A las puertas de un nuevo ciclo electoral nacional, el debate público en Colombia vuelve a concentrarse de manera casi exclusiva en la Presidencia de la República. Los nombres, los discursos y las promesas del Ejecutivo ocupan el centro de la conversación política, mientras que las elecciones al Congreso suelen quedar relegadas a un segundo plano. Este desbalance no es menor, pues revela una comprensión incompleta (y potencialmente riesgosa) de cómo funciona una democracia liberal y dónde reside su verdadera estabilidad.

La democracia no se agota en la elección de un presidente ni se sostiene únicamente sobre la fuerza de un liderazgo personal o un caudillaje populista. Su verdadero soporte está en la solidez de las instituciones, en la separación de poderes, en la existencia de reglas claras y en la capacidad del sistema político para limitar, controlar y equilibrar el ejercicio del poder; lo que la doctrina política moderna ha denominado el Estado Liberal. Así, el Estado democrático moderno se construye sobre un equilibrio entre el poder público y la iniciativa privada, sintetizado en la fórmula “tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible”. Este principio no plantea un Estado omnipresente ni un mercado sin reglas, sino un diseño institucional en el que el Estado es fuerte en lo institucional, el mercado opera con libertad en lo económico y la democracia se mantiene firme en lo político.

Ese modelo supone un Estado organizado en forma de República, que no es una etiqueta retórica, sino una forma específica de ejercer el poder para evitar su concentración y apropiación personal. Colombia se inscribe en esta tradición que materializa una democracia liberal en lo político y un Estado Social de Derecho en el ámbito socio-económico.

En este contexto, el Congreso de la República no es un apéndice del poder presidencial, sino uno de los pilares del sistema democrático, teniendo en cuenta que dicho Congreso se compone de dos cámaras: por una parte está el Senado que se elige por circunscripción nacional, y por otro lado está la Cámara de Representantes que se elige territorialmente por cada uno de los departamentos, y con 18 curules asignadas a Bogotá, lo que garantiza equilibrio entre visión nacional y representación local.

Mientras las elecciones al Congreso fortalecen la democracia al cuidar las instituciones y mantener el equilibrio entre los poderes, la historia demuestra que los excesos de poder en manos de una persona que enceguece por ideologías es nefasto para la soberanía de los pueblos. Por eso, el Congreso cumple un papel clave como freno frente a cualquier intento autoritario, y su función no es menor, pues hace las leyes, vigila al gobierno y representa la diversidad del país. Cuando el Congreso es débil o se somete al Ejecutivo, la democracia se pone en riesgo, por lo que elegir congresistas comprometidos con las instituciones no es un detalle secundario, sino que materializa una decisión de fondo para la salud de la República.

Una analogía permite entender mejor esta función, en la medida en que el Congreso de la República puede compararse con la junta directiva de una empresa, donde el presidente (como gerente general), ejecuta, lidera y toma decisiones, mientras la junta define las reglas, ejerce supervisión, corrige excesos y cuida la sostenibilidad de la organización, de modo que una junta ausente, permisiva o sumisa no fortalece al gerente, sino que, por el contrario, pone en riesgo a toda la empresa.

Por ello, las elecciones al Congreso no deben verse como secundarias, pues en  ellas se define quién pone límites al poder y protege las reglas, y  reducir el debate electoral al presidente debilita la democracia. Entonces, elegir bien al Congreso este próximo 8 de marzo de 2026 es la mejor garantía para cuidar nuestra democracia.

Luis Fernando Ulloa