El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, continúa manejando a su antojo los recursos públicos, las entidades del Distrito y los medios de comunicación. Esta vez, en su rol como miembro de la Junta Directiva del Metro de Medellín presuntamente intervino en la adjudicación de un contrato a favor del periódico El Colombiano, cuyo objeto era la prestación de servicios de diagramación, infografía e impresión del periódico institucional “Nuestro Metro”.
Lo irónico de esta situación es que la adjudicación de dicho contrato aparentemente estuvo viciada, considerando que El Colombiano fue el oferente más costoso, con una diferencia de más de trece millones de pesos en comparación con la propuesta presentada por la Casa Editorial El Tiempo. Lo que agrava aún más el asunto es que casualmente Juliana Correa Henao, ex empleada de El Colombiano y actual funcionaria del Metro de Medellín fue la encargada de evaluar el cumplimiento de los criterios dentro del proceso de adjudicación del contrato, lo que deja serios cuestionamientos sobre la transparencia y la posible configuración de un conflicto de interés.
Estos hechos no pueden verse de manera aislada a la aparente persecución que el periódico El Colombiano ha emprendido en contra del presidente de la República, del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y de mí como Representante de Antioquia, no es coincidencia que esta campaña sistemática de desprestigio esté vinculada a intereses económicos, ya que el periódico presuntamente se beneficia de la adjudicación de contratos públicos por parte de la oposición, tal y como ocurrió con el contrato de prestación de servicios del metro de Medellín.
En lo que va del año, dicho periódico ha publicado más de 210 artículos denigrantes hacia Daniel Quintero, lo que sugiere que su postura opositora no es tanto un ejercicio de libre prensa, sino una estrategia bien orquestada para favorecer sus propios intereses comerciales, siendo clara la constitución y la Corte Constitucional al señalar que la intromisión indebida que atente garantías fundamentales como el buen nombre, puede constituirse en un abuso del derecho a informar que ostentan los periodistas.
A lo anterior se suman los lamentables hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, cuando más de 45 personas resultaron heridas durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, celebrado en el estadio Atanasio Girardot, incidentes que surgieron por la presunta falta de garantías y seguridad proporcionadas por el alcalde de Medellín, lo que ahora se intenta atribuir al Presidente de la República para tergiversar y camuflar la falta de interés de Federico, quien casualmente se encontraba en Barranquilla en ese momento.
Dicho lo anterior, queda claro que la gestión de Federico Gutiérrez está marcada por la priorización de intereses personales y la manipulación de la verdad a través de los medios de comunicación. Por ello, es imperativo que los entes de control investiguen la adjudicación de contratos con posibles conflictos de interés, así como la manipulación de la prensa y la falta de garantías en estos eventos deportivos. ¡La vida, seguridad y recursos de Medellín están en juego!
