Las multitudinarias protestas que ya cumplen más de un mes en Colombia no son un hecho aislado ni exclusivo en contra del gobierno del presidente Iván Duque, aun cuando sus políticas tendientes a ahondar el modelo neoliberal fueron el detonante. Las protestas son, más bien, producto de un acumulado histórico que emergió en la transición generada por el Acuerdo de Paz, cuya consecuencia socio – política más profunda es la conformación de un ‘clivaje transicional’, entendido este como la grieta social que se hace evidente tras acuerdos políticos de gran envergadura, con una parte de la sociedad que reclama por transformaciones profundas mientras otra pretende el mantenimiento del statu quo (Aguilar, 2009).
Apartando los hechos de vandalismo y las manos extrañas que han ocasionado violencia en medio del paro, en el escenario actual no es difícil identificar dicha grieta: por un lado, los manifestantes, conformados por una inmensa masa de trabajadores, estudiantes, jóvenes, informales, campesinos, indígenas o transportadores y ‘ninis’; y por el otro, una estructura social arraigada y tradicional, beneficiada por las políticas económicas y/o de seguridad de las últimas décadas, plenamente identificada y representada por sectores políticos conservadores. Es decir, estamos ante una fractura de dimensiones sociales que va más allá de un fenómeno de polarización ideológica o afectiva.
Las reclamaciones tienen como base la exclusión de grandes capas sociales debido a la ausencia histórica de institucionalización de sus problemáticas, principalmente por dos razones: primero, por la repartija milimétrica y excluyente del poder que hicieron los partidos Liberal y Conservador a partir del Frente Nacional y que en la práctica de extendió hasta entrada la década del 90; y, segundo, más recientemente, por el discurso hegemónico de la guerra o la paz, que llevó al país a una ‘democracia delegativa’ explicada por O’Donnell como aquel escenario en el que, en determinado contexto, las sociedades entregan el poder a una facción o a un líder político con el único objetivo de que resuelva un problema núcleo, momento en el que los demás se invisibilizan. En Colombia se dio, principalmente, en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010) cuando el debate giró en torno a la salida armada para la confrontación con las guerrillas (Romero, 2015).
Así las cosas, la fractura empezó a hacerse clara paralelo a las negociaciones de paz cuando la guerra se aleja del centro de gravedad de la discusión política nacional y emerge con fuerza el país de a pie que, según el Banco Mundial, es el séptimo más desigual del mundo. La evidencia es clara: los colombianos empiezan a reclamar cada vez con más fuerza por sus derechos. De acuerdo con el Barómetro de las Américas (2018), el país tuvo un ascenso de 6 puntos porcentuales en el número de protestas sociales a partir del 2010, protagonizadas, según la Fundación Ideas para la Paz (2017), principalmente por comunidades, campesinos, estudiantes, trabajadores y transportadores; y, en menor medida, por sectores indígenas, sindicados, gremios y educadores. Además, como antesala de la actual, se presentaron tres grandes movilizaciones: el Paro Agrario de 2013, el Paro Transportador de 2016 y el Paro Nacional de 2019.
Este contexto es similar al de la España posfranquista, época en la que emergen una serie de conflictos escondidos durante la dictadura que, resuelto el tema de la democracia, fueron el núcleo de masivas manifestaciones y reclamo ciudadano (Aguilar, 2009), momento en el que, de acuerdo con Torcal y Chibber (1995), los dos partidos hegemónicos (Psoe y PP), se vieron obligados a dejar de ser partidos ‘atrápalo-todo’ para enfocar sus esfuerzos en captar las caras de la fractura, llevando sus discursos y políticas hacia sectores sociales específicos. La decisión fue producto de una lectura de las circunstancias sociales, que los llevó obligatoriamente a moverse y a institucionalizar las demandas.
Y es importante mencionar a los partidos y estructuras políticas porque, aun cuando acusen gran desgaste, son los canales comunicantes naturales entre la sociedad y el Estado y se hacen más necesarios que nunca en un escenario de transición como el que vive Colombia.
Hoy, sus movimientos estratégicos son fundamentales en doble vía. Por un lado, la sociedad institucionaliza sus peticiones y por otro logran una base de votantes. Es un gana – gana de parte y parte y el sistema de partidos tiende a estabilizarse.
Y es así porque, en el fondo, lo que las calles colombianas gritan es que los conflictos se lleven a la política como el escenario adecuado para resolverlos luego de años de letargo estatal, de élites desconectadas de la sociedad y de unos partidos políticos que nunca cumplieron su objetivo de llevar al Estado las demandas ciudadanas.
De la capacidad que tengan los líderes políticos de leer la circunstancias más allá de un fenómeno de polarización, que les hace dar explicaciones muchas veces simples para un tema de tanta complejidad, y de entender en su magnitud que Colombia está frente a una fractura ya consumada, que no desaparecerá de un día para otro, sino que debe ser objeto de su institucionalización llevándola a la política como su espacio natural para la convivencia pacífica, dependerá tanto el futuro de los propios partidos como del país entero.
Óscar Ayala
Periodista, magíster en Análisis Político.
Referencias:
Aguilar, S. (2009). La teoría de los clivajes y el conflicto social moderno.
Fundación Ideas para la Paz (2017). ¿Dónde, cómo, quiénes y por qué se movilizan los colombianos? Preparémonos para una protesta social amplia y menos violenta. Fundación Ideas para la Paz.
Proyecto de opinión pública de América Latina (2018). Barómetro de la Américas Colombia: democracia e instituciones. Vanderbilt university.
Romero, M. (2015). Transición política y proceso de paz. En Vargas, A. (Ed.). Bogotá: Transición, democracia y paz. Centro de pensamiento y seguimiento al diálogo de paz. (1 edición, pp 36 – 58). Universidad Nacional de Colombia.
Torcal, M. y Chibber, P. (1995). Elites, “cleavages” y sistema de partido en una democracia consolidada: España (1986-1992).
