El precio de la energía en la Bolsa pasó de $374 en el mes de enero de este año a más de $1.000 el KWH en septiembre, para un incremento del 300% y lo más preocupante, con tendencia al alza (¡!). Este precio ha estado rozando el denominado “precio marginal de escasez”, que se fija mensualmente, el cual alcanzó el 11 de septiembre los $1062 el KWH. El mismo constituye el techo estimado como máximo que paga la demanda por la energía. Llegado a este punto, de condición crítica del Sistema, se activa el cumplimiento de las obligaciones de oferta de energía firme (OEF) con cargo por confiabilidad.
Son tres las causas fundamentales que han disparado esta espiral alcista, a saber: en primer término la inflación, que si bien ha venido cediendo en los últimos meses todavía para el mes de agosto, según el DANE, el índice anualizado del IPC se situó en el 11.43% y en lo corrido de este año marcó el 7.43%. Con el agravante de que los servicios públicos junto con el precio al alza de la gasolina son los que más han contribuido a la inflación.
En segundo lugar, tenemos los efectos del fenómeno del Niño, que empieza a hacerse sentir, influyendo en forma determinante al aumento del precio en Bolsa de la energía, toda vez que los generadores hídricos han empezado a “guardar” agua en los embalses para poder afrontar los próximos meses venideros, que se espera sean de hidrología crítica, para poder cumplir con sus contratos de venta de energía a los comercializadores de la misma.
Una aclaración importante, los embalses que sirven a las hidroeléctricas están en niveles relativamente altos, el agregado alrededor del 78%, los aportes están en el 50% del promedio histórico al tiempo que pierden, en promedio, 0.4% diario, es decir que cada 10 días están perdiendo 4 puntos porcentuales. Caben, además, dos observaciones: la primera es que la capacidad de regulación de
ellos, a excepción de El Peñol, que supera el año, sólo resisten un máximo de 4 meses. Es decir que basta con que deje de llover 4 meses, con hidrología crítica, para que dejen de ser operativas.
Por último, está el atraso en la ejecución de los proyectos de generación, destacándose entre ellos los parques eólicos en La guajira, que comprometen la entrada en operación de 2.400 MW de potencia y el de HIDROITUANGO, del cual sólo están generando dos turbinas con 600 MW, se espera que entren dos más en el mes de noviembre, restando las otras cuatro, que representan 1.200 MW. También muestran atraso considerable la ejecución de los proyectos de transmisión y subtransmisión.
En estas circunstancias, resulta muy preocupante que la Unidad de planeación minero
– energética (UPME), que es la responsable de la convocatoria de las subastas para la asignación de nuevos proyectos de expansión, el año pasado no abrió ninguna. Y la subasta que abrió en febrero de este año ha sido aplazada dos veces, ahora para febrero del próximo año. Y ello, en momentos en los que mientras la demanda de energía crece a un ritmo del 5%, la oferta sólo lo hace al 2.5%. Ello explica el alto grado de stress al cual está sometido el Sistema interconectado nacional, presionando al alza los precios de la energía. Lo dice la calificadora de riesgo Fitch Ratings: “Colombia continúa enfrentando un desajuste entre la demanda de energía y la expansión requerida del Sistema”1
El caso de la región Caribe es mucho más crítico, dado que, debido a la sobrecarga a la que está expuesta la red de transmisión de energía, a consecuencia del atraso en la ejecución de los proyectos para su robustecimiento, ha obligado a restringir la atención de la demanda. Dicho de otra manera los 2.7 millones de usuarios del Caribe vienen siendo sometidos a un racionamiento programado de energía y las térmicas que operan en la región, que deberían servir sólo de respaldo, están en la base y vienen operando a full, para poder suplir la energía que de otra manera vendría desde el interior del país, de origen hídrico menos costosa.
