Rayos y centellas han caído en Colombia por cuenta del reciente informe dado a conocer al mundo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas derivadas por el estallido social que empezó el pasado 28 de abril.
Muchos sectores gobiernistas y de la extrema derecha, fundamentalmente, han tratado por todos los medios de descalificar el trabajo adelantado por el organismo internacional y de desviar la atención de la prensa y de la opinión pública sobre las 40 recomendaciones precisas que hace la CIDH al gobierno colombiano para manejar las protestas en nuestro país.
Dialogo genuino con enfoque territorial que escuche a todos los sectores y permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad, fue la primera recomendación de la Comisión, y en esto sí que Colombia y especialmente su gobierno necesita trabajar para minimizar tanta polarización que vivimos.
Trabajar en la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado, fortalecer y respetar la independencia de poderes y organismos de control, es otra de las referencias que hace la CIDH, ambas tan necesarias para la sana democracia.
Pero la Comisión propende en su informe, además, por garantías para el goce de los derechos a la salud, educación, alimentación, trabajo, seguridad social de los colombianos y, sobre todo, que el Estado garantice la vida, integridad y seguridad de las personas.
Respetar y garantizar el derecho a la protesta, es otra de las recomendaciones principales y que el gobierno descalifica de manera categórica, porque les interesa más la confrontación que priorizar el diálogo.
Sobre los evidentes abusos de la fuerza pública en casi todas las regiones, el informe sugiere que todo accionar de esta, debe hacerse con total apego a los protocolos, bajo los principios de proporcionalidad, establecidos en los estándares internacionales. Se deberá entonces reformar el Decreto 575 de 2021.
La defensa de la vida y la integridad de las personas, enfatiza la CIDH, debe ser una prioridad a la hora de intervenir por parte de las fuerzas de seguridad. En este aspecto se hace urgente y necesario una reforma a las instituciones de seguridad, para que sean más humanas, para que se respete los Derechos Humanos de las personas, para que sean unas fuerzas que garanticen el orden y no el agravamiento del caos.
Separar a la Policía y su ESMAD del Ministerio de Defensa para evitar toda posibilidad de perspectivas militares fue una de las recomendaciones que tal vez causo mayor polémica, para nadie es un secreto que la apuesta del gobierno es mantener el esquema de guerra y confrontación, porque está de por medio el negocio de la guerra y necesitan justificar de algún modo esa continuidad de violencia. Sin embargo, es muy delicado que las fuerzas de seguridad del Estado empuñen sus armas contra la población civil, pues según un informe de Human Rights Watch, un total de 18 personas fueron víctimas mortales de ataques armados, es decir, fueron impactados con armas de fuego de policías. ¡Muy grave!
Investigar las denuncias de violación de derechos humanos y reparar a las víctimas, como bien lo indica los Comisionados, debe ser una prioridad, sin embargo, el gobierno dijo que el uso de la fuerza fue excepcional porque resultó necesaria la intervención, cuando todos fuimos testigos de cientos de casos de brutalidad policial a jóvenes inocentes que simplemente transitaban por sitios aledaños a los desmanes.
Garantizar el debido proceso a las personas que hayan sido detenidas en el marco de las protestas y crear una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas, es otro de los puntos que debería atender el gobierno colombiano.
Adecuar el marco normativo para que la Procuraduría General de la Nación no pueda sancionar ni inhabilitar a mandatarios por sus actuaciones durante el paro nacional y garantizar el ejercicio al derecho de la libertad de expresión y la protección a periodistas, es otra de las recomendaciones finales.
Desde la Comisión de Paz, agradecemos y resaltamos el trabajo impecable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su visita a Colombia, por verificar el estado de la crisis social que vivimos, por ser un garante en la defensa de los Derechos Humanos.
Fue sin duda, un informe amplio, detallado, objetivo, donde se hizo un relato extenso de los abusos de la fuerza pública, pero también de los graves hechos de vandalismo. Nosotros, desde luego condenamos cualquier acto de violencia venga de donde venga, el gobierno debe judicializar a los responsables de cualquier tipo de violencia.
Ojalá que el presidente Iván Duque, su vicepresidenta y en general el gobierno hagan una segunda lectura del informe, eso les permitirá recobrar la legitimidad en el escenario internacional y priorizar el respeto por los Derechos Humanos.
