Han ocurrido dos movilizaciones importantes en lo que va corrido de los últimos quince días. La primera, acontecida el 21 de abril, convocada por quienes encuentran serias dificultades para sus intereses políticos, económicos o sociales, en el paquete de reformas que impulsa el gobierno nacional, así como a la metodología de diálogo con los Grupos Armados No Estales, su estrategia de lucha contra el negocio ilegal del narcotráfico y su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; la segunda fue, la tradicional marcha del 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, convocada por las centrales obreras, el gobierno nacional y sectores sociales y políticos, a la cual, por primera vez en la historia de Colombia, se vinculó activamente el Presidente de la República, en donde se puso de presente la necesidad de continuar avanzando en el paquete de reformas para el cambio, en el logro la paz total con todos los grupos armados, implementar el Plan Nacional de Desarrollo y promover un proceso nacional constituyente, entre otras consideraciones.
Es la primera vez que dos acontecimientos en contradicción evidente, se realizan en menos de quince días, sin que estos tengan un desenlace violento, ya sea porque el Estado hubiera hecho alarde de toda su capacidad represiva y violenta, como ocurrió en el estallido social de 2019-2021, o porque las y los manifestantes hubieran tomado la lamentable iniciativa de arremeter contra la infraestructura pública o privada, o contra cualquier funcionario público; esto, por sí solo, es un importante avance que debe ser valorado y correspondido por quienes desde diferentes orillas han promovido las movilizaciones como parte de una estrategia a corto y mediano plazo que busca derrotar, o por lo menos deslegitimar, a los contrarios, y atreverse a pensar en otra ruta que realmente beneficie al conjunto de la sociedad. Es allí en donde, para las actuales circunstancias del país, ambas orillas se pueden estar equivocando.
No está bien, que convocantes y participantes de la marcha del 21 de abril, en su legítimo derecho de hacer oposición, recurran a la mentira y la trampa, a la deslegitimación aún más del Estado, al ataque a ultranza en contra la figura del Jefe de Estado y a los deseos legítimos de cambio estructurales que evidentemente se tienen que producir en Colombia; tampoco está bien, que quienes promovieron y participaron, con un nuevo sentido político, en la jornada del 1 de mayo, tengan como estrategia única, derrotar a la oposición, estigmatizar a todo el que de esta hace parte y creer que solo en las calles se logra avanzar en los necesarios cambios estructurales que seguramente las mayorías respaldamos. No se trata de repetir la fallida matriz, exclusión-inclusión-exclusión, experimentada en el Frente Nacional, y que no logró hacer realidad la paz social y política necesaria para, hacer de esta tierra un espacio de vida para todos y todas.
Hoy lo que se pone al orden del día es la convocatoria, real y metódica, a construir un acuerdo nacional por el cambio, en relación con las temáticas que salen a relucir en los diferentes escenarios de debate, tanto en el congreso, como en los círculos sociales, en los encuentros de diálogo territoriales, en las agendas con los grupos armados no estatales, en los medios periodísticos y por su puesto en las movilizaciones.
No hay que tenerle miedo al cambio. Quienes se aferran de forma dogmática o utilitarista a las actuales condiciones, defendiendo lo indefendible o bloqueando al gobierno, solo por mantener privilegios, ganancias excesivas, o negocios ilegales deben comprender que el nivel de conflictividad es tan profundo que, por esa ruta, es posible que prontamente se produzca un nuevo estallido social con un final impredecible. No hay que tenerle miedo al progresismo. Quienes aún alimentan la idea de que los cambios se producirán solo mediante un estallido social o insurreccional, deben comprender que la transición de una sociedad afectada profundamente por los negocios ilegales, la corrupción, la inequidad, la injusticia social, el conflicto armado y la legitimidad de su modelo democrático, hacia una sociedad en paz y con justicia social, requiere de un profundo compromiso dialógico y conciliador.
Un Acuerdo Nacional debería contemplar un ejercicio de habla y escucha, tanto territorial como nacional, en armonía con los procesos de negociación que se adelanten con los grupos armados de carácter político y no político, para lo cual las partes (gobierno nacional y oposición) deberían nombrar un equipo de compromisarios para dialogar y pactar alrededor de por lo menos los siguientes objetivos:
Pacto por la transparencia, para erradicar la corrupción, tanto a nivel de las instituciones públicas como de las privadas, que comprometa al conjunto mayoritario de la sociedad y elimine esta conducta delictiva del imaginario cultural.
Pacto por la democracia, que contemple tanto el fortalecimiento de la democracia directa, como la democracia representativa, que modernice el proceso electoral y erradique sus vicios, que modernice los partidos y les abra las puertas a expresiones política no electorales.
Pacto por el bienestar social, que reconozca las debilidades e injusticias del actual sistema de salud y seguridad social, y logre consensuar unas reformas que pongan al centro los derechos humanos, para que las mayorías accedan, en igualdad de condiciones, al derecho a la salud y garantizando una vejez digna.
Pacto por la vida, para sacar las armas de la política y de la vida cotidiana, que haga posible la superación del conflicto político armado y los demás conflictos violentos, un acuerdo que reconozca la importancia de construir verdades y avanzar hacia la reconciliación.
Pacto por el fortalecimiento de la justicia, que tenga como objetivos, disminuir progresivamente los altos índices de impunidad, que modernice la rama judicial y acoja la justicia restaurativa.
Pacto por los territorios y los pueblos Étnicos, que desarrolle los elementos fundamentales hacia una verdadera descentralización política y administrativa, que reconozca y fortalezca el gobierno propio y la autonomía de los pueblos étnicos.
Pacto por la naturaleza, para acordar los compromisos que hagan posible el desarrollo económico y la transición energética, sin poner en riesgo la vida sobre el planeta, para salirle al paso a la crisis climática y proyectar la recuperación del aire, las selvas, los bosques, los páramos, los mares y ríos. Un pacto que incluya la urgencia de la Reforma Rural Integral.
Pacto contra el delito, para erradicar la producción y tráfico ilícito de cocaína y otras sustancias, la comercialización de vida silvestre, la trata de personas, el tráfico de armas y municiones y la inseguridad urbana y rural.
Un diálogo nacional y territorial para un acuerdo nacional a largo plazo y a todos los niveles, en el marco de la Constitución Política Nacional, debe proyectarse más allá de los tiempos de gobierno y más allá de quién nos esté gobernando. Un acuerdo que ayude a “ordenar la casa” y revitalizar el debate político serio, profundo, el debate de las ideas y las propuestas. No será fácil, gran parte de la decisión de diálogo para la construcción de acuerdos está en manos de la oposición y por supuesto, de las garantías que brinde el gobierno nacional y sus partidos.
