Hace pocas semanas el Parlamento español legalizó la eutanasia y el suicidio asistido, uniéndose a siete naciones que hoy reconocen el derecho a morir dignamente a sus ciudadanos, siendo ellos: Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Bruselas, Nueva Zelanda y Colombia. Es verdad, en nuestro país la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia hace ya 20 años y en el 2014 reconoció la muerte digna como un derecho fundamental constitucional, pero también es cierto que le pidió al Congreso que la reglamentara, una situación que no ha sucedido y que hace unos pocos días se volvió a hundir en el Congreso de la República, reabriendo un debate que nos enfrenta con nuestras más íntimas creencias.
También es cierto que en Colombia, la misma Corte Constitucional, ante la imposibilidad de lograr que el Congreso reglamentara lo que había sido ya ordenado, le indicó al Ministerio de Salud en el año 2014, que formulara un camino que permitiera hacer cumplir su fallo y para que en el país la muerte digna a través de la eutanasia activa o pasiva fuera posible sin barreras o restricciones.
Esta situación crea, año tras año, un estado de desconcierto y de grandes dudas en la opinión. Por un lado, pareciera que perdimos la oportunidad de reglamentar un derecho que a muchos nos parece fundamental, pero hace evidente que ese derecho ya existe y cuenta con mecanismos para poderse ejercer. Ambas cosas, aunque parezca contradictorio, son absolutamente ciertas.
Con el dictamen que hizo hace dos décadas la Corte Constitucional, el país debería tener ya una Ley de la Nación, que eliminara cualquier duda sobre la reglamentación existente. Esto fue lo que perdimos por tres votos el pasado jueves en la plenaria de la Cámara de Representantes. Era de esperarse que se tuvieran grandes discusiones que confrontan principalmente las posiciones religiosas con las duras historias de casos reales, de seres humanos de carne y hueso que, en medio de duros sufrimientos e inexistentes alternativas, deciden, voluntariamente, adelantar una cita que nadie quiere atender prematuramente.
Sin Ley aún, el proceso resulta complejo para pacientes que luego de mirar y medir alternativas, escogen este camino. Aunque hoy en día se puede acceder a la eutanasia en Colombia, el proceso es complejo y muchas veces se termina realizando por fuera del sistema de salud. Doloroso que además del sufrimiento producido por el deterioro del estado de salud de un paciente terminal y habiendo asumido que ese es el norte que desea dar al final de su vida, tenga que soportar un camino lleno de trabas.
El Colombia, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud y recogidos por DescLAB -Laboratorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales – con corte al 15 de marzo del 2021, se han realizado 123 procedimientos en seis años. Es decir que desde el 2015 más de cien personas han optado por esta alternativa que fuera reglamentada por el propio Ministerio. La cifra me parece que no debe evaluarse, pero claramente refleja que es una alternativa digna que debe mirarse con más detenimiento y que debería ser ya una Ley en nuestro país.
En menos de quince días supimos que España se convertía en el primer país con una fuerte tradición católica en elevar a Ley la eutanasia mientras que, en Colombia, de forma casi paralela, rechazábamos esa opción. El tema es tremendamente fuerte, pero hay que entender, de una vez por todas, que existen situaciones que son inexplicables, insospechadas e insoportables y es justamente ahí, en donde los caminos se pierden. Algo de humanidad también existe en admitir que estos duros momentos llegan y que una Ley garantizará a muchas personas, que puedan recurrir a caminos legales para hacer valer su última voluntad con dignidad.
Alfonso Castro Cid
Managing Partner
KREAB Colombia
