Si quiere comprar un celular de segunda y se dirige a Unilago en Bogotá, por ejemplo, al preguntar por su procedencia surge una respuesta automática: “de otro cliente que quería uno más nuevo y dejó este en parte de pago”. Pero no habrá un certificado de idoneidad del origen del celular, por supuesto.
Puede ser verdad; pero podría haber dos fuentes adicionales: comprado de segunda en el exterior o robado localmente. Traído del exterior también podría ser robado. En los casos en que pudiera haber sido robado, podría traer un mayor costo, más sensible aún para la sociedad, de una víctima de hurto atracada violentamente, con una cuchillada o hasta la muerte. Aun así, y que todo el mundo sabe que podría ser así, esos teléfonos se venden todos los días.
En el momento de la transacción, el comprador ha bajado su barrera moral, o decide ignorar el debate interno al respecto en su conciencia o, su cultura no da para una duda moral puesto que sencillamente le parece normal. Y también hay un fenómeno de mala inteligencia colectiva (estupidez colectiva como le dice Innerarity) puesto que en la medida en que haya ese mercado de atracadores, reducidores y más compradores inescrupulosos, la probabilidad de que algún día le roben el celular al comprador o a su familia, o a sus amigos, es mayor. El resultado final es que, mientras a los pocos que participan en esa cadena de corruptos, incluyendo al comprador, les va bien, al conjunto de la sociedad le va mal.
La moral se fundamenta en que existen principios universales que deben regir el comportamiento humano, relacionados con el bienestar de los demás, la justicia, la igualdad y la libertad. Pero es un concepto complejo, que no tiene una única definición y depende de la cultura generalizada en una sociedad y que va variando según la época. Podría decirse que en la mayoría de las sociedades se comparten principios morales que condenan el asesinato, el robo, la mentira y deberíamos agregar la corrupción (como sentido amplio de la combinación del robo y la mentira). Así las cosas, quien actúa con moral se abstendría de comprar un celular en esa condición: en la que le dicen que no es robado, pero puede ser robado.
El presidente en días pasados, hablando desde El Salado (Carmen de Bolívar), dijo que Argos “se había aprovechado de lo ocurrido en Montes de María”, refiriéndose al despojo de tierras, advirtiendo que no les estaba diciendo que ellos eran culpables de la masacre que había sacado a la fuerza a los campesinos. Frentero para unos, pendenciero para otros. Lo malo de que lo diga el presidente Petro es que inmediatamente polariza esta discusión que es fundamental para los colombianos. Se volverá que el presidente odia las empresas privadas y desviarán el tema hacia las ventajas que le da a los bandidos en su plan de paz. Y así, el país confundido olvidará que es necesario garantizar que ningún evento similar vuelva a ocurrir.
Su señalamiento, o más bien su recordatorio, ya que se trata de un caso extensamente documentado e incluso fallado por los tribunales de restitución de tierras (Desde 2016 hay 22 sentencias contra Argos por las tierras de Montes de María, El Espectador, 2023), fue contestado de inmediato por el Grupo Argos ofreciendo las explicaciones que se acostumbran, asegurando que ellos compraron esas tierras de buena fe y que en ningún fallo habían sido señalados como despojadores (La República, 2023). Que habían sido invitados por el Gobierno de la época a través de documentos Conpes y que hasta el viceministro de Agricultura invitaba a comprar esas tierras.
Pero el informe de la Comisión de la Verdad que tiene reportado el caso de las tierras que adquirió Argos en 2008 (Caso 79 / La compra masiva de tierras por Cementos ARGOS en los Montes de María, 2020) deja ver asuntos diferentes: la configuración de una muy bien urdida estrategia de compra de los bienes con una organización, pasando primero por otros terceros (los compradores que llegaron rápidamente después del despojo, algunos “empresarios” cercanos al presidente de entonces), la posterior venta, también rápido, a una fiducia establecida por la empresa para tal fin; hay que recordar, todo esto sucediendo en pleno furor de la violencia en la zona y de las acciones paramilitares en el país, y muy bien conocidas en Ovejas y Carmen de Bolívar. El caso 79 cuenta de las sentencias de restitución que han obligado a Argos a devolver las tierras. La empresa dice que ha donado las tierras y que ha donado también 20,000 millones a una fundación, que no tiene relación con Argos. El caso 79 dice que la fundación fue una forma fraudulenta de manejar parte de la estrategia.
En las 22 sentencias emitidas en contra de Argos, dice El Espectador, en ninguno de los casos la empresa “pudo demostrar la buena fe exenta de culpa en el momento de la compra pues le faltó mayor diligencia al comprar las tierras, teniendo en cuenta el contexto de violencia generalizada en el que estaba la región y que era de público conocimiento”. Dice la Corte Constitucional al respecto: “La buena fe exenta de culpa se acredita demostrando no solo la conciencia de haber actuado correctamente sino también la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situación” (C-820-12 Corte Constitucional de Colombia).
Argos es del tipo de empresa conocida por conservadora y prudente, por lo que no es fácilmente explicable que hubieran participado en esta compra manchada con despojo violento de campesinos. Probablemente hubo un planteamiento del negocio forestal demasiado bueno (comprar tierras valiosísimas (cuando llegaran tiempos futuros de paz) a precios bajísimos (en esos tiempos de violencia)). Desafortunadamente, pese a lo expresado por la empresa, deja muchas dudas sobre la condición amoral de estas compras (“que carece de sentido moral, o que no se preocupa por lo que es correcto o incorrecto”). Hipotéticamente, si se pudiera hacer caso omiso a la ética, desde el punto de vista frío y puramente de negocio, fue cuando menos una enorme imprudencia, llena de riesgos, como el reputacional que se ha materializado en la última década y de qué manera. Muy lamentable para semejante grupo de empresas, emblemáticas en nuestro país. Esto último es lo más grave, precisamente.
Por la importancia de Argos y la coincidencia con el proceso de paz y de la Comisión de la Verdad, el caso 79 no ha quedado sin resolver. Pero con nuestra precaria justicia es probable que una enorme mayoría de casos sí, puesto que hay que demostrar que no hubo buena fe en una transacción y eso no llegaría de forma factible a todas aquellas de bajos montos, como la compra de un celular; por lo cual se queda sin resolver y de paso los reducidores se salen con la suya. Eso es lo malo de la buena fe: la dificultad de demostrar que no la hubo.
