Yo sufría mucho con la duración de la pila de mi celular, después aprendí que Apple, en una demanda de 2017 conocida como “Battery Gate,” admitió que intencionalmente diseñaba las actualizaciones del IPhone para que los teléfonos operaran más lentos y que la batería durara menos. En lo que sería una innovación en el derecho del consumidor, la senadora Laura Fortich busca proteger al consumidor colombiano de esta terrible práctica. Hay que prohibir que los productores artificialmente limiten la vida útil de productos a través de fallas tecnológicas deliberadas o la no disponibilidad de servicios o repuestos. Iniciativas como esta, hay que apoyarlas.
Batallas contra los gigantes del comercio son casi que quijóticas cuando una senadora se enfrenta contra intereses económicos de esta magnitud, no es solo el mercado colombiano, el precedente internacional es importante. Es verdad que en la agenda existen temas de polémica nacional, pero también se necesita solucionar los problemas del día a día de los ciudadanos. No puede ser que, a pesar de los grandes avances científicos en tecnología y materiales, la Universidad de Bonn haya documentado que para los principales electrodomésticos la tasa de defectos aumentó del 3.5% al 8.3% dentro los primeros cinco años, entre 2004 y 2012. Se vuelve tan eficiente la producción que, con tal de mantener ventas, hay que inducir fallas.
Es verdad que la competencia del mercado castiga las marcas que practiquen la obsolescencia programada, pero la práctica se mantiene en mercados oligopólicos. Se puede fomentar la disminución de la vida útil, si las empresas tienen que tener claro que el consumidor tiene poca variedad o donde existe lealtad con la marca como es el caso de celulares. Solo de esta manera se puede explotar la asimetría de saber cuánto podría durar el producto, si, por ejemplo, el consumidor se acostumbra a cambiar de producto en un tiempo programado. Efectivamente no hay que renovar teléfono inteligente todos los años.
En muchos casos la obsolescencia programada se refleja no en el producto, sino en su servicio. Lo que causó la indignación en Francia, país que fue el primero en legislar en la materia, fueron los cartuchos de impresora. Contra la firma Epson, se demostró que, aunque la impresora estaba funcionando perfectamente, la impresora “anuncia” falsamente que no puede imprimir por falta de tinta o que el cartucho como tal dice no tener tinta, a pesar que la tiene. De esta misma manera, una firma puede volver obsoleto un producto sin fallas acabando sus repuestos, mantenimiento o haciéndolo no compatible con un nuevo sistema operativo.
Desde 1923 un cartel de productores de bombillos conscientemente frenó el avance tecnológico de las luminarias. La ley en trámite de congreso: vuelve vinculante la vida útil, obliga al fabricante a anunciar su compromiso con respuestas y servicio, añade protecciones para los productos, genera multas, define conductas y procedimiento para proteger derechos. Adicionalmente, le da la instrucción a Colombia Compra Eficiente de considerar la obsolescencia programada en las compras del Estado. Estos son cambios que necesita el país. Todo esto sin mencionar el beneficio ambiental de evitar millones de toneladas de desechos para el medio ambiente.
