Hemos estado discutiendo, durante las últimas semanas, sobre la necesidad de crear un mecanismo de asociación regional y hemos realizado reparos significativos a la idea de la Región Metropolitana, la cual pretende generar una asociatividad entre Bogotá, la gobernación de Cundinamarca y los municipios que quieran hace parte. Un modelo que no muestra claridad sobre la participación ciudadana, ni sobre el grado de incidencia de los municipios pequeños, que no tiene al ambiente, ni al agua, como piedras angulares de este proceso y que además cuenta con la incertidumbre de generar dudas frente a la pregunta de ¿a qué intereses responde esta región? y por lo tanto sin certezas frente a si su entrada realmente generará un modelo de progreso común.
Al mismo tiempo, la perdida de la selva en la Amazonía está disparada, la región sigue representando, en sus seis departamentos, más del 50% de la tasa de la deforestación, que se da en el país. Entre sus causas se encuentra el acaparamiento de tierra, la violencia para que impone un modelo colonizador que arrasa resguardos indígenas y comunidades campesinas, el lavado de activos y las economías ilícitas. En la Orinoquía por su parte, la economía extractivista genera conflictos por el agua y los cultivos de palma secan el suelo.
Bogotá constituyó, en el año 2013, la primera región de planificación especial de Colombia, la RAPE, con los departamentos de Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima. La región está constituida desde la necesidad de una gobernanza ambiental de los páramos y la garantía de la seguridad alimentaria. Dos hechos ineludibles y estratégicos para la supervivencia del centro del país. Sin embargo, en los tiempos de la emergencia climática, toda esta región depende de la Amazonía y de la Orinoquía para surtir de agua potable a la Sabana de Bogotá, así como a toda la zona central del país. Por lo tanto, si la RAPE cumpliese su misión y se protegieran los páramos, aún, el peligro de sufrir sequías que proviene de una deforestación masiva en la Amazonía es significativo. Conclusión sin Amazonía ni Orinoquía no hay región central productiva.
La alerta por deforestación masiva en el continente debería ser una preocupación de primer orden para ciudades como Sao Paulo o Bogotá, mega urbes del continente que dependen de la humedad Amazónica para que sus fuentes de agua funcionen. El reto de la civilización humana es re-pensar la gobernanza a escala de las conexiones ecosistémicas vitales.
Por lo tanto, así como es fundamental resolver los problemas metropolitanos producidos por la conurbación con los municipios vecinos, en lógica de la protección de los suelos agroecológicos de la Sabana de Bogotá, es también fundamental pensar cómo en tiempos de crisis climática visionamos la protección de la Amazonía como parte de una agenda urbana.
La deforestación amazónica no logrará detenerse sin que el Estado Social de Derecho llegue plenamente a los frentes de deforestación, que corresponden en varios puntos a territorios de dominación de las antigua FARC, en dónde hoy actores ilegales diversos se disputan el territorio ante la incapacidad del estado de haber copado con inversión social y presencia real esas zonas. Solo un gobierno democrático con vocación de titulación de tierras y de apoyo a procesos productivos sustentables con la gente, puede generar un frente social para detener ese proceso. Es una inversión necesaria y urgente, no solo en la Amazonía, si no en el Caribe y los Andes. La crisis climática se mitiga reforestando masivamente, para generar una economía forestal, en términos de forestaría comunitaria, la cual apueste a que las comunidades vivan del bosque y lo protejan.
Una tesis que requeriría de una visión Progresista de la política pública y por lo tanto de un gobierno nacional alternativo que contribuya a fomentarla. Los principales problemas de la deforestación le compete resolverlos al gobierno nacional, en asocio con los actores locales, pero las alternativas a la deforestación y el fortalecimiento de las comunidades, puede pasar por una asociación con los mercados urbanos.
Tanto la forestería comunitaria, como alternativa a la destrucción del agua para el país, como el apoyo a la producción campesina familiar desde el estado y la reconvención productiva hacia la agro-ecología, que produzca biodiversidad, son agendas urgentes en un mundo post-pandemia. En Colombia importamos el 30% de los alimentos que consumimos. Esto no tiene sentido, cuando requerimos generar empleo, bienestar social y recuperación ambiental simultáneamente. En suma, un salto a una forma de economía democrática que no deprede los ecosistemas de los que vivimos y en el que las regiones con conexiones ecosistémicas profundas deben entrar en sistemas de cooperación.
La región central en vez de estar destinada a un proceso asociativo, como el actual entuerto de la región metropolitana, el cual puede sepultar un modelo de integración basando en el bien común y en la preservación ecológica; debe fortalecerse institucionalmente para generar un verdadero modelo regional que sirva a la preservación ambiental así como al desarrollo de las comunidades . Lo que necesita Bogotá es un área metropolitana sólida y múltiples acuerdos regionales efectivos, con un gobierno nacional democrático, dispuesto a invertir un porcentaje significativo del PIB en esta transformación.
En esa lógica, la región central (RAPE) debe establecer un diálogo fructífero con la Amazonía colombiana, así como el área metropolitana con la Orinoquía, este se debe dar desde la visión del agua y la preservación de los territorios. No es casual que activistas y comunidades afectadas por Chingaza 1 en el Meta, se opongan hoy al proyecto de expansión de agua potable Chingaza 2 y también cuestionen la visión de región metropolitana como un sistema de gobernanza, que sin consultar con la población afectada, pretende expandir las necesidades de agua potable al otro lado de la cordillera, pasando por encima de sus territorios y vida .
Esta agenda debe estar en el centro del Pacto Histórico, los ambientalistas, los defensores de los páramos, los pueblos indígenas y afrocolombianos, los agricultures bio-diversos, el campesinado, los ciudadanos conscientes en las ciudades, todos y todas debemos unirnos en un diálogo interdependiente, creativo, vital y revolucionario para construir una fuerza común que sea capaz de generar una transformación.
Es hora de abrir el espacio y llevar al corazón del Pacto Histórico, desde nuestras regiones interdependientes y sus gentes, esta concepción de nuestras relaciones vitales, de una economía del cambio, que se materializará en el acuerdo fundamental de que no habrá justicia climática sin justicia social y que de esto depende la supervivencia de la vida.
@susanamuhamad – Concejal de Bogotá
