La idea de una educación superior gratuita ha sido tema de discusión en muchos países, pero en Colombia, es una aspiración que sigue siendo controversial. La discusión no es solo sobre el acceso, sino sobre la calidad que esta educación debe ofrecer. Como alguien que tuvo la fortuna de estudiar en una universidad pública, puedo afirmar con certeza que la gratuidad no debe ser un obstáculo para la excelencia académica, sino un derecho fundamental para todos los jóvenes colombianos.

En 2021, el gobierno colombiano implementó el programa Matrícula Cero, que permitió la gratuidad en la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas. Sin embargo, si analizamos el panorama actual, el problema más grande no ha sido la calidad educativa, sino el acceso mismo. Miles de jóvenes en el país no logran ingresar a la universidad, ya sea por falta de cupos o porque deben priorizar el trabajo sobre los estudios.

Es innegable que la educación pública en Colombia es de buena calidad. Las universidades públicas del país han formado a algunos de los mejores profesionales en diversas áreas, con programas acreditados y docentes altamente capacitados. No obstante, enfrentan un desafío estructural: la falta de inversión en infraestructura. Muchas instituciones operan con edificios deteriorados, laboratorios desactualizados y bibliotecas con recursos limitados, lo que afecta la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Según el Observatorio de la Universidad Colombiana, cerca del 40% de los egresados de universidades públicas no consiguen empleo en su campo de estudio dentro del primer año después de graduarse. Esta cifra es alarmante y refleja la necesidad urgente de revisar no solo la gratuidad, sino también la pertinencia de los programas de formación. La educación gratuita sin oportunidades laborales es un espejismo que solo perpetúa el círculo de desigualdad.

Pero hablemos de los números. La Ley 30 de 1992, que reglamenta la educación superior en Colombia, establece que las universidades públicas deben financiarse principalmente con recursos del Estado. Sin embargo, el presupuesto para educación ha sido históricamente insuficiente. El gasto público en educación en Colombia representa apenas el 4,1% del PIB, uno de los niveles más bajos de América Latina. Para comparar, países como Argentina, Brasil y México destinan un porcentaje mayor de su PIB a la educación. Este bajo presupuesto afecta directamente la calidad de la infraestructura y los recursos disponibles para los estudiantes.

En ese orden de ideas, es importante unirse a la voz de los movimientos estudiantiles que como hice en algún momento, solicitábamos garantías y dignificación de la educación superior, por eso debe ser analizado minuciosamente la reforma que debe pasar los artículos 86 y 87 de la ley 30, pues, el estado no tiene una estrategia definida para financiar las universidades públicas, y es que para muchos financiar una universidad es mejorar la infraestructura y ya, situación alejada de la realidad pues debemos analizar la situación económica y social que vive cada estudiante, que el financiamiento sea algo integral, todo ello de la mano del ministerio de educación y sectores políticos que realmente se preocupen por lo que hoy esta viviendo la educación pública en nuestro país.

Si bien el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación superior, no basta con abrir las puertas a más jóvenes. Es esencial que las universidades tengan el respaldo financiero, actualizar sus programas académicos y garantizar que los egresados tengan habilidades que realmente se alineen con el mercado laboral. La gratuidad es necesaria, pero debe venir acompañada de inversión en calidad y pertinencia.

Los jóvenes colombianos deben estudiar, y deben poder hacerlo sin el peso de la matrícula sobre sus hombros. La educación superior es la herramienta más poderosa para romper el ciclo de pobreza y darle a las futuras generaciones la oportunidad de contribuir al desarrollo del país. Pero no se trata solo de financiar la matrícula; se trata de financiar una educación que ofrezca competencias reales, que forme individuos críticos, creativos y comprometidos con su comunidad.

Mi experiencia personal al estudiar en una universidad pública me permitió comprender de primera mano las limitaciones del sistema, pero también el valor incalculable que tiene la educación en un contexto de equidad. La gratuidad debe ser el primer paso para garantizar que todos los jóvenes colombianos tengan las mismas oportunidades, sin importar su origen social o económico.

Es hora de que Colombia apueste de manera decidida por una educación superior gratuita, pero con el respaldo necesario para que realmente sea de calidad. No basta con abrir más cupos; hay que invertir en el futuro de los estudiantes con infraestructura digna, programas actualizados y oportunidades laborales claras. La educación gratuita y de calidad es un derecho que debemos defender, y la responsabilidad que tenemos como sociedad es exigir que se haga bien.

Cesar Orlando Amaya