La celebración de la COP16 en Colombia este año pone al país en el centro de la agenda climática global, destacando sus ricos recursos naturales y la importancia de su biodiversidad para el equilibrio climático mundial. Sin embargo, detrás del foro internacional, donde se discuten estrategias para mitigar el cambio climático, persiste una serie de problemáticas nacionales que reflejan una intersección crítica entre las luchas ambientales y los conflictos sociales y políticos.
El paro de mineros y mineras tradicionales y artesanales en Colombia es un grito por justicia, no solo laboral, sino también ambiental y empresarial. Los mineros tradicionales y artesanales, que en su mayoría practican la minería de subsistencia, se enfrentan a la debilidad en las regulaciones que les permitan ejercer su trabajo de forma legal y segura, al estigma de ser considerados destructores del medio ambiente, a la extorsión y al despojo de sus empresas por parte de grupos armados ilegales.
A diferencia de las grandes compañías mineras, que suelen actuar con impunidad, los pequeños mineros son criminalizados por sus prácticas, sin contar con un apoyo adecuado para la transición hacia técnicas más sostenibles. El gobierno nacional debe profundizar la ruta iniciada de formalización y hacer posible que la minería artesanal y ancestral juegue un papel crucial en la adopción de prácticas mineras menos nocivas para el medio ambiente.
Los páramos son ecosistemas esenciales para la regulación del agua y la preservación de la biodiversidad; no obstante, los campesinos que habitan estas zonas se enfrentan a una disyuntiva: seguir en la actividad agropecuaria a pequeña escala para sobrevivir o ser desplazados debido a la necesidad de la conservación ambiental. Aunque los páramos están protegidos por ley, la realidad es que las comunidades rurales en estas áreas carecen de alternativas económicas sostenibles.
Las restricciones, aunque necesarias, impuestas unilateralmente, sin un enfoque participativo, solo generan tensiones y conflictos que terminan afectando tanto a las personas como al medio ambiente. La creación de programas de sustitución de actividades económicas y el apoyo directo a estas comunidades es esencial para garantizar una protección efectiva de los páramos.
Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para las y los defensores del medio ambiente. Indígenas, afrodescendientes, campesinos y activistas que luchan por la protección de sus territorios y recursos naturales son asesinados de manera sistemática. La COP16, que promueve el diálogo global sobre el cambio climático, debe también ser una plataforma para visibilizar este problema y exigir medidas de protección para quienes arriesgan sus vidas defendiendo el medio ambiente.
Estos asesinatos son el reflejo de una lucha de poder entre intereses económicos, como la gran minería, la minería ilegal, esta última ligada al lavado de activos y la financiación de grupos armados, la deforestación y las comunidades indefensas que buscan preservar sus territorios. Sin justicia para los defensores del medio ambiente, cualquier esfuerzo por mitigar el cambio climático será insuficiente. La protección de los recursos naturales está intrínsecamente ligada a la protección de quienes los cuidan y al cambio del modelo depredador que destruye zonas estratégicas, como el nudo de Paramillo, cuyas maderas sustraídas ilegalmente terminaron usándose en el programa de reconstrucción de Providencia.
Recientemente, ha salido a la luz la compra ilegal del software de espionaje Pegasus al Estado de Israel, al parecer por parte de sectores del Estado en Colombia, lo que plantea serias preguntas sobre el respeto a los derechos humanos y la democracia en el país. Este programa, que se ha utilizado para espiar a activistas, periodistas y líderes sociales, también tiene implicaciones directas en la lucha ambiental. El posible espionaje a defensores y defensoras del medio ambiente a través de Pegasus no solo sería una grave violación de sus derechos fundamentales, sino también una estrategia de intimidación para desmotivar a quienes luchan contra proyectos extractivos destructivos.
La COP16 en Colombia debe ser mucho más que un evento internacional centrado en la reducción de emisiones y la conservación de la biodiversidad. Para que las políticas climáticas globales sean efectivas, es crucial que se aborden las luchas sociales y políticas que se desarrollan en paralelo. Colombia tiene la oportunidad, como anfitriona de la COP16, de liderar un cambio hacia un modelo de sostenibilidad que no solo conserva el medio ambiente, sino que también garantiza justicia social y política. Este cambio debe comenzar por proteger a las comunidades y a los líderes que, día tras día, arriesgan sus vidas por un futuro más justo y verde. Sin ellos, la lucha contra el cambio climático será incompleta.
