Desorden institucional con la ley 906
Si la Corte Constitucional es el guardián de la Constitución de Colombia no debe quitarle la condición de imputado a Álvaro Uribe Vélez, porque ÉL ha sido el Determinador de los delitos por falsos testigos, fraude procesal y de otros crímenes más, como de manera impecable lo han presentado el abogado defensor del Senador Iván Cepeda y el ex vice fiscal general, Eduardo Perdomo, faltando aún las audiencias de la defensa de las otras dos víctimas.
Lo actuado por la Corte Suprema es contundente y la preclusión que pide la Fiscalía es una agresión jurídica contra las víctimas, contra el Estado y contra las débiles instituciones. Los tres poderes del Estado están mostrando un declive peligroso porque han degrado el camino de un estado de derecho, pues no se trata de tener leyes, se trata de que estas sean buenas y se trata de que quienes tienen la obligación de hacerlas cumplir, lo hagan.
Cuando los congresistas introducen micos o legislan con evidentes omisiones que los favorecen, son trampas al electorado y a la Constitución, caso de la ley 906, porque no están actuando de buena fe a favor de la construcción de un fuerte Estado de derecho. Deberían ser judicializados.
Cuando quienes imparten justicia no lo hacen bien, están cometiendo un delito y destruyendo instituciones.
Cuando el ejecutivo tuerce el rumbo de un país porque no cumple con su juramento constitucional, dado que actúa como un tirano que destruye el sistema político y el estado social de derecho, tal cual ocurre con el Determinador y su elegido.
Entonces, se trata de un expresidente (poder Ejecutivo), de leyes mal hechas (poder legislativo), y de impunidad (poder judicial). Por ejemplo, cuando la jueza levantó la medida de aseguramiento al imputado a pesar de la contundente investigación y decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, un funcionario menor decide en contra de la máxima autoridad judicial. Si lo permite la ley, esa ley no sirve.
Esto y más sucede porque la misma Corte Suprema de Justicia no conservó el expediente Uribe. Más bien, se lo mandó a la Fiscalía que ya había hecho el gesto de que actuaría a todo precio a favor del imputado, es decir, de frente contra la justicia y contra las víctimas, sabiendo que estás tienen la razón. Pero también la Procuraduría, desde Carrillo, y ahora con la procuradora Cabello, quien fue a la Corte Constitucional a decir que se debía pensar que la condición de imputado ya no cabía porque había que ceñirse por la ley 906.
El proceso contra ÉL imputado Uribe está muy avanzado a pesar del enjambre de contradicciones jurídicas por vacíos en la ley 906, creada en su primer gobierno, y cuyo diseñador de cabecera es su abogado # 1, porque el # 2 es Lombana, y el # 3 es Cadena, el conseguidor de falsos testigos.
De actuar con la más fina teoría neoinstitucionalista, la Corte Constitucional no debería decidir a favor del imputado, porque estaría destruyendo el estado de derecho en vez de edificar instituciones democráticas, pacíficas, justas y libres. La decisión de quitarle o no la condición de imputado, rebasa y de lejos los linderos de lo jurídico cualquiera sea el marco teórico desde el cual se interprete, porque está en juego la democracia, la justicia, la estabilidad institucional y el futuro de la nación, cuya defensa es obligación de la Corte Constitucional. El debate de si es por la ley 600 o por la ley 906, es menor, porque deja al Estado en manos de un marco jurídico desastroso.
Ya son años con el caso de las infamias de Uribe contra el senador Cepeda y contra otros. Cuando parece que se avanza hacia su condena, se cruza eso que llaman los abogados, un recurso, otro recurso, uno más y varios más, producto de una ley 906 “garantista” pero garantista del delito. Son tantos los momentos jurídicos por los que atraviesa todo proceso contra un poderoso, que algunos casos terminan torcidos por cansancio, olvido, presión o corrupción.
Espanto jurídico: dos justicias actuando al mismo tiempo
Estamos viendo que a la par que se adelantan las audiencias de la defensa de las víctimas, la Corte Constitucional está decidiendo una tutela que busca tumbar la condición de imputado al Determinador. Es como si estuviera actuando contra la Corte Suprema de Justicia. Choque de planetas, no de trenes, porque el asunto ya no solo es de interpretación de si es por una u otra ley. Esa discusión jurídica está superada por los hechos, y debe la Corte subsanar de una vez y para siempre los vacíos que existen.
El proceso contra el imputado ha mostrado desde las 1.500 páginas de la sólida investigación y decisión de la Corte Suprema de Justicia, y ahora con los contundentes argumentos de las víctimas en las audiencias para tumbar la preclusión, que Uribe fue el determinador y que sigue siendo el determinador. Nadie actúo por amor a ÉL. Nadie lo hizo de manera espontánea para salvarlo. Cadena no tiene un contrato escrito o un poder para actuar con los falsos testigos, pero las órdenes para actuar, hablar, prometer y jurar, las recibió de ÉL y solo de ÉL. Las pruebas contra ÉL son todas y ciertas. Es decir, ya se sabe que Uribe es ÉL determinador y como tal debe ser acusado y condenado. La Corte Constitucional no puede desconocer el proceso, debe actuar a partir de el, pues sería espantoso para la sociedad una preclusión por el camino que sea. La desestabilización y la anarquía arreciarían.
Las deformaciones interpretativas a que lleva la ley 906, ya no proceden. Ahora su caso es un asunto superior porque está en juego el devenir institucional del país, porque además vienen unas elecciones que definirán el futuro de la nación, puesto que deben ser una ventana al futuro y no una cadena al pasado.
La Corte Constitucional no debe quitarle su condición de imputado. Es más bien la oportunidad para sentar jurisprudencia, porque no solo el procesado mayor tiene interés en que se caiga la imputación, también hay una cola de congresistas que quieren que les quiten sus procesos a la Corte Suprema de Justicia. En el juicio a ÉL, hay razones de Estado, de estabilidad institucional, de justicia, de encauzar el sistema político, de hacer viable la paz y el desarrollo de Colombia.
Sin embargo, el asunto es aún más grave. El absurdo de dos justicias actuando en paralelo, también se debe a una Fiscalía de la Nación que actúa a favor del victimario. No es un organismo que da seguridad y confianza jurídica. Es la Fiscalía la que nos tiene en esta incertidumbre de la irracional ley 906.
La Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de abrirle un nuevo rumbo a Colombia. Esa es su función como garante del estado de derecho y no de salir en defensa de un tramposo garantismo que ha destruido los cimientos de la justicia y las columnas de la nación.
El caso del Determinador Uribe es alucinante: da para una novela sobre crimen e impunidad, para un ensayo de la estupidez, para una obra de teatro de la burla, y para una película sobre la infamia.
Señora magistrada Fajardo, señor magistrado Ibañez, en su conciencia y en su inteligencia está superar al desastre político y jurídico en que derivó Colombia en los últimos treinta años con la peor violencia y el peor ataque desde interior del establecimiento.
P.D.: No entiendo la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional en este momento. Debió esperar al cambio de gobierno.
