La inseguridad en Bogotá no da tregua. Los bandidos siguen haciendo de las suyas y las autoridades parecieran no tener la capacidad de ponerlos en su sitio. Las cifras de homicidio, hurto y extorsión han aumentado considerablemente con el paso de los días, al igual que el miedo y el inconformismo de los bogotanos.
Esta realidad responde a diferentes causas y factores, que el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, debe atender de inmediato si realmente espera que Bogotá “camine segura”. Una de ellas, es la ineficacia del Distrito para garantizar que los delincuentes capturados permanezcan tras las rejas. Actualmente, cerca del 70% de las personas capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá son dejadas en libertad, pocas horas después de haber sido puestas a disposición de un juez. Entre otras razones, porque no hay espacios físicos donde puedan ser recluidas.
La ciudad tiene 2 establecimientos de reclusión, el Centro Especial de Reclusión (CER) y la Cárcel Distrital, con una ocupación de 90% y 98%, respectivamente. De igual forma, cuenta con veintiún (21) Centros de Detención Transitoria (CDT), la URI de Puente Aranda y las Estaciones de Policía de 20 localidades, que ofrecen en total 1.227 cupos. No obstante, hoy en día, 2,999 personas permanecen en estos CDT, sobrepasando 144% su capacidad. Es decir, no hay cupo para recluir una persona más. Por ese motivo, vemos casos como el de los 13 atracadores que fueron sorprendidos por la policía, hurtando a mano armada en la estación de Transmilenio de la calle 26. Si bien fueron capturados, un juez prefirió que estuvieran en la calle, por las dificultades y los costos que implicaría privarlos de la libertad.
Esta semana, radicamos en el Concejo de Bogotá, un Proyecto de Acuerdo, que busca adoptar medidas para el deshacinamiento de los Centros de Detención Transitoria y el aumento de cupos carcelarios. El articulado, entre otras cosas, exhorta a la administración de Galán a construir una megacárcel para sindicados que permita recluir la totalidad de personas cobijadas con medidas de privación preventiva de la libertad. El proyecto, además, plantea la posibilidad de implementar estrategias para celebrar alianzas público-privadas (APP) como instrumento para la vinculación de capital privado en la construcción de la megacárcel. De hacerlo, Bogotá se acercaría a los estándares internacionales que piden 1 cupo carcelario por cada 250 habitantes, garantizaría el cumplimiento de la ley y liberaría 400 policías que custodian los CDT.
Esperamos que el proyecto avance satisfactoriamente en el Concejo de Bogotá y que sea tenido en cuenta por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la elaboración del Plan Distrital de Desarrollo. El alcalde Galán tendrá la última palabra: ¿los delincuentes en la calle o en la cárcel? Porque Bogotá requiere una megacárcel ya.
