Por: Óscar Sevillano
Preocupa bastante la pereza con la que el Gobierno y el Congreso están trabajando los proyectos anticorrupción, que se hacen con el ánimo de combatir este mal que tanto daño le ha hecho al país.
La mejor prueba de lo anterior es la falta de ganas que se le nota a la Cámara de Representantes para darle trámite al proyecto de ley denominado Pedro Pascasio Martínez, ideado para blindar y respaldar a quienes alertan de los casos de corrupción que se dan en las diferentes entidades públicas, en todos los territorios del país.
Este proyecto tiene plazo hasta el 20 de junio para ser sometido a discusión en la Cámara de Representantes, donde no se le ha dado espacio en la agenda para su primer debate, muy a pesar de que es iniciativa del Gobierno y donde al menos, en palabras, se supone que está bajo la coordinación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien parece no tener tiempo para ponerse al frente de este, seguramente por estar opinando sobre lo divino y lo humano.
Lo que busca esta iniciativa no es sino un asunto de sentido común, porque cualquier persona que desee instaurar una denuncia de un hecho indebido, no va a querer verse expuesta a que el personaje que denunció pueda afectarla o agredirla, valiéndose del poder que le da el cargo público que ostenta. Es además, obligación del Estado brindarle protección y garantías de que nada malo le va a suceder, por tanto, uno no entiende cómo es que si se pide a la ciudadanía denunciar la corrupción, no se le brinda seguridad y se mantiene su nombre bajo reserva.
¿Dónde está la ministra del Interior que no le ha puesto carácter a este asunto?; ¿Qué pasa con la oposición que no presiona?; ¿por qué la vicepresidenta Marta Lucía no ha demostrado capacidad de gestión y coordinación?
No entiendo cómo es que se permite que los miembros de las bancadas de los partidos Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático, se hayan encargado de dilatar el trámite en el legislativo presentando un total de 80 proposiciones, una de estas, que quien se atreva a denunciar lo haga por escrito, con firma, nombre y cédula. Solo les ha faltado pedir la dirección y teléfono de ubicación.
¿A que tanto le temen?, ¿a que los denuncien quizás y de paso se conozca las jugaditas que suele hacer más de un congresista y su red político-electoral?
Colombia no puede continuar con la imagen de ser un país donde no se combate la corrupción, sino que por el contrario, se la protege y en esto no solo se requiere la fuerte postura del Gobierno Nacional, sino además de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, quienes deberían ser los más interesados en que esto salga adelante.
Con la suerte de este proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se sabrá qué tanto interés tienen el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para combatir la corrupción y si es verdad que pondrán todas sus energías para que este mal se acabe.
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