En una nueva jugada que parece más política que jurídica, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido investigar al presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en su campaña. Lo que podría parecer un ejercicio rutinario de supervisión electoral oculta en su trasfondo un oscuro entramado de intereses, liderado por el viejo y controvertido político Germán Vargas Lleras. Detrás de esta decisión inconstitucional no está el compromiso con la democracia o la ley, sino la influencia de un establishment que se resiste al cambio, encarnado en la figura de Vargas Lleras y sus operadores políticos.
Resulta paradójico que Vargas Lleras, quien nunca ha logrado conquistar la presidencia a través del voto popular, siga siendo una de las figuras más influyentes en el Congreso y en las altas cortes. Su cercanía con personajes como Kiko Gómez, parapolítico condenado por corrupción y vínculos con el paramilitarismo, habla de una trayectoria política marcada por alianzas cuestionables. Es a través de esas redes de poder que Vargas Lleras ha consolidado su control sobre sectores clave del Estado. Tras el fracaso de sus dos candidatos a la Procuraduría, la rabia y la sed de venganza de Vargas Lleras han cobrado una nueva forma: una persecución sin piso jurídico contra el gobierno de Gustavo Petro.
El caso del representante Lorduy, pieza clave en la ofensiva del CNE, es un ejemplo más de la maquinaria de Vargas Lleras. Lorduy no es más que otro peón en un tablero donde lo que está en juego es la capacidad de torpedear al gobierno del cambio a toda costa. Sin pruebas contundentes, pero con poderosos padrinos, esta investigación no es más que una cortina de humo para desviar la atención de las verdaderas necesidades del país. Es un esfuerzo desesperado por mantener el statu quo y evitar que las reformas estructurales que Colombia necesita se lleven a cabo.
Pero la mezquindad de Vargas Lleras no se detiene en el ámbito político. Como lo ha denunciado el propio presidente Petro, “miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá”. Este sorteo evidencia algo mucho más grave que un simple conflicto de interés: revela cómo la justicia se ha privatizado y convertido en un instrumento de poder para unos pocos. Mientras el acceso a la justicia para la mayoría de los colombianos sigue siendo limitado, Vargas Lleras y su círculo cercano se lucran de un sistema judicial que no está al servicio del pueblo, sino de las élites.
Es irónico que, después de todo esto, el presidente Petro llamara a Vargas Lleras a formar parte del panel de expertos para la reforma a la justicia. Esto no hace más que subrayar la mezquindad de una clase política que, a pesar de sus fracasos electorales, sigue aferrada al poder. Vargas Lleras no solo representa a esa élite política tradicional que ha gobernado Colombia por generaciones, sino también a una casta que ha usado el poder del Estado para enriquecerse y perpetuar la desigualdad.
La relación de la familia Lleras con la historia política del país no es nueva. Desde la presidencia de Carlos Lleras Restrepo hasta la influencia de Vargas Lleras en la política contemporánea, han logrado acumular poder y recursos a expensas de la población. Sus principales logros no han sido en favor del bienestar del pueblo, sino en la consolidación de un sistema que margina a la mayoría y privilegia a una minoría.
En un momento en que Colombia clama por un cambio profundo, la figura de Germán Vargas Lleras y su maquinaria política representan todo lo que el país quiere dejar atrás. Mientras el gobierno del presidente Petro lucha por implementar reformas en beneficio de las grandes mayorías, Vargas Lleras y sus aliados políticos hacen todo lo posible para frenar ese avance, utilizando a sus operadores en el Congreso, en las cortes y en organismos como el CNE.
Esta jugada contra el presidente no es más que la manifestación más reciente de una estrategia de bloqueo sistemático, en la que se mezclan intereses personales y el temor a perder privilegios. Pero el pueblo colombiano ya está cansado de estos juegos de poder. Es momento de cuestionar a fondo a esta clase política que, bajo el manto de la legalidad, utiliza cada resquicio institucional para proteger sus intereses. Es hora de que todas las organizaciones sociales, ciudadanas y democráticas se unan en defensa del voto popular y de la Constitución. No podemos permitir que la mezquindad de unos pocos siga socavando la voluntad de millones de colombianos que votaron por el cambio.
Hacemos un llamado a declararse en asamblea permanente, a levantar la voz contra estas maniobras oscuras y a exigir que se respete la voluntad popular. Solo desde la movilización y la organización podremos frenar el asalto al Estado de derecho y garantizar que las instituciones sirvan al pueblo, no a los intereses de las élites. ¡La democracia debe prevalecer!
