Imaginarnos un escenario donde nuestros hogares y empresas puedan monitorear sus consumos de manera automática, curvas de carga las 24 horas del día… permitiéndoles analizar su operación de manera rápida y generando estadísticas sobre sus días de mayor consumo, hora pico y fugas que se podrían corregir por una operación mal administrada, es una oportunidad que cualquier empresario pensaría razonable en su operación.
Pero… ¿En qué va el proceso?
Devolviéndonos al pasado, en el año 2021 se presentó la ley 2099, que establecía algunos puntos que nos permitirían direccionarnos hacia la medición inteligente, y a cambio se obtendrían incentivos tributarios: “las empresas prestadoras del servicio de energía deberán asumir los costos asociados a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores inteligentes de los que trata la presente Ley. De ninguna manera este costo podrá ser trasladado al usuario en la facturación o cualquier otro medio”.
Evidentemente para cualquier distribuidor o comercializador, no es atractivo realizar un recambio tecnológico sin ver un retorno de la inversión, implicándole un flujo de caja por cerca de $9 billones a costa de nada.
Teniendo esto sobre la mesa, la corte constitucional la declaro inconstitucional, mencionando que violaba la recuperación de los costos.
Mas adelante, para el año 2022, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó la resolución 101 001, por medio de la cual se establecen las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada.
En la resolución, las compañías deberían presentar un plan de trabajo, permitiéndoles desplegar dicha tecnología. Esto, en un periodo no mayor a 120 días, después de expedir la circular de la Creg con material, formatos, protocolos, procedimientos y contenido objeto de inicio.
Esta circular nunca les llegó y las empresas se quedaron en el aspirar. A hoy día, no hay un modelo de implementación de AMI en los comercializadores o distribuidores; muchos comercializadores lo vienen realizando por su modelo de negocio y valor agregado, que pudiese ser un piloto para el monitoreo no solo del flujo global de la energía de un cliente, sino también sus redes internas como valor agregado… generando fidelidad e ingresos extras para el negocio.
En este año, 2024, se han instalado cerca de 200.000 medidores inteligentes de acuerdo con las cifras entregadas por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS. Haciendo el cálculo, no es ni el 1%, si esperamos instalar más 14 millones de medidores en nuestros hogares y llegar al 75% de la meta para ese año (es decir 2 millones por año).
De acuerdo con la Cámara colombiana de Energía, la ruta crítica radica en El establecimiento del Gestor Independiente de Datos e Información (Gidi), “cuya creación depende al parecer de estudios en ejecución de la Creg… y que probablemente se publiquen en 2025”.
Evidentemente, no se va ha lograr la meta propuesta, según lo anterior, podríamos tener los planes piloto entre 2026 y 2027, además, teniendo varios componentes en política pública sin solucionar, principalmente en coste, sumándole la mano de obra y mantenimiento de los equipos.
Para llegar, se deben generar acciones más competitivos y tangibles que un beneficio tributario, donde, en ocasiones y de acuerdo al proceso, el usuario o las compañías ni lo pueden utilizar.
