El primero de marzo pasado, se cumplieron 33 años del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y el desaparecido Ejército Popular de Liberación – EPL, dirigido por el clandestino Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista). Esta organización, que predicaba la lucha armada y de masas para derrocar al Estado capitalista, tenía presencia en casi todo el territorio nacional, con especial énfasis en zonas de desarrollo agrícola, energético, minero y en los centros urbanos más importantes. Era la guerrilla más grande que existía en el país, y que conformó, en la década de los 80 del siglo pasado, junto con otras organizaciones armadas, la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera “Simón Bolívar”.
El PCC (m-l), y todos sus frentes políticos y armados, habían propuesto, años antes del acuerdo de paz, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que profundizara la democracia, reconociera la soberanía popular y sirviera de preámbulo a la construcción de una sociedad justa y democrática. Estas propuestas y la responsabilidad de coordinar el movimiento guerrillero, desató una ola de asesinatos a sus dirigentes destacados para el proceso de paz y a los responsables de la conducción del EPL, es así como se asesina a Oscar William Calvo, en compañía de Ángela María Trujillo y Alejandro Arcila, en pleno centro de Bogotá y se persigue, captura y asesina, también en Bogotá, al Comandante Ernesto Rojas (Jairo de Jesús Calvo).
A pesar de las persecuciones a los líderes y lideresas de su propuesta democrática electoral, llamada Frente Popular y su exterminio en todo el país, tanto el PCC (m-l), el EPL y sus estructuras políticas, tomaron la determinación mayoritaria de avanzar hacia la paz, recogiendo los esfuerzos realizados en el gobierno de Belisario Betancourt, continuando con los esfuerzos en el gobierno de Virgilio Barco y finalmente concretando la firma de paz en el gobierno de Cesar Gaviria, bajo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que promulgaría, en el mismo año de la desmovilización, una nueva carta política para la sociedad colombiana. Lamentablemente, pese a los esfuerzos de quienes firmaron la paz, y a contar con una nueva Constitución, la violencia desatada por quienes se han opuesto al desarrollo del Estado Social de Derecho, produjo una gran ola de violencia que cobró la vida en menos de cinco años, a más de setecientos firmantes del acuerdo de paz del EPL.
Por eso, para la mayoría de los sobrevivientes de este grupo, que acompañaron los esfuerzos del Pacto Histórico, desde diferentes agrupaciones políticas y sociales, no cayeron bien las palabras del Sr. Presidente Gustavo Petro, escritas en un mensaje de la plataforma “X” (Twitter) y reproducidos luego en otras plataformas virtuales, cuando afirmó: “…Los gritos libertarios se apagaron, el movimiento estudiantil fue asesinado, la universidad de Córdoba pasó a manos paramilitares. Los liberales y conservadores se volvieron uribistas y hasta el EPL, antes guerrillero, y ahora desarmado se pasó en gran parte al bando paramilitar”.
Entre Córdoba y Urabá, emergieron los Frente Jesús María Alzáte, Bernardo Franco y Fabio Vázquez Villalba, que aglutinaban más de mil combatientes, todos comprometidos con el proceso de paz, que hicieron dejación de armas frente a los Integrantes de la Veeduría Internacional, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, la Prensa Nacional e Internacional, y frente al pueblo que se volcó de forma masiva a presenciar ese hecho inédito para la región y el país. El gobierno estaba representado por los señores Ricardo Santamaría, Rafael Pardo, Jesús “Chucho” Bejarano y el ministro del interior Horacio Serpa, frente a los Cuáles se hizo públicamente la dejación de armas desde el primer Comandante hasta el último combatiente uno a uno hasta terminado el acto ceremonial; una vez se hizo la dejación de armas, los nuevos ciudadanos, se trasladaron al casco urbano de Apartadó para cerrar con un acto público presenciado por más de ciento cincuenta mil personas. Actos parecidos se realizaron en diferentes partes del país, en donde se habían concentrado los diferentes frentes, combatientes y los principales líderes y lideresas políticas del PCC (m-l) y el Frente Popular.
Como en todos los procesos de paz adelantados en nuestro país, luego de la dejación de armas, se hicieron evidentes la falta de Garantía a la vida, el incumplimiento del Estado para cumplir los pocos compromisos territoriales pactados y la falta de oportunidades para la reincorporación social, económica y política. Rápidamente, algunos combatientes y mandos medios de estos y otros frentes, se rearmaron, aduciendo falta de claridad en el proceso, bajo el estímulo de las organizaciones que seguían en la lucha armada, como las FARC-Ep y el ELN, quienes en un principio los recibieron y protegieron. Sin embargo, pronto florecieron en Urabá y Córdoba, contradicciones frente al dominio territorial, la influencia política, y las propuestas sociales.
Así surgió y se fortaleció, entre 1991 y 1996, una disidencia, alimentada por dirigentes políticos nacionales del PCC (m-l) que no participaron del proceso de paz, y que, luego de varias acciones guerrilleras y de persecución a los desmovilizados del EPL, en medio de cercos de aniquilamiento desatados por las Farc y la Fuerza Pública, decidieron cambiar de brazalete y pasarse a las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue así como, a los sobrevivientes de este experimento fracasado de disidencia, los recogieron en varios helicópteros, según los relatos de la población, por los lados del Municipio de Tierralta cerca a la represa de Urrá, para ser transportados hasta la finca Cedro Cosido en el bajo Sinú, y luego vincularse a los paramilitares que comandaba la casa Castaño.
Luego del proceso de paz, el grueso de la organización que abandonó la lucha armada, algunos bajo el nuevo partido legal, llamado Esperanza, Paz y Libertad y/o haciendo parte de la Alianza Democrática-M19, continuaron actuando en la arena política, legal, amplia y transparente, a pesar de que el Estado Colombiano, les arrebatara la personería jurídica meses después de firmado el acuerdo de paz, y que han recuperado hace apenas un año, gracias a una fuerte lucha legal y jurídica, que llevó al reconocimiento con condiciones, por parte del Consejo Nacional Electoral, y que hoy se reconoce como Esperanza Democrática, integrante del Pacto Histórico.
Firmantes de este acuerdo de paz han hecho parte de varias organizaciones y tendencias políticas legales y comprometidas con la democracia, como el PDI, el PDA, UD, Partido Liberal, Colombia Humana, Partido Verde, y en el Pacto Histórico, entre otras. Algunos de sus integrantes han sido o son ediles y edilesas, concejales y concejalas, alcaldes, diputados y diputadas, representantes a la cámara y senadores. Otros han ocupado importantes cargos en gobiernos municipales, departamentales o nacional, incluido el actual gobierno nacional.
Todos los miembros de la dirección nacional del desaparecido PCC (m-l) y de la comandancia del desmovilizado EPL, que firmaron el acuerdo de paz, unos con más entusiasmo que otros, siguen trabajando por la paz, la democracia, la justicia social y la equidad, como fue su compromiso individual y colectivo, en el marco de la Constitución fruto de la Asamblea Nacional Constituyente que promovieron y en la cual participaron. Haciendo honor a los compromisos pactados, centenares de hombres y mujeres “esperanzadas”, durante muchas décadas han encabezado importantes organizaciones sociales, culturales, comunales, étnicas, de mujeres, de población LGBTIQ+, con discapacidad, de víctimas del conflicto, ambientalistas, constructoras de paz y defensoras de Derechos Humanos, han sido reconocidos académicos, investigadores sociales, funcionarios públicos, etc.
