Se estima que hay entre cinco y seis millones de colombianos viviendo en el exterior. Los únicos dos entes territoriales que tienen mayor cantidad de población en el país son Bogotá y Antioquia. No obstante, mientras que Bogotá tiene dieciocho curules en la Cámara de Representantes y Antioquia diecisiete, los colombianos en el exterior únicamente tienen una silla en el Congreso de la República.

Podría uno argumentar que la estadística no es comparable puesto que los colombianos que han salido del país se encuentran diseminados por todo el mundo, o que la misión de la Cámara de Representantes es darle representatividad a los territorios en el legislativo y la colombianidad en el exterior no funciona bajo la lógica de entes territoriales al ser ciudadanos de todas las regiones del país y en los cinco continentes.

Argumentos comprensibles, pero que dejan de lado un hecho innegable: emigrar no elimina los derechos políticos. Cualquier ciudadano que haya salido del país, sin importar las razones o el tiempo que lleve por fuera tiene derecho a elegir y a ser elegido, tiene derecho a ver sus intereses representantes en los espacios de toma de decisiones y a buscar la manera de que las leyes que se hagan en el Congreso los impacten de manera positiva o no les generen obstáculos.

Dirán algunos que una vez una persona sale del país ya no tiene que preocuparse por las leyes colombianas porque estas sólo aplican en el territorio nacional. Se le olvida que muy rara vez la persona que sale corta todo vínculo con Colombia – no por nada las remesas son el segundo renglón de ingresos después del petróleo – por lo que las disposiciones normativas que se hacen en el Congreso de la República los afectan de forma directa o indirecta.

Por ejemplo, cualquier reforma tributaria tiene implicaciones para quienes viven en el exterior pero mantienen inversiones en Colombia. La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas tiene contempladas medidas para las víctimas del conflicto armado colombiano que han tenido que salir del país por la violencia. La Política Integral Migratoria (PIM) contiene una gran cantidad de medidas pensadas para quienes están afuera y quienes desean retornar, política establecida en una Ley de la República. Incluso en la reforma pensional se debía haber tenido espacio para los colombianos en el exterior que se encuentren cotizando pensión en Colombia o deseen hacerlo.

Es claro entonces el impacto que tienen las leyes para los que están por fuera. Sumado esto a la cantidad de migrantes colombianos que hay por el mundo, no tiene sentido que haya sólo una curul en la Cámara de Representantes para la colombianidad en el exterior. Antioquia tiene diecisiete curules para recoger las posturas de sus más de 6 millones de habitantes, diecisiete opciones distintas para todo el espectro político que hay en el departamento, para dar la pelea por los intereses de los antioqueños, pero estamos cargando a una sola congresista a representar los intereses de más de cinco millones de personas que al igual que en cualquier parte del país no se identifican con una única posición política ni tienen unos intereses homogéneos.

Carmen Ramírez, la Representante a la Cámara por la colombianidad en el exterior, presentó una iniciativa legislativa para modificar la Constitución y asegurar al menos una curul más para quienes no viven en Colombia. Una iniciativa que respaldo y considero que responde a una necesidad urgente. Hago el llamado a los congresistas y al Gobierno Nacional para lograr que los más de cinco millones de colombianos que viven por fuera del país tengan una participación equitativa en el Congreso.

Alejandro Toro