El próximo viernes 22, se reunirá la asamblea de accionistas de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia por el tamaño de sus operaciones y sus grandes transferencias al Estado y porque el petróleo es el producto que mayores ingresos en dólares le aporta al país. Su importancia también obedece a que en Ecopetrol tienen sus ahorros 260 mil accionistas y los fondos de pensiones, todos colombianos con pleno derecho a exigir que sus recursos se administren en forma responsable.

Ese día, mediante la reforma de sus estatutos, Gustavo Petro se propone modificarle a Ecopetrol su naturaleza de empresa petrolera, cambio que puede hasta quebrarla, lo que le generaría a Colombia un daño incalculable.

Porque Ecopetrol, por primera vez en su historia, está sometida a lo que se le antoje a un presidente de la República que ha probado decidir guiado por un odio irracional al petróleo, capaz de llevarlo a las más garrafales equivocaciones. Tanto, que ha determinado que en Colombia no se firmen nuevos contratos para buscar petróleo y gas, lo que llevaría importarlos, porque el consumo del petróleo y el gas no desaparecerán en Colombia y el mundo en el mediano plazo.

En su fobia antipetrolera, en las elecciones de 2018, Petro fue capaz de prometer el ridículo de reemplazar el petróleo por aguacates. Y ahora es por turistas, disparates que además de falaces son innecesarios. Porque Estados Unidos, China, México y Brasil y los demás países petroleros desarrollan sus otras economías y a la par aumentan la producción de hidrocarburos (ver enlace).

De lo peor de la conducta de Petro es que nunca ha publicado un estudio que intente sustentar sus dislates antipetroleros, que él impone con un par de frases. Y no lo hace, porque él sabe que en un debate a fondo sobre su falso ambientalismo quedaría muy mal –pues ni siquiera contribuye en serio con la necesaria transición energética global– y reduciría su capacidad de engañar a quienes no tienen la suficiente información.

La única vez que este gobierno intentó sustentar su infantilismo contra el petróleo y el gas, recordémoslo, condujo a que su ministra de Minas falseara las reservas de hidrocarburos de Colombia.

Prueba también la irresponsable posición antipetrolera de Gustavo Petro que haya puesto en la presidencia de Ecopetrol a Ricardo Roa, quien no tiene hoja de vida para ese cargo (ver enlace), como tampoco varios de los miembros que propone para la nueva junta directiva, más allá de ser compadres políticos suyos y de ser incapaces de contradecirle sus absurdos.

El cambio de los estatutos consiste en agregarle a Ecopetrol un conjunto de deberes en energías renovables que no tiene capacidad económica de asumir (ver enlace), salvo estrangulándole su actividad petrolera y gasífera, como preferir importar gas de Venezuela, recortarle todavía más al presupuesto de exploración y producción de Ecopetrol y no promover la necesaria modernización de la refinería de Barrancabermeja. Y este cambio también facilitará el uso de Ecopetrol como caja menor del Estado para financiar el clientelismo y la demagogia de falso ambientalismo de Gustavo Petro.

Ante los disparates de Gustavo Petro, los accionistas privados de Ecopetrol –entre los que me encuentro, con pocas acciones–, y todos los colombianos, debemos unirnos en la exigencia de que la asamblea no modifique sus estatutos, para que una decisión tan riesgosa como esa solo se tome luego de que el gobierno presente un estudio de fondo, con todas las cifras y los detalles, sobre por qué y cómo cambiarle la naturaleza a Ecopetrol para meterla en negocios que pueden ser muy malos.

Jorge Enrique Robledo