Impacto en la tarifa de energía
Ello termina impactando el componente G (generación) de la fórmula tarifaria ( CU
= G + T + C + D + PR + R) y, en última instancia, al usuario final vía tarifas, en mayor o menor medida, dependiendo del grado de exposición en Bolsa que tenga el respectivo operador de red, que es quien presta el servicio, en Bolsa. A mayor exposición más afectación en el monto a pagar por la factura de consumo de energía que le llega al resignado usuario final.
Peor aún, si tenemos en cuenta que el consumo de energía para el mes de agosto de este año, según la empresa XM, que administra el Sistema interconectado nacional (SIN), ha crecido, en promedio, 6.23% con respecto al mismo mes del año pasado
para un acumulado de 7.005.82 GWH/mes; entre tanto, en la región Caribe ha aumentado 11.75%, consumiendo 1.978.18 GWH/mes, atribuible a las altas temperaturas de la temporada del Niño. De modo que si al alza en las tarifas le sumamos el mayor consumo ello se reflejará en un aumento desmesurado en la factura a pagar por parte del usuario, en momentos en los que está viendo afectada su capacidad adquisitiva por cuenta de la alta inflación.
Ahora bien, el impacto es mayor para usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que son sujetos de los subsidios, debido a que estos sólo cubren un porcentaje del denominado consumo básico o de subsistencia, del 60% para el estrato 1, hasta 50% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3, de 130 KWH/mes para los usuarios que habitan en territorios por encima de los 1.000 metros del nivel del mar y 173 KWH/mes los que se sitúan por debajo de esa cota. El mayor consumo que se viene dando, como excede este límite se debe pagar por parte de estos usuarios con tarifa plena, sin subsidio. Es más, si el mayor consumo excede en un 50% el consumo de subsistencia se pierde el derecho al subsidio, así lo prevé el artículo 114 de la Ley 1873 de 2017 (¡!).
A propósito de los subsidios conviene dejar establecido que los mismos quedaron establecidos en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura” de los más vulnerables, en este caso de los estratos 1, 2 y 3. Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y redistribución del ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996. Para su financiación se estableció un esquema de subsidios “cruzados”, consistente en que los estratos 5 y 6, así como los usuarios no regulados (léase industria y comercio) pagaran una contribución del 20%. El estrato 4 es neutro, no recibe subsidio, pero tampoco paga dicha contribución. Así se dispuso en el artículo 47 de la Ley 143 de 1994, previendo que “el faltante de los dineros para pagar la totalidad de los subsidios será cubierto con recursos del Presupuesto nacional”.
No obstante, en el año 2010, a través del artículo 2º de la Ley 1430 se eximió del pago de la contribución a los usuarios industriales y desde entonces el valor de los subsidios corre por cuenta de los estratos 4, 5 y 6, así como del Presupuesto general de la Nación (PGN). Según Sentencia C – 086 de la Corte Constitucional dicha contribución constituye un “impuesto nacional con destinación específica”. Ya para el año 2018 el monto de los subsidios de energía ascendía a los $3.1 billones, de los cuales $1.8 billones se cargaron al PGN. Actualmente lo que se recauda por la sobretasa sólo alcanza a cubrir el 36% de los subsidios, de tal modo que el déficit que debe cubrirse a través del FSSRI supera los $5 billones, con cargo al PGN.
En desarrollo de una Asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta el pasado 17 de septiembre, convocada por el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, este levantó una polvareda al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1,2 y 3. Y no se le entrega a la gente directamente, se les entrega a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente”2.
La respuesta de los gremios del sector (ANDEG, ANDESCO, ACOLGEN, ASOCODIS, NATURGAS y SER Colombia), todos a una, no se hizo esperar, le respondieron en el acto a su ligereza en los siguientes términos: “los subsidios aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno realiza los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso”. Además, revelaron que, en la mayoría de los casos, los pagos se han demorado más de lo esperado, llegando al punto de acumular deudas pendientes desde el segundo trimestre del año.
Ahora bien, como lo afirman los gremios en su comunicación al ministro, “si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia”4. ¡El ministro tiene la palabra!
Cota, septiembre 23 de 2023
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