Aunque parezca controvertido, me atrevo a desafiar lo que se ha convertido en un dogma que muchos atribuyen al neoliberalismo y al Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien sus políticas no son inherentemente malas, tampoco representan la verdad absoluta, y como cualquier idea, deben ser cuestionadas. En el caso de los combustibles en Colombia, la narrativa de que están subsidiados merece una revisión crítica con una perspectiva sostenible que favorezca a todos los colombianos.
Primero, reconozcamos la complejidad de definir el precio de los combustibles. En Colombia, no podemos hablar de un mercado líquido que determine precios de manera autónoma, ya que la principal variable, el ingreso al productor, está en manos de Ecopetrol S.A., una empresa mayoritariamente estatal. Como tal, debe equilibrar su gestión empresarial con su papel como motor de la política económica del país.
El Estado se enfrenta al desafío de ejercer un doble rol: por un lado, es el mayor propietario de Ecopetrol, y por otro, responsable de la política económica nacional, lo que implica equilibrar el desarrollo armónico del país. Un ejemplo cercano es Ecuador, que a pesar de ser un modesto productor de petróleo, mantiene precios de combustibles mucho más bajos que los nuestros, gracias a una menor carga impositiva y un modelo de fijación basado en costos de producción e importación.
¿Existen realmente subsidios en Colombia? Es importante aclarar que si usamos como referencia el precio internacional, lo que en realidad hay es un menor recaudo fiscal por vía de dividendos de Ecopetrol, pero no una asignación directa de recursos para cubrir los costos de producción. La percepción de subsidios, entonces, es relativa.
La discusión sobre si ajustar el modelo actual debe centrarse en el destino de los recursos adicionales que se obtendrían de aumentar el precio del diésel, por ejemplo. Algunos argumentan que estos recursos deberían destinarse a áreas fundamentales como justicia, seguridad, educación y salud. Sin embargo, de no aplicarse esos incrementos, se podría ofrecer una mayor competitividad al sector productivo, lo que beneficiaría a toda la sociedad.
Aquí es donde se enfrenta la visión del gobierno actual, cuyo enfoque sistemático ha sido aumentar el costo de producir bienes y servicios en Colombia. Aunque el gasto público ha evitado un mayor deterioro del empleo, esto no es sostenible a largo plazo. Lo que Colombia realmente necesita es más emprendimiento y empleo productivo, no más burocracia y subsidios que promueven la improductividad.
En este contexto, no parece conveniente aumentar los recaudos en un gobierno que ha demostrado ser mal administrador y está sumido en escándalos de corrupción. Sería más sensato permitir que el sector productivo, el principal consumidor de diésel, se beneficie de la ventaja competitiva de la autosuficiencia petrolera de Colombia, impulsando así el crecimiento económico.
Finalmente, debemos mirar a largo plazo. Si no se corrige el rumbo en materia de hidrocarburos, sin nuevos contratos de exploración y desarrollo de yacimientos no convencionales, la autosuficiencia petrolera que hoy nos da ventaja competitiva estará seriamente comprometida. Ya lo estamos viendo con el gas natural, y pronto lo viviremos con la gasolina y el diésel.
