Desde el proceso de dejación de armas en 2016, han sido asesinados 396 firmantes de paz que hacían parte de las antiguas FARC. Desde el 7 de agosto de 2022 (día en que se posesiona el actual gobierno) hasta el 31 de julio del presente año, la cifra ascendía a 35 excombatientes asesinados, según datos de Indepaz. La mayoría de los homicidios fue contra militantes del partido Comunes, organización que originalmente surgió en 2017 bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), pero que cambió su nombre en 2021 para evitar asociaciones con la extinta guerrilla y con las disidencias que actualmente existen.

El pasado 31 de agosto, decenas de militantes de Comunes y excombatientes protestaron en la entrada del Ministerio del Interior exigiendo protección a sus vidas y el esclarecimiento de los asesinatos que, por falta de investigaciones de la Fiscalía, están impunes. La protesta tuvo lugar luego del atentado en Bogotá contra el firmante de paz, Marino Molina, el martes de la semana pasada.

El atentado ocurrió luego de un proceso de inteligencia y seguimiento por parte de delincuentes que lo abordaron en un barrio del sur de Bogotá y que, a pesar de haber herido gravemente a dos de sus escoltas, no pudieron acabar con la vida de Marino. Según información suministrada por un dirigente político de Comunes, a la organización le preocupa que el atentado haya ocurrido en la capital, pues alrededor de 800 integrantes del partido político habitan en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Sumapaz. Además, les llama la atención la Alerta Temprana que publicó la semana pasada la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y disidencias de las FARC en siete localidades de Bogotá, pues es posible que estos grupos armados estén detrás del atentado.

Sumado al número de firmantes que ya hay en Bogotá, han llegado desplazados del centro poblado “Georgina Ortiz” en Vista Hermosa, Meta, y de Arauca otro grupo importante, producto de amenazas de disidencias y combates entre grupos armados ilegales. En lo manifestado por el dirigente político de Comunes, los firmantes desplazados están en una situación de riesgo, pues la actual administración no les ha prestado las ayudas necesarias, ni los esquemas de protección debidos. 

Por otra parte, el atentado de la semana pasada tiene connotaciones más profundas, pues Marino es el fiscal nacional del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz (SINTRASEPAZ), dirigente nacional del partido Comunes e integrante de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (MTSP) de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que es la encargada de definir la asignación de esquemas de seguridad.   

SINTRASEPAZ (organización sindical de trabajadores de la UNP) emitió un comunicado rechazando el atentado contra Marino Molina y responsabilizando, “por acción u omisión”, a la Unidad por la publicación de información reservada y videos estigmatizantes contra integrantes del componente Comunes a la MTSP y, en general, trabajadores afiliados al sindicato. Asimismo, aseguran que el intento de homicidio “tiene sus raíces en la no implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP)” y en las dificultades presentadas en la asignación de vehículos a los protegidos del partido Comunes. 

En el comunicado también conminan al presidente Gustavo Petro para que sea consecuente con la implementación integral del acuerdo de paz, pues se ha desconocido el programa de protección para los integrantes del partido Comunes, establecido en el punto 3.4 de los acuerdos de paz de la Habana.

A la crítica situación que viven los firmantes de paz y trabajadores de la UNP, se suma el atentado contra la vida del director de la entidad, Augusto Rodriguez, en marzo del presente año y las amenazas que recibieron los funcionarios Daniel Augusto, Jorge El Saieh e Israel Adalberto Franco y sus familias. La violencia en contra de trabajadores y directivos de la UNP obedece a las denuncias que han realizado por la presencia de mafias al interior de la Unidad.

En charla informal con un integrante del sindicato, señaló que existen varias mafias: la de la gasolina, que se encarga de hurtar parte del combustible asignado a las camionetas de los protegidos; la de las “rentadoras” que se apropia de dinero alquilando vehículos que no cumplen con el blindaje establecido; la mafia de la “contratación”, que se encarga de contratar escoltas tercerizados pagados a 10 millones de pesos por la entidad, pero realmente reciben 3 millones, convirtiendo la tercerización en un negocio, supremamente, lucrativo.

Es urgente que el gobierno nacional le ponga la lupa a la protección de la vida de los firmantes de paz si se quiere acabar con el exterminio que están pasando. Si el gobierno nacional no depura la entidad, continuaran enquistadas las mafias que ejercen violencia contra los funcionarios y se apropian de los dineros públicos.

Por: Maylor Caicedo