Rafael Fonseca Zárate
En todos los desastres naturales en nuestro país siempre se puede establecer que ya se sabía que podrían ocurrir. Mal llamados desastres naturales, porque los fenómenos naturales se tornan en desastres si no ha habido la prevención para que su impacto sea lo más bajo posible. En el caso de los huracanes en El Caribe ya ni siquiera son naturales, porque como se sabe, su riesgo ha sido aumentado por efecto del calentamiento global inducido por la actividad humana. Ya se sabía del peligro de lo que sucedió en Mocoa, lo mismo que había alarmas del deslave en Armero, casos terribles para citar ejemplos protuberantes; en los dos casos, la vulnerabilidad fue inducida por asentamientos humanos en la trayectoria de las avalanchas generadas. Y así hay muchos casos a lo largo y ancho de la geografía nacional. ¿Por qué, si se pueden tomar acciones preventivas, no las tomamos? Hay que reconocer que las sociedades que son capaces de ser preventivas llegan quizás al máximo nivel de creación de valor en sus bienes comunes, que no son tangibles sino hasta cuando sobreviene un evento, y por lo tanto son las sociedades más avanzadas del planeta que son capaces de garantizar un mayor grado de bienestar para sus ciudadanos que cualquiera que no lo sea. Analizando el caso de San Andrés y Providencia es posible darse cuenta a qué distancia (en años) estaremos en Colombia de ser una sociedad preventiva.
El ingeniero Germán Poveda, entrevistado por El Espectador (2020-nov-18) recientemente afirmó que ya lo había advertido un documento sobre cambio climático en América Latina (publicado en 2020-jun) y específicamente sobre las consecuencias de los huracanes en El Caribe. Él es experto en el tema, profesor universitario y miembro de un grupo internacional de expertos (IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, autor del documento) cuyo oficio es “facilitar (a los gobiernos principalmente y a la sociedad) evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta” y vale la pena mencionar que fueron acreedores al premio Nobel de Paz en 2007 (en conjunto con Al Gore) por sus servicios a la humanidad en ese campo que cada vez se vuelve más crítico para todos los humanos. En sus propias palabras en la entrevista, hablando sobre Providencia, Dabeiba y varios puntos de Magdalena y Chocó, “me siento como un disco rayado; estamos narrando crónicas de un desastre anunciado”.
Alertó sobre la lista de amenazas que se enfrenta de aquí en adelante: “tormentas muy intensas y prolongadas, marejadas ciclónicas y vientos extremos, pérdida de vidas humanas, más refugiados climáticos, destrucción de infraestructura, parálisis en la prestación de servicios públicos esenciales, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de cultivos y de vidas animales, e intensificación de diversos tipos de enfermedades transmitidas por vectores y roedores y destrucción del patrimonio cultural, pérdida de arrecifes de coral y de manglar, y destrucción de la biodiversidad marina”.
La mayoría de los países de la región tiene una clasificación de “muy vulnerable” a los impactos al calentamiento global que se ven aumentadas por las condiciones especiales que vuelven estas zonas aún más vulnerables: “poblamiento desordenado de zonas costeras, urbanización acelerada y ocupación incontrolada de cauces, desigualdad y marginalidad, deforestación, y mala gobernanza y poca cultura de aseguramiento contra riesgos”.
Todas esas fuertes amenazas frente a esta enorme vulnerabilidad claramente generan un alto riesgo para todos los países de la zona.
Hay un camino para evitar catástrofes como las de Providencia, dice el ingeniero Poveda, y es invertir en planes de adaptación, que resume en la siguiente lista de grandes tareas: preservar manglares y corales, mantener las playas y la protección costera, elevar construcciones vulnerables, hacer estructuras resistentes a vientos fuertes y a escombros voladores, desalentar el desarrollo de zonas vulnerables, cubrimiento de ventanas y limpieza de posibles escombros voladores, sistemas de alertas tempranas y planes de evacuación (con simulacros), detener la deforestación y restaurar bosques, establecer pagos por servicios ecosistémicos y, propiciar la formación de especialistas en meteorología, hidrología y oceanografía.
Hablando en términos regionales, expuso que los costos de los impactos del cambio climático podrían situarse entre el 1.5% y el 4.5% del PIB (cifras enormes: en el caso colombiano sería de 5,000 a 15,000 millones de USD) mientras que los costos de adaptación no superarían el 0.5% del PIB (también enorme: caso colombiano sería de 1,700 millones de USD). Dicho en términos coloquiales, seria buen negocio si fuéramos preventivos.
