A las 7:30 de la mañana de ese fatídico 11 de septiembre de 1973, dos horas antes de iniciar el bombardeo de la Casa de la Moneda, sede del gobierno de Chile dónde se resguardó el presidente Salvador Allende ante el golpe militar, un contingente del ejército se tomó las instalaciones de El Clarín, el diario de mayor circulación en Chile; apresó a sus periodistas y ocupó sus propiedades. En los años cincuenta, el periódico había sido adquirido por Víctor Pey, un republicano español refugiado en Chile, después del triunfo de Franco en la guerra civil española.
La dictadura de Pinochet expropió las instalaciones de El Clarín y disolvió las personerías jurídicas de la empresa al tiempo que Pey se vio obligado a exiliarse nuevamente, esta vez, en Venezuela. Cuando el “No” ganó el referendo sobre la continuidad de Pinochet en 1990 y se abrió paso La Concertación en Chile, Pey regresó a Chile y demandó ante los sucesivos gobiernos de Frey, Lagos, Bachelet, Píñera e, inclusive, Boric; en busca de ser indemnizado por la expropiación de la cual había sido víctima. En el camino y antes de su fallecimiento en 2018, Pey organizó la Fundación Salvador Allende en España a la cual cedió el 90% de la propiedad accionaria y encargó a su presidente, Joan Garcés, el último compañero de Allende en abandonar la Moneda el día del golpe, buscar el resarcimiento de su patrimonio que, si finalmente se logra, podría servir para poner El Clarín nuevamente en circulación.
Pues bien, el martes de esta semana, la Corte Suprema de Chile finalmente invalidó el Decreto No. 165 de 1974, expedido por el dictador Augusto Pinochet, mediante el cual disolvió las personerías jurídicas de El Clarín y expropió sus bienes. Con anterioridad, la Fundación Allende había acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, amparada en el Tratado Recíproco de Inversión Extranjera suscrito entre España y Chile. En esa instancia, la Fundación obtuvo un laudo favorable que el gobierno chileno debe honrar bajo el tratado.
Con la decisión de la Corte Suprema se empieza a superar la doctrina de enterrar el pasado que ha primado en Chile desde que los acuerdos de La Concertación determinaron mirar solamente hacia el futuro. Parece que puede haber llegado a Chile el momento de reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que al igual que en España, están pendientes cincuenta años después del Golpe que inmoló al presidente Salvador Allende quien confiaba que el cambio se podía hacer en democracia.
El fallo esta caliente y ahora los representantes de las víctimas esperan una respuesta a las peticiones respecto del laudo del CIADI hechas al presidente Boric hace más de un año. Esperemos que se cumplan, pues la principal reivindicación no es la monetaria sino el resarcimiento de la libertad de expresión y del derecho a la información. En efecto, estamos ante un caso de justicia poética que se presenta cuando finalmente se castiga el mal, se premia el bien y triunfa la lógica, a pesar de todos los avatares y dificultades.
