Con una verdadera canallada respondió alias “Iván Mordisco”, jefe del autodenominado Estado Mayor Central EMC, a las declaraciones del Presidente Gustavo Petro que nos recordó las inocultables actividades traquetas de esta banda armada, y en las que además rechazó el ataque permanente y reiterado que esta despliega sobre líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y comunidades campesinas e indígenas especialmente en Cauca y Nariño, violando el cese al fuego que pactaron con el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones en curso. Porque atreverse temerariamente a afirmar un supuesto apoyo suyo a la campaña Presidencial de Petro, no busca otra cosa que justificar mediante el chantaje, la conejeada que pretende hacerle al cese al fuego y a los demás compromisos en la mesa de diálogos.
Pero no deja de ser otra canallada de la oposición uribista, que le de crédito de inmediato al pretexto criminal de ‘Mordisco’ para solicitar oportunistamente la apertura de una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y agitar un improbable e injustificado juicio político contra el Presidente Gustavo Petro.
La misma derecha, ahora opositora, estelar protagonista de la parapolítica y de la ñeñe política, la que recibió demostradamente financiación de Odebrecht en sus campañas electorales, y la responsable de los falsos positivos y de otros crímenes atroces, aberraciones que si merecieron de sobra una censura política a sus gobiernos.
Lo que resulta grotescamente descarado es que desde esa misma orilla política se desestimen las verdades que el repatriado exjefe paramilitar Salvatore Mancuso viene contando ante la justicia colombiana, sin que sepamos aún que tanto pudo haber declarado ante la justicia norteamericana en el contexto de su extradición. Se les “olvida” a estos representantes de la derecha criolla que, contrario a “Mordisco”, las declaraciones de Mancuso, que los compromete hasta los tuétanos, están precedidas de voluminosos expedientes judiciales en la Corte Suprema de Justicia que dieron cuenta de las investigaciones a 136 parlamentarios que condujeron a la condena de 86, 39 senadores y 47 Representantes a la Cámara, quienes resultaron elegidos como producto de alianzas con los paramilitares y que ayudaron a elegir en primera vuelta a Álvaro Uribe en las presidenciales del 2002.
Las verdades de Mancuso han sido reveladas ante los Tribunales de Justicia y Paz creados en el marco de la desmovilización paramilitar y son hoy materia de comprobación en la Jurisdicción Especial de Paz JEP que reclama la competencia exclusiva en este caso, asunto que debe resolver la Corte Constitucional.
“Iván Mordiscos” está jugando con candela si persiste en esa actitud. El Gobierno Nacional con la aprobación en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y de la Ley 2272 del 2022 o Ley de Paz Total se la jugó a la apertura simultanea de tres mesas de dialogo y negociación con el Ejercito de Liberación Nacional, el Estado Mayor Central y mas recientemente con la Segunda Marquetalia. Una jugada arriesgada en un país con una tradición de negociaciones parciales y escalonadas con las guerrillas y otros grupos armados, asumiendo el costo ante la opinión publica de reconocer estatus político y concederles una nueva oportunidad a remanentes de las antiguas FARC en franco proceso de degradación por sus vínculos estrechos con economías ilegales o que habían abandonado el Acuerdo de Paz del Teatro Colón.
El Estado Mayor Central EMC y su jefe, en vez de responder con canalladas a las exigencias del jefe de Estado, están obligados a dar muestras de cumplimiento de los acuerdos que se van haciendo en la mesa de negociaciones, si quieren que este proceso llegue a buen puerto. Y al Gobierno le corresponde mantener la política de paz total sin abandonar el ejercicio de la fuerza del Estado en todo el territorio nacional con los más altos estándares en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.
