La estrategia anticorrupción que sí serviría

La posición anticorrupción del presidente Petro

Recuerda la Silla Vacía que la bandera que definió al entonces congresista estrella Petro durante décadas fue su aguerrida posición contra la corrupción, pero que prácticamente había desaparecido de sus discursos desde que se alió con políticos corruptos en el tramo final de su campaña. Nueva estrategia anticorrupción del gobierno carece de dientes (La Silla Vacía, 2024)

Después del escándalo de corrupción en la UNRDG con los tristemente famosos carrotanques, ahora el presidente dice que “tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano” (recientemente en Barranquilla).

También recuerda el artículo que en el Plan de Desarrollo de Petro quedó la obligación de formular la estrategia anticorrupción a partir de un diagnóstico sobre la capacidad que tienen hoy las entidades públicas para planear y llevar a cabo estrategias efectivas para evitar el desvío de recursos públicos.

La estrategia anticorrupción del Gobierno Petro

El secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, le explicó a la Silla Vacía que no había alcanzado a hacer ese diagnóstico.  Y sacaron un decreto “lo más implementable posible” producto de las mesas de trabajo con los ministerios y otras entidades, que en resumen tiene tres medidas clave:

* Instalar capacidad en las jefaturas de control interno de hacer auditorías forenses para identificar los esquemas que utilizan los corruptos para quedarse con la contratación.

* Levantar todas las restricciones que tienen hoy los ciudadanos para acceder a la información pública.

* Tener un estándar de debida diligencia en todo el gobierno para que cuando haya una denuncia de corrupción no se termine engavetando el caso.

También reseña el artículo que hacer las auditorías forenses quedó a voluntad de cada entidad y sin la obligación de apropiar un presupuesto para hacerlo (no hubo estudio de impacto fiscal al decreto por parte del ministerio de Hacienda) y que cada entidad los va a establecer en el marco del plan contra la corrupción que tienen que adoptar como sector. 

El decreto obliga a las entidades a poner toda la información sobre sus contratos en su correspondiente página web para que la gente pueda hacer una veeduría más directa sobre los recursos públicos. Sobre esto, Transparencia por Colombia y otras organizaciones prestigiosas opinaron que volver a dejar en cada entidad la responsabilidad de publicar contratos en cambio de seguir fortaleciendo la centralización de la información contractual en el Secop sería un gran retroceso (dice el artículo). En síntesis, esta estrategia se ve floja y como dice su autora, sin dientes.

Los expertos citados por la Silla Vacía hablan de:

* Construir una estrategia a partir de las realidades políticas que existen en los territorios.

* Meterle la ficha a una verdadera reforma política y una que garantice la independencia de los órganos de control y de la justicia. 

* Fortalecer el tema del empleo en el Estado y el servicio público (basado en que “la precarización del servicio público es la oportunidad para la corrupción”)

* Apostarle a la descentralización.

No es por ahí

Durante ya varios años hemos señalado desde esta columna los problemas que hay que solucionar lo antes posible, que producirían una mejora sustancial. Como se verá, hay una brecha grande con la estrategia del Gobierno e incluso con lo que dicen los expertos citados.

A continuación, se puede observar.

El arsenal de reformas en la legislación de la contratación pública para enfrentar la corrupción (Fonseca, 2021)

Expusimos las mejoras necesarias del marco jurídico de la contratación pública en el país, la mayoría de corto plazo y algunas a través de resolución; otras que deben pasar por el Congreso, lo cual es la gran talanquera.

* Cortar la fuerte conexión entre financiación de campañas y contratación pública.

* Mejoras en la propia Ley 80 y en los Pliegos Tipo.

* Prohibición expresa de eludir la Ley 80 limitando las excepciones y completamente acotadas.

* Retorno de las empresas de servicios públicos estatales al régimen de la Ley 80.

* Modernización de las entidades estatales parar realizar la contratación a través de una única Oficina de Gestión de Proyectos, práctica segura usada en los países desarrollados.

* Prohibición de la mal denominada práctica de apropiación de los diseños en caso de construcciones.

Estrategias Anti-Corrupción compiladas por Fedesarrollo, luces de esperanza (Fonseca, 2021)

El documento de Fedesarrollo (compilación de una fuerte comisión de expertos) señala sin ambages todo lo necesario mediante tres elementos principales de la relación sistémica de la corrupción nacional: la captura de la política y el sistema electoral; la captura del sistema de justicia y control, la captura de la operación del estado en sus componentes de compra pública, empleo público y regulación y la formulación e implementación de la regulación y política pública. Y hace recomendaciones a mediano y largo plazo con una hoja de ruta para lograr soluciones.

Incluye los aspectos de la financiación estatal de las campañas, con todo y los desafíos que desde su enunciado plantea en torno a la misma corrupción, la precariedad del diseño del Consejo Nacional Electoral, su inoperancia y su composición politizada y sesgada, los efectos de la proliferación de candidatos independientes y el debilitamiento de los partidos, hasta la ausencia de fondos necesarios para implementar la financiación de las campañas.

