La democracia en el país siempre ha estado bajo amenaza. Durante el siglo XIX, diferentes guerras civiles impidieron que los primeros momentos después de la independencia consolidaran una institucionalidad democrática que permitiera expresar pacíficamente las diferencias políticas. En el siglo XX, la misma dinámica enfrentó en graves conflictos armados a diferentes sectores políticos, y el narcotráfico terminó agravando la situación en una escalada sin precedentes que ocasionó una terrible catástrofe humanitaria. Es innegable que la guerra ha marcado profundamente nuestra historia política.
Hoy, la democracia en el país vive tiempos paradójicos, pues por primera vez se ha elegido un presidente con un programa de izquierdas. Cualquiera podría decir que esto representa un avance democrático importante, teniendo en cuenta que todos los candidatos presidenciales de izquierda que habían estado cerca de ganar fueron asesinados. Sin embargo, un análisis del contexto actual nos muestra que el conflicto político está sobrepasando las instituciones.
La amenaza de un golpe blando o lawfare está llevando al país a la incertidumbre. Aún faltan dos años para finalizar el mandato presidencial y el ambiente está cada vez más tenso y enrarecido. La posibilidad de que se materialice una interrupción del periodo constitucional bajo el cual fue elegido el gobierno amenaza la voluntad popular. Hay razones de peso para pensar que el país está entrando en un escenario de guerra judicial que podría crear un quiebre democrático sin precedentes.
El lawfare ha afectado varios gobiernos progresistas en los últimos años. Acabó con el gobierno de Portugal liderado por Antonio Costa y recientemente llevó al presidente de España, Pedro Sánchez, a contemplar su renuncia. En Latinoamérica, los golpes blandos han afectado a muchos países. La instrumentalización de la justicia con fines políticos cada vez se hace más frecuente como una estrategia de élites políticas y económicas para tumbar, desestabilizar o desgastar gobiernos que no son de su agrado.
Esta estrategia, combinada con noticias falsas y ataques mediáticos, representa la mayor amenaza a la democracia no solo en Colombia sino en el mundo. Ante este panorama, es crucial que la ciudadanía esté alerta y se movilice para defender su voluntad. De la misma manera, los poderes públicos deben actuar con máxima responsabilidad. Hay que tomar nuestra historia como ejemplo, cuando las instituciones son incapaces de tramitar con imparcialidad las diferencias políticas, el resultado siempre ha sido el aumento de la violencia. Las guerras jurídicas se pueden volver fácilmente guerras civiles.
