Cuando hablamos de precios e impacto en las tarifas de energía y que han sido tema de conversación todo el año para el sector y los usuarios, siendo Sincelejo, Montería, Valledupar y Cartagena las ciudades que mayor variación anual en el servicio de energía tienen, nos lleva a analizar la problemática en la Costa Caribe.
Son tres los aspectos que han impactado las tarifas de energía:
1. La estructura tarifaria: tiene funcionalidad desde el año de 1994 a través de la ley 194, y si observamos el artículo 87 pretende que, con las tarifas se garantice la suficiencia financiera para las compañías, es decir que el beneficio costo no se vea afectado y siempre se cuente con una tasa de rentabilidad.
En ese entendido, cada uno de los componentes que hacen posible que el servicio este en nuestros hogares, esté por encima del 12% esta rentabilidad, haciendo de este uno de los más altos en el mundo y a diferencia de la unión europea que se ubica en 5,8%.
2. Desde el pasado gobierno, se generó un régimen especial tarifario para la costa, teniendo en cuenta las perdidas eléctricas, hurtos y fraudes, que, al trasladarse al usuario final, ha impactado en más de 130 pesos el Kilovatio (kWh) por persona, con un agravante de cobro por inversiones futuras anticipadamente.
3. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), aprobó al finalizar el año pasado, la resolución 101028, para generar un nuevo aumento tarifario o mejor, una recuperación tarifaria a través del costo de opción tarifaria, el cual fue financiado en pandemia e inicio su recuperación durante 120 meses, es decir 10 años.
En cualquiera de estos casos, ya que hablamos de normatividad, podría aplicarse el artículo 126 de la ley 142 de 1994 y que menciona, que cuando una norma tarifaria golpea a la mayoría de la población se debe modificar por parte de la Creg de manera inmediata o a petición de parte. En la costa, si sumamos el costo de opción tarifaria (COT) mas el costo unitario (CU), el valor es superior a los 1000 pesos.
La cumbre generada en el Palacio de Nariño el mes pasado sobre el impacto de los servicios públicos en la costa, ha dado algunos frutos de forma, pero no de fondo:
El primero fue el estudio de la rebaja y precio en las tarifas de energía (siendo la más costosa el componente de generación eléctrica) adicional, la omisión de tarifas de monopolio; el segundo lugar y a largo plazo, encontramos el impulso de las comunidades energéticas junto a la reunión de los parlamentarios y diferentes sectores para analizar la situación, recordemos que días atrás hubo un llamado por varios congresistas aludiendo la frase “O comemos o pagamos la luz”; y el tercero, la opción tarifaria y normatividad vigente que no se discutió y se propuso una nueva fecha, el pasado 9 de Marzo en Sincelejo.
En esta cumbre, con los gobernadores de Sucre, Córdoba y Atlántico se plantearon medidas como:
– Excluir de la facturación los cobros excepcionales como perdidas y opción tarifaria.
– Modificar limites de consumo de subsistencia por debajo de 340 mts a partir del próximo mes, incluyendo los estratos 1,2 y 3.
– Proyectos de energías renovables (construcción de granjas solares), comunidades energéticas y que el gobierno ofrezca mayor participación accionaria de Gecelca y Urrá.
– Participación diferencial en los departamentos que les permita trasladar las utilidades a los estratos 1 y 2.
Al final de todo, el gobierno dejo un billón sobre la mesa, que se destinaran en proyectos con comunidades y hogares energéticamente sostenibles… por lo demás, seguramente continúen pagado la injusta alza.
Les doy moral, se viene el fenómeno de la niña, y las lluvias pueden influir en la reducción de precios mientras se sigue el debate de las costosas y monopólicas tarifas de energía.
