Se sigue hablando y especulando a diferentes niveles y en diversos espacios sociales y políticos sobre la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que tenga como propósito realizar los cambios normativos que hagan posible que derechos fundamentales como la salud, la educación, o la pensión de vejez, sean garantizados y prestados por el Estado.
La negativa de las mayorías en la Comisión Séptima del Senado de la República, de approbar la propuesta del Gobierno Nacional que busca reformar la Ley 100 de 1993 y corregir los problemas que impiden el acceso a un adecuado servicio de salud, en especial en aquellas zonas tradicionalmente excluidas y empobrecidas, ha producido que diferentes voces se levanten denunciando que esta negativa, no es el reflejo de una posición legítima, que cuestiona el proyecto y que busca soluciones, sino, fundamentalmente, el fruto de compromisos adquiridos a través de la financiación de campañas, que buscan proteger los intereses del capital que rige la actuación de la intermediación suministrada por las Empresas Prestadoras de Servicio- EPS.
Muy loable que se levanten las voces que no comparten, con justa razón, la posición de las y los congresistas que, antes que defender los derechos del pueblo, reflejan una oposición poco fundamentada y el compromiso efectivo con las financiadoras de campañas; sin embargo, aunque la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pudiera convertirse en una bandera justificada para lograr los cambios prometidos en campaña por el actual Presidente Gustavo Petro Urrego, la verdad es que esta vía, más que producir cambios, en el hipotético caso de que, la izquierda, el progresismo y la social democracia, todos estos defensores del Estado Social de Derecho, obtengan las mayorías de curules constituyentes, al final de cuentas, el nuevo contrato social que surja, terminará siendo modificado, mediante decretos negacionistas, por quienes ostentan el poder real, ante la incapacidad de la izquierda y del progresismo de diseñar y construir una fuerza ciudadana constituyente, con vocación de poder, capaz de conducir el país por el sendero de la justicia social, la equidad y la paz.
Un proceso que le entregue al pueblo el poder de decisión, para que de éste emerja el poder político, no se debe reducir a eventos asamblearios locales o a unas sesiones de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente. Un proceso constituyente para reconstruir los sueños y la esperanza, debe estar enmarcado en: una fuerte acción pedagógica y organizativa que convoque también al 50% de colombianos y colombianas que no participan políticamente; una permanente planeación participativa territorial alrededor del agua; y un fuerte control social a la ejecución de dicho plan.
La tarea constituyente es mucho más profunda de lo que parece. Si lo que se pretende es llegar efectivamente a la conciencia ciudadana, conquistar el corazón de las mayorías que siguen siendo afectadas por un régimen político y económico, que intenta perpetuar el enriqueciendo de unas minorías, mientras el grueso de la sociedad sigue siendo llevada al abismo de la pobreza, se debe recurrir a la más generosa imaginación y al compromiso real de los partidos que predican el cambio. Un proceso que le entregue poder soberano permanente al pueblo y a la democracia directa, no solamente en eventos esporádicos, planeados al gusto de la democracia representativa y del poder ejecutivo, sino que le reconozca a la gente del común, organizada o no organizada, su capacidad de proponer, interpelar, decidir, ejecutar y controlar, a largo, mediano y corto plazo, de manera constante, en ejercicios asamblearios desde los barrios y veredas hasta el municipio, el departamento y la nación. Un proceso que haga posible, la expresión de viejos liderazgos políticos y sociales y la emergencia de nuevos, a los que hay que proteger y garantizarles la permanencia en el territorio.
El mundo cambia constantemente y la democracia griega, el sueño de la revolución francesa (fraternidad, igualdad y libertad) de las guerras de independencia de las colonias europeas y de los proyectos socialistas (con planeación centralizada y partido único), requieren a la luz de los acontecimientos nacionales y mundiales ser revisados y transformados, para que propuestas, señaladas de neofascistas, ligadas a la guerra y las violencias, no sigan ganando espacio, ante un pueblo que reclama mejores condiciones de vida. La democracia representativa que conocemos, y que cada cuatro años recurre al constituyente primario, para que este le entregue su poder mediante el voto y se elijan gobernantes, cogobernantes y legisladores, parece no ser suficiente para tramitar los conflictos sociales, políticos y económicos, ya que el acuerdo de un Estado democrático capitalista fundado en la independencia de tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), ha sido violado en la práctica.
Es indudable que, ante la grave crisis estructural y de legitimidad del Estado, ante las múltiples expresiones de conflicto armado, la corrupción y el narcotráfico, entre otras enfermedades crónicas, se requiere con urgencia recurrir al constituyente primario, al pueblo soberano, entendido este como la expresión diversa de la ciudadanía. Lamentablemente, debido a los ataques sistemáticos que permanentemente cobran la vida de líderes y lideresas sociales, a la baja inversión en educación formal y no formal, al bajo nivel de conocimiento sobre deberes y derechos, tanto políticos como sociales, de las mayorías de colombianos y colombianas, no se cuenta con suficiente acumulado social que asuma la deliberación y la emergencia de procesos constituyentes soberanos, que desde lo local desaten un gran proceso nacional.
Las organizaciones sociales, los partidos y movimientos políticos que deseen participar, junto con el Gobierno Nacional, de manera unificada y sin imposiciones partidistas o caudillistas, tendrán que construir un primer acuerdo sobre el carácter y los alcances de la iniciativa constituyente. Esta iniciativa debe contemplar necesariamente un esfuerzo pedagógico ambicioso para fortalecer las capacidades democráticas tanto de la ciudadanía como de las organizaciones. Se tendrá que retomar experiencias locales que durante varios años lograron avanzar en ejercicios de democracia directa y poder popular, como las Asambleas Municipales Constituyentes; procesos que dinamizaron la territorialidad para la paz, logrando acuerdos humanitarios como en Micoahumao (Sur de Bolívar), o la planeación prospectiva y la eficacia de la gobernabilidad local, como en el caso del municipio de Tarso en Antioquia, que logró superar la crisis económica a la que fue llevado por la corrupción.
El reto, más allá de los tiempos que la democracia representativa impone a los gobernantes y legisladores, es desatar un proceso constituyente nacional permanente, hasta que la democracia directa se haga costumbre. Un proceso que, en armonía con la democracia representativa, construya una red de procesos constituyentes municipales y departamentales. Una alianza, un acuerdo nacional, un pacto permanente de reconocimiento al poder del pueblo (democracia), que se ponga como metas a corto y mediano plazo, transformar las causas estructurales que reproducen la pobreza, la exclusión y la inequidad, y construir un pacto nacional que acabe con la corrupción, el narcotráfico y el conflicto armado interno. Constituir poder para que el constituyente primario haga realidad sus derechos y deberes.
