Esta semana que terminó, ocurrieron dos acontecimientos importantes en materia de juventud y educación que, aunque parecen distantes, son elementos de un mismo entramado y susceptibles de correlacionar, para identificar algunas posiciones de sectores políticos que, no precisamente brillan por su coherencia política y que se dedican a cualquier costo, incluyendo la mentira y la manipulación, a tratar de desprestigiar al llamado Gobierno del Cambio, sea que este tenga la razón o no la tenga. El 15 de mayo tuvo lugar la Sesión Conjunta del Subsistema de Participación Juvenil, promovida por el Ministerio de la Igualdad, y la segunda, fue el nombramiento como ministro de Educación ad hoc, del apreciado Ministro de Cultura Juan David Correa, con el objetivo de ejercer la inspección y vigilancia en el caso de la designación del rector de la Universidad Nacional.
En el encuentro de representantes juveniles con el presidente Gustavo Petro U (haciendo uso de la democracia representativa para legitimar la participación), un selecto grupo de jóvenes de diversos sectores políticos y sociales, como nunca antes había ocurrido en administración alguna, deliberaron abiertamente y sin temor a ser señalados, perseguidos, desparecidos, estigmatizados o asesinados, de tú a tú, con el Presidente y la Vicepresidente de la República. Esta nueva situación, inevitablemente promovió, en un ambiente de respeto, deliberación, arengas y gritos, propios de la democracia, que emergieran diferentes puntos de vista, algunos de los cuales estuvieron cargados de reclamos objetivos, frente a las expectativas que gran parte de la juventud, depositó en el gobierno de izquierda, y que seguramente no han sido resueltas satisfactoriamente.
En medio de los intercambios de opinión, surgió un tema que es el que motiva mi modesta opinión, y me refiero directamente al hecho de que paradójicamente, algunos jóvenes ratificaran su exigencia al Gobierno Nacional, para que mantuviera la política de becas universitarias que se le entrega a algunas universidades privadas, para que en estas puedan hacer su pregrado, un limitado grupo de estudiantes pertenecientes a sectores populares. Esquema de beneficios que favorece el ingreso de estudiantes de escasos recursos económicos a educación superior, pero que evidentemente castiga al sistema público de educación y en especial su autonomía para investigar, crear nuevos programas educativos y ampliar su cobertura y calidad. Tienen razón aquellos jóvenes que alzaron la voz, para defender la permanencia en el sistema de quienes ya se encuentran cursando un pregrado; sin embargo, esta posición no puede extenderse para defender la perpetuidad de un modelo de privatización, que no obtuvo el respaldo popular en las elecciones presidenciales, ni mucho menos el de las y los jóvenes.
Lo que la gente hoy reclama, por lo menos, quienes hemos defendido la importancia de la educación pública, científica, técnica y tecnológica, la matrícula cero, que permita que las grandes mayorías excluidas del sistema público de educación superior `convertido desde su nacimiento en un privilegio´, puedan acceder a este, en donde se reconozca y fortalezca la autonomía académica y se garantice la inversión y la sostenibilidad progresiva, adecuada y pertinente, es que se mantenga esa ruta de fortalecimiento, que se acelere su implementación y se promuevan subsidios adicionales que garanticen las condiciones adecuadas de permanencia, evitando la deserción escolar, de tal forma que nuestra sociedad se fortalezca, al contar con nuevas generaciones masivas de profesionales, técnicos y tecnólogos, con capacidad para asumir los retos y las trasformaciones que se necesitan para avanzar hacia un país en paz, profundamente democrático y equitativo, capaz de recuperar, si algún día la tuvo, su soberanía como Estado. Seguramente, muchos y muchas de los nuevos profesionales, no saldrán a construir equidad y democracia, porque su construcción política y de valores no se los permita, pero estoy convencido de que la gran mayoría, aportarán su grano de arena para que la educación pública siga fortaleciéndose.
Esa, señoras y señores de la oposición, que manipulan la información a su antojo, incluso a consta de su poca coherencia política, y que no gustan de que los empobrecidos y empobrecidas, accedan a un título universitario, porque eso significa promover en los sectores populares, en los trabajadores y campesinos, pensamiento propio, capaz de emanciparse de las injusticias, es lo que les duele de los programas de fortalecimiento de la educación pública, por la que han sido perseguidos, masacrados, asesinados, desaparecidos, encarcelados, mutilados, y torturados, miles de jóvenes en Colombia, desde antes y después de aquel fatídico 7 de junio de 1929, cuando fue asesinado el estudiante Gonzalo Bravo P.
Es en este componente, el de la autonomía universitaria, consigna enarbolada con fuerza por los estudiantes universitarios que retumbó en las paredes del León de Greiff, en el Encuentro Nacional Estudiantil “Chucho Peña”, celebrado en febrero de 1987, el de la exigencia de “más presupuesto para la educación, menos para la represión”, en donde se relacionan el encuentro de jóvenes y el Gobierno Nacional, con el decreto que nombra al Ministro ad hoc.
Quienes han promovido el debilitamiento académico y presupuestal de la Universidad Nacional y de la educación pública en general, limitando su autonomía real, y/o quienes no escatiman esfuerzos para exigir que la Fuerza Pública ingrese a los establecimientos educativos violando dicha autonomía, aún a consta de la vida de estudiantes, docentes, administrativos o trabajadores, ahora se vuelven defensores a ultranza de dicha autonomía, convirtiendo un anhelo de la comunidad académica, en una sarta de mentiras para deslegitimar la voluntad del Gobierno y la decisión de la consulta, en relación con la elección de un nuevo rector o rectora.
No están preocupados por la democracia interna, por la autonomía, el desarrollo o la calidad de la educación, su único interés es deslegitimar una acción de gobierno que, aunque seguramente no está exenta de errores, busca garantizar que el poder decisión de la comunidad universitaria, expresada en el mayoritario apoyo a un aspirante a la rectoría, sea respetada. No se trata solo de una elección, se trata de también, de una labor de formación de nuevas ciudadanías profesionales, capaces de vivir y recrear la democracia directa, la participación y el poder constituyente. Es en ese sentido, como interpreto la inédita decisión del presidente, en relación con la elección de rector. De nada vale una educación profundamente científica, si no se promueve adicionalmente, al menos, el aprender a hacer, aprender a ser y el aprender a vivir juntos.
La autonomía universitaria, la construcción de saberes y el desarrollo de capacidades para vivir en comunidad, debe cuestionar los alcances de las consultas, para trascender hacia el respeto a la opinión mayoritaria promovida democráticamente. Esto que ocurrió en el Encuentro Juvenil con el Gobierno y lo que ocurre al interior de la Universidad Nacional, son dos manifestaciones de una misma causalidad, ligada indiscutiblemente a la crisis de la democracia en Colombia, a la debilidad en el reconocimiento del poder que reside exclusivamente en el pueblo y al temor de que el pueblo hable y ese hablar se convierta en un mandato. Más allá de la espectacularidad que les imprimieron a las noticias, en especial, magnificando una oposición (real o no) al Gobierno del Cambio, lo que dejan claro, estos pasajes de una misma discusión, es que la juventud y los estudiantes reclaman más democracia, más derechos, más educación, más y mejores condiciones de vida que la sociedad en general y el Estado en particular deben asumir.
Nota adicional: en momentos tan delicados como los que estamos viviendo, ¿saben ustedes para qué sirve o qué está haciendo, la Consejería Presidencial para la Reconciliación?
