos de las mujeres, las minorías étnicas y personas LGBT, solo por nombrar tres de sus múltiples luchas y banderas de justicia social. Tristemente, al igual que este debate que planteo en esta columna, Estados Unidos ahora abre el debate sobre la triste y nefasta posibilidad de que el presidente Trump sea quien postule a la persona que ocupe la posición de la magistrada en la Corte Suprema, donde los periodos son vitalicios. Tristes momentos para la democracia norteamericana, así como triste momento para la transparencia y participación en la elección de un nuevo magistrado de nuestra Corte Constitucional. Las desastrosas similitudes de Duque y Trump saltan a la vista, pero serán tema de otra columna.
