Jaime Acosta
Cada vez que en Colombia se aborda el tema de la corrupción, la discusión termina cuando se afirma: “corrupción hay en todo el mundo”. Suficiente para mirar a otro lado, justificar y legitimar la corrupción como algo genético a la sociedad mundial, cuando no es así.
Colombia es de los más corruptos del mundo, digamos 9/10, mientras los países nórdicos no llegan a 1/10. Por eso estas sociedades pagan altos impuestos por la buena inversión pública producto de instituciones sólidas y transparentes.
Mientras tanto, la tasa de tributación de Colombia es baja respecto al PIB, porque se ha instaurado una cultura de evasión que es una expresión de corrupción, puesto que la masa de corruptos y de no corruptos sabe que una parte grande de la plata que se paga al estado se la roban, razón por la cual los presupuestos para inversión pública no son altos, además muchas obras públicas quedan a medio hacer cuando no se la roban toda.
En otras palabras, Colombia no se ha desarrollado por la corrupción y por la precaria premodernidad de su dirigencia, y no por otra razón. Guerrillas, paramilitares y narcotraficantes son funcionales al sistema de corrupción que atraviesa las instituciones, creando un mundo inverosímil donde unos, otros y otros más, se odian, se matan entre ellos o matan a terceros, pero comen del mismo pastel. Es la doble moral de la criminal corrupción y el fin de la ética en la sociedad. En otras palabras, roedores sobre el queso del estado.
En Colombia hay tres sistemas de corrupción consolidados que al final configuran un mega sistema nacional anclado en los niveles central y regional, y con puentes entre ellos.
El sistema de corrupción del narcotráfico y demás economías ilegales, con participación de políticos;
El sistema de corrupción de los contratos entre el estado y privados, intermediados por políticos.
Y el sistema de corrupción de los políticos que se apropian de entidades públicas y cuyos presupuestos se administran como si fueran de ellos, es su escenario preferido de actuación.
Me referiré en esta columna al tercer sistema porque estamos en campaña por alcaldías, gobernaciones, consejos municipales y asambleas departamentales, y porque al final hay políticos vinculados a la corrupción en todos los sistemas: políticos al servicio de ilegales, políticos que reciben de los privados para apropiarse de dineros públicos.
Es de conocimiento ciudadano que los organismos del estado en el nivel nacional se entregan a los partidos y en el orden regional están escriturados a políticos de los dos partidos tradicionales o de aquellos que derivaron de estos. Se toman las instituciones, llevan a su gente, esté o no calificada porque si fuera por concurso y meritocracia volvería añicos a la mayoría de los elegidos a dedo. Entonces, el clientelismo político, una especie de corrupción suave, afecta negativamente el funcionamiento del estado, capta recurso humano que fácilmente se vincula, por acción o por omisión, a la cadena que captura dineros públicos.
Es sabido que en los últimos años ha hecho carrera la idea de que si no se tiene padrino político, no se obtiene trabajo ni contratos públicos. Y también dice la chismografía de las cuotas que se pagan a políticos por cada contrato de trabajo o de prestación de servicios. Entonces, los barones electorales reciben plata por todo lado.
Los caciques de la política en las regiones, de las orbitas tradicionales de la política (viejos y nuevos partidos con el mismo ADN ideológico) saben sacarle al estado recursos con el sofisma de que son recursos para proyectos de desarrollo regional, que Santos bautizó como mermelada, pero que vienen de hace décadas. Por supuesto que una parte de esas iniciativas se ejecutan pero también se sabe que otra parte se la roban entre políticos y contratistas.
La corrupción política es insaciable, andan a la caza de todas las entidades públicas las cuales quedan escrituradas a partidos y políticos, incluso las Cámaras de Comercio en algunas ciudades no escapan de la corrupción política: las capturan, las saquean y luego las sueltan mientras se vuelven a sanear sus finanzas, y cuando los números nuevamente son positivos vuelven al ataque los políticos corruptos para apropiarse de ellas y volverlas a saquear. Esto ocurre sobre todo en ciudades de menor tamaño donde las fuentes de apropiación de rentas son más escasas por el tamaño de la economía y su menor nivel de desarrollo.
Sin embargo, la mayor corrupción política se da cuando agencias del estado y privados se roban la plata con la intermediación de políticos que acceden a información y contactos por su cercanía a los políticos y partidos dueños del respectivo feudo. Los proyectos de infraestructura son los más apetecidos porque en un santiamén se ganan el baloto de la corrupción. Por eso tanta mega obra paralizada o mal construida o con sobrecostos inmensos que se llevan vigencias futuras, y razón por la cual a los grandes proyectos de obra pública casi siempre les falta cinco, diez o veinte centavos para el peso. De esa manera, las obras se vuelven interminables, afectando la productividad de la economía y las arcas del estado que no deja de estar en rojo porque giran y giran para tapar los huecos que dejan los asaltantes del estado, retrasando el desarrollo general de la nación.
Ahora bien ¿dónde está la fuente para la cultura y la economía de la corrupción? En las leyes que en apariencia son buenas pero en el detalle está la trampa (micos) por donde van las alcantarillas de la corrupción. Es decir, la fuente legal de la corrupción está en el congreso de la república, porque allá se hacen las leyes, es decir en los políticos y en los partidos mayoritarios y en algunos nuevos de la misma índole política de los tradicionales. Pero esos micos también se le pasan al ejecutivo cuando sanciona las leyes y luego a la Corte cuando determina su constitucionalidad.
Además, esos congresistas extienden tentáculos con los políticos locales de la misma corriente. De esta manera, políticos y gobernantes territoriales forman una alianza de corrupción.
En esta campaña electoral se ha exacerbado nuevamente la relación entre políticos y grupos ilegales, como en los años donde más del 30% del Congreso era paramilitar. Por eso, el trasteo de un millón de posibles votos obstruidos por el Consejo Electoral, era una operación fraudulenta contra la democracia adelantada por las maquinarias políticas.
Cuando el voto de opinión gana y no se equivoca, el territorio queda temporalmente blindado aunque a veces bloqueado en el consejo municipal o en la asamblea departamental. Cuando pierde, la ciudad o departamento queda a expensas de la corrupción.
Por supuesto que en los partidos abanderados de la corrupción, hay políticos de excepción, pero son minoría. Es en los partidos alternativos donde la corrupción es la excepción y no la norma: Alianza Verde, Compromiso Ciudadano, y el mismo Polo a pesar del monumental error de haberle abierto las puertas a Samuel Moreno.
Mi voto del 27 de octubre será verde.
