Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no podemos limitarnos a un acto simbólico de reflexión. La violencia de género en Bogotá sigue siendo un flagelo imparable, y aunque celebramos avances en términos de normativas y políticas públicas, la cruda realidad nos muestra que las mujeres seguimos enfrentando una violencia estructural, sistemática y creciente. Los recientes feminicidios, las amenazas latentes y la falta de respuestas eficaces desde las autoridades exigen un análisis profundo y una reflexión que, lamentablemente, sigue pendiente.
En Bogotá, el panorama es desolador. A pesar de contar con un presupuesto de $124.000 millones para la Secretaría Distrital de la Mujer, las cifras siguen siendo alarmantes. Cada cuatro días, una mujer es asesinada en la ciudad. Según el Observatorio de Feminicidios en Colombia, Bogotá ocupa el segundo lugar en feminicidios en el país, con 72 casos registrados en lo que va del año. Este dato refleja una contradicción dolorosa: tenemos recursos, pero no estamos salvando vidas.
Si bien desde la administración distrital se han anunciado medidas, como la reactivación del Grupo de Género Interinstitucional y la campaña “Bogotá Ciudad Púrpura”, los datos revelan una desconexión entre el discurso y la acción. Los servicios psicosociales y jurídicos han disminuido un 48% en 2024 respecto al año anterior, y los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres han sufrido una reducción presupuestal del 46%. La respuesta institucional no está a la altura de la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres, y, lejos de garantizarles protección, las deja expuestas a una violencia machista que sigue arrebatando vidas.
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La semana pasada, el alcalde Carlos Fernando Galán expresó su preocupación por el feminicidio de Danis Miranda Yanes en Suba y pidió agilizar la captura del agresor. Sin embargo, cuando contrastamos esas palabras con la realidad de lo que ocurre en las calles de Bogotá, la inacción es evidente. En casos como el de Naomy Arboleda, una joven de 25 años asesinada brutalmente en el barrio Las Cruces, la justicia tarda en llegar. Naomy sufrió el acoso y la violencia de un hombre que, en represalia por sus reclamos, la golpeó hasta matarla.
Peor aún es el caso de Julieth Merchán, una mujer que vive bajo amenaza constante desde que un expolicía, Cristian Andrey Osorio, intentó asesinarla en su propio hogar. A pesar de la medida de protección que debería mantener alejado a su agresor, la Policía no ha actuado, y el violento sigue libre, amenazando con “adelantarse” a la justicia. Julieth está atrapada en un círculo de miedo, sin poder regresar a su casa ni trabajar tranquila. Esta situación refleja el vacío en la protección real de las mujeres en nuestra ciudad.
Estos casos no son aislados. Son el reflejo de una ciudad que, aunque declara su preocupación por la violencia de género, no implementa políticas efectivas para garantizar la seguridad de las mujeres. La fragmentación entre las entidades encargadas de la protección, la falta de coordinación y la reducción de los recursos destinados a la atención y prevención de la violencia son obstáculos que deben ser superados de inmediato. No es suficiente con declaraciones y campañas mediáticas; se requiere un compromiso real, con recursos adecuados y una política pública que priorice la vida de las mujeres.
A nivel global, la lucha por los derechos de las mujeres enfrenta amenazas serias bajo el pretexto de ideologías políticas que, como la teoría woke, buscan deslegitimar nuestros avances y presentar a la igualdad de género como una “perversión” de la familia y la sociedad tradicional. Este discurso, que gana terreno en diversas partes del mundo, es peligrosamente regresivo. Bajo la fachada de proteger la “familia tradicional”, se esconde un ataque directo a los derechos conquistados por las mujeres, que de manera histórica hemos luchado por garantizar.
No podemos permitir que estas voces de odio, que promueven el retroceso en los derechos humanos, se impongan. Por ello, hoy más que nunca debemos exigir que se le ponga fin a la impunidad, que se brinde atención real a las víctimas de violencia de género y que se destinen recursos suficientes para garantizar una protección integral para todas las mujeres de Bogotá. Hoy, en el 25N, hacemos un llamado a la reflexión, a la acción y a la exigencia de justicia. Porque mientras no se garantice la seguridad de las mujeres, Bogotá no será una ciudad segura para nadie.
