En una sociedad democrática, aún con las fallas que en esta se evidencien, como es el caso de Colombia, la libertad de prensa se constituye en uno de los pilares fundamentales para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de los ciudadanos a estar informados. En Colombia, este derecho enfrenta desafíos considerables, especialmente en un contexto político polarizado y cargado de tensiones.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Gustavo Petro, la mayoría de sus ministras y ministros, sus colaboradores cercanos y la bancada de congreso del Pacto Histórico, han sido objeto de intensas críticas y ataques, lo que ha avivado el debate sobre la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación en la democracia y especialmente en una sociedad como la nuestra victimizada por un conflicto armado interno.
La libertad de prensa es un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia. Esta libertad no solo es vital para el funcionamiento de una democracia medianamente saludable, sino que también es esencial para la protección de otros derechos humanos, la convivencia y la reconciliación. Una prensa libre y vigorosa, alejada de la oferta y la demanda que impone la economía de mercado, permite a la ciudadanía acceder a información precisa y oportuna, fomentando la participación y facilitando el control social sobre los poderes públicos y privados.
La libertad de prensa en Colombia no está exenta de amenazas y de riesgos. Hace apenas unos días fue asesinado el comunicador popular y líder social Jorge Méndez “JEYKON”, en el corregimiento de La Gabarra en Norte de Santander. En Colombia, los y las periodistas y los medios de comunicación, en especial los que se encuentran anclados a los territorios, a la defensa de la paz, del medio ambiente, y a la promoción de los derechos humanos, han enfrentado históricamente riesgos significativos, desde la censura y la intimidación hasta la violencia física y la muerte.
No es ningún secreto que, desde su elección, el presidente Gustavo Petro, conocido por su trayectoria en la lucha por los derechos humanos, la paz, la justicia social y la denuncia de fenómenos como el narcotráfico y la parapolítica, ha propuesto una serie de reformas ambiciosas destinadas a reducir la desigualdad y promover un desarrollo sostenible en Colombia. En sus casi dos años de gobierno, el presidente y sus colaboradores han sido blanco de una serie de cuestionamiento y ataques, algunos planteados con respeto y decoro, y otros, en muchos casos, han cruzado la línea de la crítica legítima para convertirse en campañas de desinformación y difamación.
Era apenas esperable que las iniciativas de cambio del actual gobierno, se recibieran con escepticismo y oposición por parte de sectores tradicionales que ven amenazados sus intereses. La prensa, que debería ser un espacio para el debate constructivo y la información veraz, en ocasiones ha caído en la trampa de la parcialidad y la manipulación, presentando a Petro y sus políticas de manera distorsionada. Su labor no debe ser la de servir como herramientas de poder para intereses particulares, sino la de informar con veracidad, imparcialidad y equilibrio.
Esta acción sistemática por parte de algunos medios de comunicación, la mayoría pertenecientes a empresas económicas, han recibido en múltiples ocasiones la crítica directa del primer mandatario y de algunos de sus colaboradores más cercanos, cayendo en una seguidilla de señalamientos y retaliaciones poco benéficas para la democracia y el debate respetuoso.
Es esencial que los periodistas y los medios ejerzan su labor con ética y profesionalismo, resistiendo las presiones y amenazas que puedan enfrentar. La independencia editorial es clave para mantener la credibilidad y la confianza del público. Igualmente, importante es que el Estado, en cabeza de su jefe natural, en este caso, el mismo Presidente de la República, garantice la seguridad de los periodistas y el libre ejercicio de su profesión.
Uno de los mayores desafíos en la actualidad es la proliferación de campañas de desinformación. Estas campañas, a menudo orquestadas con fines políticos o económicos, buscan manipular la opinión pública y desacreditar a figuras públicas. La desinformación no solo socava la confianza en las instituciones democráticas, sino que también polariza a la sociedad y dificulta la resolución de los problemas reales.
La crítica constructiva es un componente esencial de la democracia, y todo funcionario público, en especial los y las elegidas mediante el voto popular, deben asumirla con respeto, para evaluar sus políticas y rectificar sus actuaciones. Sin embargo, cuando la crítica se convierte en ataque infundado y difamación, pierde su valor y se transforma en una amenaza para la convivencia democrática.
En última instancia, una Colombia más justa, equitativa y democrática solo puede construirse sobre la base del respeto mutuo, la transparencia y el compromiso con la verdad. La defensa de la libertad de prensa y de la figura presidencial en el contexto actual de Colombia es una defensa de la democracia misma. La libertad de prensa debe ser protegida y fortalecida, garantizando que los medios de comunicación puedan desempeñar su papel fundamental sin temor a represalias. Al mismo tiempo, es necesario que los medios y los ciudadanos ejerzan su derecho a la crítica de manera responsable y fundamentada.
