Rafael Barrios Mendivil*
El lunes 5 de octubre, en el marco del 177º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se llevó a cabo la audiencia sobre interceptaciones ilegales en Colombia. En ella se escuchó a dirigentes políticos, organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas de las actividades de inteligencia ilegal, así como también a la delegación estatal de Colombia integrada por la Fiscalía General de la Nación, FGN, la Procuraduría General de la Nación, y al Embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos, OEA.
Las víctimas presentaron los recientes hechos de inteligencia ilegal de las carpetas secretas, revelados por la revista Semana a principios de este año. El senador Iván Cepeda denunció el caso de la operación Andrómeda, conocida en el 2014, contra participantes del proceso de paz, y otras operaciones de espionaje y descrédito emprendidas desde organismos de inteligencia en 2018 y 2019. Resaltó que éstos graves hechos representan una violación al derecho a la oposición, al derecho a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales de las víctimas. Añadió que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido los perfilamientos del Ejército Nacional, pero la FGN no ha mostrado ningún resultado concreto en relación con las denuncias presentadas. Por su parte, el senador Gustavo Bolívar afirmó que los hechos de vigilancia ilegal atentan contra el Estado Social de Derecho, ponen en riesgo la democracia y restringen el ejercicio de la oposición como conquista del pueblo colombiano para evitar el autoritarismo.
La Comisión Colombiana de Juristas en cabeza del doctor Moisés David Meza, dijo que la ley de inteligencia vigente desde 2013 establece que dichas funciones de inteligencia se ejercerán con el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, como lo demuestran los reiterados casos, la práctica contradice la norma. De hecho, se ha “normalizado” el ejercicio de labores de inteligencia contra la judicatura, el periodismo, la oposición política y los defensores de los derechos humanos.
En este mismo sentido, el abogado Juan Diego Castañeda, en representación de la Fundación Karisma y la organización Privacy International, sostuvo que las autoridades han abusado de las tecnologías más allá de la interceptación de las comunicaciones fijas y móviles a través de algunos procedimientos como el hackeo, el perfilamiento y la captura de datos.
La representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, Jomary Ortegón indicó que no se ha dado una explicación satisfactoria sobre ¿por qué no hemos sido reconocidos como víctimas en la FGN?, ¿por qué no se nos permite una participación activa en los procesos penal y disciplinario?
Los peticionarios expresamos que el principal obstáculo a la justicia ha sido la falta de reconocimiento de la condición de víctimas desde las etapas previas del proceso, pese a que los estándares internacionales lo indican, entre ellos, el derecho al acceso a la información. Agregamos que persiste una falta de información oficial sobre el total de personas u organizaciones que habrían sido víctimas de estas actividades criminales.
El embajador ante la OEA negó el carácter sistemático de las actividades ilegales de inteligencia, señaló que corresponden a actuaciones indebidas de individuos particulares -la hipótesis de las “manzanas podridas”- y se refirió exclusivamente al episodio de las carpetas secretas. También afirmó que hay nueve investigaciones abiertas por estos hechos y remató diciendo que se le está dando participación a las víctimas.
La relatora especial de la CIDH para Colombia Antonia Urrejola, la comisionada Flávia Piovesan y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, recordaron que la problemática de la inteligencia ilegal en Colombia ha ocupado a la CIDH por dieciséis años. Durante estos años, ha persistido la impunidad y la falta de información sobre el contenido de éstas actividades ilegales, así como la ausencia de esclarecimiento sobre las motivaciones y la estructura que opera detrás de las interceptaciones. La problemática de la inteligencia ilegal en Colombia ha estado en los informes anuales de 2004, 2009 y 2014. Añadieron que es una situación que han estado monitoreando y sobre la que se han pronunciado en distintas ocasiones.
Las comisionadas le preguntaron a la FGN, ¿cómo se ha previsto y de qué manera la participación de las víctimas en los procesos? ¿Cómo pueden coadyuvar las víctimas? ¿qué información tienen las víctimas? Sobre plazo razonable y adecuado, ¿cuál es el plazo estimable para la investigación? ¿hay espacios para construir un marco normativo? ¿hay vacíos o insuficiencias? ¿cuáles son las propuestas? ¿cuál es la responsabilidad de las empresas privadas en ciberinteligencia?
La CIDH insistió en las garantías de no repetición, el acceso a la justicia y la información, la prevención, la investigación y protección. Las comisionadas no tienen claro lo que está pasando, lo cual pone en peligro la integridad de las víctimas. Por lo anterior, considero que se justifica la concesión de medidas cautelares a favor de las víctimas por parte de la CIDH.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL con su directora Viviana Krsticevic, abogó por el cumplimiento de las medidas recomendadas en la carta del 15 de junio de 2020, dirigida al Gobierno colombiano, suscrita por los relatores especiales sobre libertad de opinión y expresión; ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias; defensores de derechos humanos; promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y el relator de la libertad de expresión de la CIDH.
Las Relatoras de la ONU expresaron su preocupación sobre: “las presuntas actividades de vigilancia y elaboración de perfiles -con la base en la recolección de información pública y privada- de periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados, personas vinculadas a los acuerdos de paz, sindicalistas y dirigentes políticos, entre otros, que habrían sido desarrolladas por miembros de inteligencia de las fuerzas militares de Colombia”.
En virtud de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscritos por Colombia, recalcaron, entre otros aspectos, que estos actos serían contrarios a las obligaciones internacionales del Gobierno , y formularon sus observaciones y peticiones respecto a la actividades ilegales de inteligencia y la utilización de fondos extranjeros para su financiamiento.
El Gobierno de Colombia debe responder a los interrogantes formulados por la CIDH y la ONU sobre la inteligencia ilegal. De lo contrario, se demostraría que se tolera en el país éste tipo de prácticas sistemáticas, que se traducen en una Política de Estado.
*Abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
