El fin de año siempre nos invita a detenernos. A mirar lo recorrido, a medir los avances y a reconocer también aquello que sigue pendiente. En medio de balances personales y colectivos, el cierre de este año nos encuentra como país en un momento decisivo: con debates abiertos, tensiones políticas evidentes, pero también con transformaciones que no pueden ser leídas únicamente desde la confrontación, sino desde su impacto real en la vida de la gente.

El fin de año no es solo un ejercicio de nostalgia o de cierre simbólico. Es, sobre todo, un momento político. Un tiempo para evaluar con honestidad qué decisiones han ampliado derechos y cuáles siguen reproduciendo desigualdades estructurales. En un país atravesado por la pobreza, el racismo, el clasismo y el patriarcado, el balance de este gobierno no puede hacerse desde la comodidad de los indicadores macroeconómicos, sino desde la vida concreta de quienes históricamente han sido excluidas y excluidos.

En ese sentido, el aumento del salario mínimo debe ser defendido con claridad. No como una concesión, sino como una medida mínima de justicia social. En Colombia, la precarización laboral tiene rostro de mujer: mujeres jefas de hogar, trabajadoras informales, cuidadoras no remuneradas. Aumentar el salario mínimo es reconocer —aunque aún de forma insuficiente— que el trabajo sostiene la vida y que no es aceptable que millones de personas sobrevivan con ingresos que no alcanzan para lo básico. La narrativa del “riesgo económico” ha servido durante décadas para justificar salarios indignos; hoy es necesario disputar ese discurso desde una ética feminista que ponga el cuidado y la vida en el centro.

Sin embargo, un enfoque feminista también exige ir más allá de los logros puntuales. El próximo periodo requiere inversiones profundas y estructurales que no reproduzcan el modelo extractivista, excluyente y patriarcal que ha concentrado la riqueza en pocas manos. Invertir en educación pública, salud integral —incluida la salud mental—, empleo digno y economías del cuidado no es una opción ideológica: es una urgencia política. Sin redistribución real de recursos, no hay igualdad posible, solo retórica.

En este marco, es imprescindible cuestionar de manera abierta el modelo de entidades como Colfuturo. Aunque su trayectoria y experiencia son innegables, su funcionamiento ha estado históricamente orientado a élites económicas y sociales. Un país que se dice comprometido con la justicia social no puede seguir financiando oportunidades internacionales solo para quienes ya tienen privilegios acumulados. Desde una mirada feminista y popular, equilibrar la balanza implica garantizar que las y los jóvenes más pobres, especialmente mujeres, personas racializadas y habitantes de territorios excluidos, puedan estudiar en el exterior sin endeudarse de por vida ni enfrentar barreras estructurales. Sacar adelante al pueblo colombiano pasa, necesariamente, por democratizar el acceso al conocimiento. La educación es —y sigue siendo— la única herramienta real para romper ciclos de pobreza, violencia y exclusión.

Este balance político también debe incluir nuestra relación con el planeta y con los animales. El feminismo ha sido claro: no hay justicia social sin justicia ambiental. La lógica de dominación que explota cuerpos humanos también destruye territorios, ríos y ecosistemas. Persistir en un modelo de desarrollo que sacrifica la vida en nombre del crecimiento económico es una forma de violencia estructural. La defensa de la vida, en todas sus expresiones, debe ser una prioridad política y ética.

Asimismo, no podemos hablar de democracia mientras persistan la segregación y la discriminación. La igualdad de oportunidades no se decreta: se construye enfrentando el racismo, el machismo, la lesbofobia, la transfobia, el clasismo y el capacitismo que siguen definiendo quién accede al poder y quién queda en los márgenes. Un enfoque feminista no se conforma con inclusión simbólica; exige transformaciones materiales que garanticen autonomía, participación y vidas libres de violencias.

Cerrar el año implica asumir que los avances logrados son importantes, pero insuficientes. El balance de este gobierno debe ser crítico, sin concesiones a la nostalgia ni al miedo al cambio. El próximo periodo no puede ser de tibiezas. Necesita decisiones valientes que profundicen la justicia social y rompan con los pactos históricos de exclusión.

Recibimos el 2026 como un año especial, de cambio astral, potente y poderoso. Que este nuevo ciclo nos encuentre con mayor conciencia colectiva, con feminismos fuertes y con un compromiso real con la vida digna. Que sea un año para redistribuir el poder, cuidar la vida y transformar lo que durante demasiado tiempo se nos dijo que no podía cambiar. Feliz año nuevo.

Marcela Clavijo