Pero también se quejó que cuando se emprenden acciones son de tipo reactivas y no preventivas, de las que dice “en el papel parecían muy buenas, pero la implementación ha sido muy precaria” y registra que “han sido soluciones muy pequeñas para un problema estructural profundo”. En general se lamentó de que “hacemos planes muy bonitos en el papel…, para hacer todo lo contrario” y se han concentrado en adaptaciones duras (muros, diques) olvidando las blandas que se enfocan en el respeto a la naturaleza (como las listadas arriba).
Pero no solo se ha presentado esta queja. Basta recordar la cantidad de proyectos con fallas del Fondo de Adaptación (Puente Hisgaura y la vía a la que sirve, Puente Yondó y la navegabilidad, y algunos en salud en varios departamentos) cuya capacidad institucional para ejecutar los proyectos estaba cuestionada desde su inicio. La conclusión gruesa en este caso es que no por tener un marco de contratación expedito se logra mayor velocidad y efectividad, que es aún más grave; sin hablar de que todo esguince a las normas de contratación pública siempre agranda el enorme riesgo de corrupción.
El exministro Hommes resumió un interesante análisis de diagnóstico y propuestas sobre las deficiencias de las islas que presentó hace 7 años (en su columna de la Silla Vacía 2020-nov-23), partiendo de la comparación del ingreso básico de los habitantes de las islas del Caribe frente a las nuestras en donde se presentan diferencias de hasta 20 veces más en Bermudas por ejemplo. Su conclusión es que la causa es de nivel de calidad de oferta de las islas y no es de estructura (todas con economías predominantemente basadas en turismo). Y hace un listado de lo que hay que mejorar en las islas para que aumente su valor y calidad que me permito resumir y comentar en algunos casos a continuación.
No hay cobertura de agua potable, (cita que 2013 solo había el 30%), la mayoría de los hoteles no estaban conectados y viviendas tampoco por el costo altísimo del servicio, lo cual aumenta el riesgo de salud. La recolección y disposición de basuras es pobre, lo cual también aumenta el riesgo de salud. El costo de la energía es altísimo aún con los subsidios del gobierno e ineficiente en el uso de los desechos para su generación, y también conlleva riesgos de salubridad y deterioro del ambiente. El servicio de salud deficiente y en Providencia prácticamente inexistente, por lo cual, además de representar un enorme riesgo para la población y para los turistas, hace que el operador privado envíe pacientes al continente, lo que encarece los servicios y probablemente haga más difíciles las aprobaciones de los mismos. La calidad de la educación es baja y también con deficiencia en cobertura, incluyendo la baja oferta en educación superior, lo cual condiciona al menos la oportunidad de especialización en los saberes que se adecúen más a su cultura y a sus oportunidades económicas. El transporte de carga es costoso por la ausencia de competencia, lo que se traduce el alto costo de todos los productos en las islas. Y qué decir del transporte entre las islas. Sobre el desarrollo social y urbano dice que ha sido muy desorganizado. Y con una inseguridad creciente. Para completar, la falta de oportunidades para la juventud, que se refleja en desempleo, los hace susceptibles a su involucramiento en actividades de logística de drogas ilícitas.
Para terminar el análisis, no hay que olvidar que la corrupción ha sido imperante en el gobierno de las islas. Hace solo un año condenaron a prisión a dos exgobernadores por aliarse con los contratistas para robar los dineros públicos, y hay un sinnúmero de otras personas implicadas. Como dijo un habitante “la corrupción es peor que el huracán Iota” al entrevistarlo el noticiero RCN en la semana anterior. No hace falta ser muy perspicaz para relacionar todos los aspectos a mejorar en la lista del exministro Hommes, que son resultados, malos resultados para ser precisos, con su causa raíz que es la corrupción, que hablando en términos relativos en las islas ha sido superior a la de todo el país.
En estas condiciones de falencias tan básicas con problemas tan estructurales, con una corrupción enorme e imperante ¿quién podría pensar si quiera en prevención?
Todos los gobiernos, nacionales y locales, hacia atrás tienen parte de la culpa y no solo el actual. Pero ninguno responderá por el manto de impunidad que brinda la amañada comprensión de que son “desastres naturales” cuando en realidad son desastres inducidos por la falta de gestión de prevención al cual están obligados. Y seguirán teniéndola porque, aunque habrá funcionarios comprometidos tratando de hacer lo mejor, mientras este tema no sea una exigencia de la misma sociedad, tampoco tendrá un valor político y no habrá recursos. Pero sobre todo, mientras la corrupción sea el objetivo de los dirigentes, ningún tema urgente será solucionado, y menos los de prevención que solo son urgentes cuando se tornan en acciones de atención de desastres. Estamos lejos.
@refonsecaz – Ingeniero, Consultor en Competitividad.