Por fin la ley Anti-Corrupción (Fonseca, 2022)

Resume las malas prácticas en contratación estatal que empiezan con el “direccionamiento” en los procesos de selección de contratistas a través de reglas “amañadas” en los criterios de experiencia y capacidad financiera, la adjudicación de puntos con criterios subjetivos como el plan de obra o el sistema de calidad y la celebración de contratos interadministrativos a entidades que tienen régimen privado, para eludir, no solo el proceso de selección por licitación pública, sino la aplicación de pliegos tipo, que ya se conocen ampliamente con el nombre de “contrataderos”. (Los contrataderos: así se roban a Colombia, Sigue la W, 2024)

La lista de puntos a reformar, elaborada por el equipo asesor que preparó el proyecto de ley, Rodrigo Fernández y Ernesto Matallana, incluía:

* Eliminar los incentivos para acceder a los recursos públicos por parte de servidores públicos y contratistas corruptos.

* Fortalecer la maduración de proyectos para garantizar el principio de planeación.

* Fortalecer los medios de control y vigilancia de las entidades estatales frente a sus contratistas.

Contrataderos, la burla planificada desde la ley para facilitar la corrupción (Fonseca, 2023)

Lo más curioso es que el mismo secretario Andrés Idárraga había señalado el año pasado en Sigue La W  que “hay que acabar con los regímenes especiales para evitar que continúen los ‘contrataderos’ en las regiones del país”. Es decir, ya tenía el diagnóstico claro.

La palabra “CONTRATADERO” fue acuñada en 2020 por el ingeniero Rodrigo Fernández como resultado de su seguimiento a la gestión contractual de las Entidades Públicas y las Entidades Territoriales, en el que protuberantemente encontró que Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de origen ordenanzal o de acuerdo municipal, vienen siendo utilizadas masivamente por las Entidades Territoriales para eludir la Ley 80 de 1993 y los Pliegos Tipo.

En ese artículo incluimos un listado de 31 contrataderos para ayudarle al secretario a identificar a dónde tenía que dirigir sus esfuerzos.

Y para seguir colaborando, en esta lista de artículos se encuentran análisis, ideas y propuestas:

Mal hecha la ley para que quepa la trampa (ConfidencialColombia, 2023)

Corrupción de alto nivel (ConfidencialColombia, 2023)

Corrupción, solo 500 años de experiencia (ConfidencialColombia, 2023)

Balance desolador pero bien conocido: corrupción e impunidad (ConfidencialColombia, 2023)

Asambleas Populares, mal remedio para una enfermedad mal diagnosticada (ConfidencialColombia, 2023)

Estrangulando a los pequeños y medianos contratistas de ingeniería en el PND (ConfidencialColombia, 2023)

¿Cualquier reducción de la corrupción pasa por la reducción del Estado? (ConfidencialColombia, 2022)

8 reformas estructurales que deberíamos estar viendo en los debates presidenciales (ConfidencialColombia, 2022)

El cuento con el Gobernador del Chocó y otros cuentos de corrupción enorme (ConfidencialColombia, 2022)

Politiquería y corrupción, ahora en versión naranja (ConfidencialColombia,2021)

Cómo impacta la corrupción a su bolsillo (ConfidencialColombia, 2021)

¿Priorizando la corrupción? Caso: Centro de Eventos Histórico y Cultural de la Música (ConfidencialColombia, 2021)

La lucha contra la corrupción, en solitario (ConfidencialColombia, 2021)

La crisis de la verdad. Nuevo episodio: licitación MinTIC (ConfidencialColombia, 2021)

¿Elefantes blancos o proyectos turbios? (ConfidencialColombia, 2021)

De la politiquería a la política ética (ConfidencialColombia, 2021)

¿Cómo poder explicar la crisis estructural colombiana? (ConfidencialColombia, 2021)

¿Por qué somos corruptos? (ConfidencialColombia, 2021)

La apropiación de los diseños, ¿buena o mala práctica en la construcción de obras públicas? (ConfidencialColombia, 2021)

¿Qué fue primero, la pobreza o la corrupción? Y por qué importa tanto (ConfidencialColombia, 2021)

La pequeña y mediana ingeniería está muriendo por la endemia de la corrupción en la contratación pública (ConfidencialColombia, 2021)

Corrupción tipo (ConfidencialColombia, 2020)

La ética reinante engendra la corrupción, (ElMundoEsNuestraMeta, 2014)

Antes de hablar sobre competitividad, ¡erradique la corrupción! (ElMundoEsNuestraMeta, 2014)

¿Es la corrupción la causa raíz de todos nuestros males? (ElMundoEsNuestraMeta, 2013)

La primerísima solución es cerrarles el paso a estos regímenes especiales: todo dinero público invertido debe pasar por los controles de la Ley 80 y los pliegos tipo, al menos.

Lo que sí puede hacer el Gobierno de inmediato es introducir dentro de los convenios interadministrativos en los que asignan recursos del presupuesto nacional, la obligación, para el beneficiario del recurso, de ejecutarlos con arreglo a la ley 80 de 1993. Así, los contrataderos ya no les servirían a los corruptos y podríamos cerrar esta vena rota con la que se nos están robando al país a plena luz del día.

Rafael Fonseca Zarate

Buscar

Anuncios