Recientemente, un grupo de gobernadores —17 o 20, según algunas fuentes— ha anunciado que desconocerá o no aplicará el Decreto 1474 de 2025, emitido por el presidente Gustavo Petro en el marco de una declaración de emergencia económica. Dicho decreto incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, con el objetivo de recaudar recursos para el Presupuesto General de la Nación.

No es una rebelión armada, no es una sedición. Al contrario, el sedicioso es el presidente. No se trata de una desobediencia fiscal radical; se trata de obligar al Ejecutivo a cumplir la ley. Desde las regiones, los gobernadores están exigiendo que se respete el Estado de derecho. Es como las revueltas españolas del siglo XVII contra el estanco de la sal del Conde-Duque de Olivares: es el rechazo a una acción incivil, más que un simple asunto de impuestos.

Cuando el Ejecutivo se pone fuera de la ley, crea una atmósfera de frustración masiva que desencadena luchas internas entre las fuerzas políticas que se ven favorecidas por la deriva ilegal y aquellas que representan intereses sustentados en la legalidad. Este escenario se precipita cuando el poder judicial no cuenta con mecanismos coercitivos para alinear al Ejecutivo con la legalidad, y cuando la sociedad no cuenta con organizaciones capaces de disuadir de manera creíble el abuso de poder.

También es una cuestión sobre los límites de la soberanía. Quien impone un impuesto y no puede recaudarlo no es soberano. El mensaje de los gobernadores es que la soberanía popular no está representada exclusivamente en la figura presidencial, sino que es un simbolismo que reúne múltiples representaciones e identidades, las cuales cuentan con una autonomía intangible que se expresa a través de sus representantes cuando se les obliga a defender intereses que consideran vitales.

Este es un recordatorio de que la Constitución prioriza la descentralización. Esta oposición podría sentar precedentes para futuras disputas entre el Gobierno nacional y las regiones, y es una demostración de cómo estas, junto con su gente, pueden defenderse eficazmente de un gobierno autoritario. No es un episodio aislado: evoca conflictos históricos en Colombia y otros países latinoamericanos entre gobiernos centrales y regiones. En el contexto actual, podría marcar un punto de inflexión en la administración Petro si la Corte falla en contra del decreto. Es, de hecho, la única rebelión real que ha tenido que enfrentar Petro durante su gobierno.

La subida del llamado impuesto de alcabala —que era como el IVA de la época, un gravamen sobre ventas y transacciones—, la creación o el incremento de estancos reales (monopolios estatales del tabaco, el aguardiente y la sal), así como nuevos impuestos sobre textiles de algodón, juegos de cartas y otros productos de consumo cotidiano, fueron la causa de la Rebelión de los Comuneros en el Virreinato de la Nueva Granada. Este fue, entre otras cosas, un movimiento contra la capital, una marcha desde las regiones hacia el centro político.

La rebelión de los gobernadores hoy es también una oposición para evitar que un presidente abusivo capture las rentas departamentales del tabaco y el alcohol, pero es, sobre todo, un movimiento de independencia en favor del cumplimiento de la ley y en defensa de la Constitución. El poder local electo le está diciendo a Petro que no le va a permitir comprar la permanencia en el poder con recursos que están destinados al bienestar de la gente de sus regiones. Le están enseñando, de manera práctica, los límites de la soberanía.

Jaime Arango