Hoy hace 75 años la Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y es por esta razón que, cada año, en muchos lugares del planeta, la comunidad celebra esta fecha, llamando la atención sobre la necesidad de que, esta proclama deje de ser un documento que, solamente adorna los anaqueles de bibliotecas y oficinas estatales, para convertirse en una guía permanente para vivir la vida a plenitud.
Seguramente para muchas sociedades, esta norma de conducta proclamada en un recinto cerrado, no guarda relación directa con sus usos y costumbres; sin embargo, y a pesar de esto, es innegable que esta declaración que pretende ser universal, ha servido de guía para que las naciones del mundo avancemos hacia la construcción de sociedades más justas, democráticas, y equitativas, y que, el goce pleno de los Derechos Humanos, sea un elemento fundamental para la construcción de la Paz Integral.
No podemos negar que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han utilizado, en mayor o menor medida, esta guía de convivencia, para imponer en su nombre dictaduras, para violar la soberanía de Estados dependientes y para aplicar un modelo de gobernabilidad, de economía y de organización estatal que, en la mayoría de los casos, resultaron ser verdaderos experimentos dictatoriales y de violaciones masivas a los derechos humanos.
Colombia, es sometida periódicamente a exámenes, que dictaminan si su Estado está avanzando en la implementación y el respeto a los Derechos Humanos. Estados Unidos, que, en su política exterior e interior, no es precisamente un nicho de virtudes en materia de goce pleno de los Derechos Universales en toda su amplitud, emite una certificación de desempeño de nuestro país en materia de Derechos Humanos, como requisito necesario, exigido por el Congreso gringo, para entregar la ayuda militar que ese país nos envía anualmente. Ayuda militar, que como en el caso del llamado Plan Colombia, disparó las graves violaciones a los Derechos Humanos, ya ampliamente denunciadas y documentadas, o para fortalecer en general la doctrina de seguridad que estableció la cultura del enemigo interno.
En otros casos, las llamadas certificaciones o exámenes universales, como los cercos económicos, que antes que debilitar un régimen político, catalogado previamente como dictadura, especialmente si este tiene tinte de izquierda, han servido para implementar medidas arbitrarias, que hacen que los pueblos sufran directamente los resultados de dichas medidas, y se eleven los niveles de hambre, pobreza, se dificulte el acceso a medicamentos, a algunos avances científicos imprescindibles para mejorar su economía, a las tecnologías de la informática y las comunicaciones, entre otros.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy algunos celebramos y otros condenan, sin haberla siquiera leído, y mucho menos interiorizado como una línea de conducta, crea una extensa serie de derechos y libertades fundamentales a los que todos, todas y todes, tenemos derecho por el solo hecho de haber nacido en este planeta; derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos. Normas esenciales que buscan garantizar que todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición, gocemos de una vida plena, sin restricciones, más allá que los derechos de los otros y otras imponen.
El prócer de la independencia, Antonio Nariño, tradujo al español la Declaración francesa de los Derechos del Hombre de 1789, derechos que marcaron las primeras constituciones de la naciente república y que, lamentablemente fueron casi desaparecidos en la redacción conservadora de la constitución de 1886. Fue la constitución de 1991, como acuerdos de paz, la que rescato el concepto de los Derechos Humanos y los puso al centro de las obligaciones del Estado. De esta forma, la Constitución Política Nacional, reconoce y eleva a rango constitucional los derechos humanos y una serie convenios internacionales suscritos por los diferentes gobiernos, como los Derechos de los Niños y las Niñas, los Derechos de la Mujer, entre otros importantes tratados.
Lamentablemente, a pesar de que en la Constitución Política Nacional se reconocen los derechos fundamentales, como elementos centrales para garantizar la vida con dignidad de todas las personas que habitamos la geografía nacional, es innegable que aún estamos muy lejos de que este anhelo, sea una realidad vivida y gozada por las mayorías. Los derechos a la vida, la dignidad y la libertad, son constantemente violados por parte de actores armados y de funcionarios estatales, los problemas crónicos para el acceso a la justicia y los altos índices de impunidad, los altos niveles de pobreza e indigencia de grandes capas de la población, las profundas dificultades para acceder al derecho a la salud preventiva y curativa, en especial en zonas marginalizadas y excluidas, las difíciles condiciones de grandes capaz sociales para acceder a la educación gratuita y de calidad en todos sus ciclos, entre otros, siguen siendo evidentes problemas de derechos humanos en Colombia.
Tendremos que realizar un gran esfuerzo, como Estado y como sociedad, para hacer posible que los Derechos Humanos sean acogidos, promovidos, respetados y aplicados en todo momento y lugar, en la vida pública y en la vida privada. Tendremos que ganarle la partida a fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, las políticas económicas neoliberales, los excesos de la democracia representativa, el centralismo, la falta de cultura ciudadana, el patriarcado, la exclusión y estigmatización, el racismo, las causas que originan el cambio climático, y muchos otros vicios y problemas, y darle paso a una cultura que ponga al centro la dignificación de la vida, para que las próximas celebraciones, no estén llenas de exigencias que se las lleva el viento, sino de realidades que nos harán mejores seres humanos.
Avanzar en la construcción de un gran acuerdo nacional, como lo viene proponiendo el Presidente Gustavo Petro U., debe contemplar fundamentalmente, una gran alianza social, a todo nivel y en todo el territorio nacional, capaz de implementar, promocionar y defender la cultura de los Derechos Humanos. Este acuerdo, no será posible, si algunos pretenden mantener modelos políticos, económicos o sociales, para perpetuar privilegios a costa de violar derechos fundamentales, y si otros pretenden imponer a través de la violencia armada, y de graves violaciones a los derechos fundamentales, su punto de vista, aduciendo luchar por las posibles transformaciones que la sociedad requiere. El gran Acuerdo Nacional, debe ser, ante todo, un pacto ético y político, capaz de reconocer la vigencia de los Derechos Humanos, su desarrollo e implementación.
Que ningún Plan de Desarrollo Municipal o Departamental, se elabore y se apruebe, sin tener en cuenta un enfoque claro en materia de Derechos Humanos y Paz, no solamente encaminado a superar problemáticas sociales, económicas, sino también, enfocados en la implementación y fortalecimiento de programas de seguridad que garanticen la vida y la permanencia en el territorio de empresarios, comerciantes, lideresas y líderes políticos, sociales, sindicales, comunitarios, religiosos, y de sus organizaciones. El presente y el futuro del país depende de, cuanta capacidad desarrollemos como sociedad y como Estado, para hacer efectivos los Derechos Humanos.
