Las columnas de las próximas semanas las voy a dedicar a la agenda de sostenibilidad del Pacto Histórico, la agenda de transformación socio-ambiental que hay que llevar al congreso en el año 2022 con unas mayorías progresistas y democráticas. Quiero empezar a soñar e inspirar una conversación, de lo que sería posible, si por primera vez en la historia cambiamos la correlación de fuerzas en el anquilosado y corrupto congreso de Colombia.
Siento que este es un momento definitivo para aquellos y aquellas que hemos acompañado a comunidades; para las comunidades mismas, las cuales han defendido territorios invaluables; para quienes han impulsado causas para replantear este modelo económico y social, depredador e insostenible; para las y los que hoy entendemos la Emergencia Climática en su doble acepción de “emergencia”: como aquello que está fuera de control, el clima y la relación de la civilización con la naturaleza y “emergencia” en términos de lo que puede emerger de esta crisis, que no es otra cosa que una humanidad distinta. Todos y todas estamos listos para pasar de la resistencia al poder.
Y esta posibilidad no es menor en un país como Colombia, cuya naturaleza diversa, delicada, exquisita, está en riesgo. Pero también, por esa diversidad, la vida en nuestros territorios, tiene la posibilidad de adaptarse creativamente, como lo hace siempre frente al cambio adverso. Eso solo es posible si, como sociedad, dejamos de empeñarnos en destruir lo que queda, como se ha hecho históricamente y cómo se hace ahora, cuando decidieron, por ejemplo, embalsar el segundo río más importante de Colombia, el Cauca, para producir energía, no para los ciudadanos, sino para la industria minera, matando de paso, la vida misma del río y el sustento de más de diez millones de personas.
En esa locura capitalista, se quieren cavar miles de pozos de fracking en el valle del Río Magdalena; están talando la Amazonía para concentrar tierras; ya desviaron el Arroyo Bruno dejando sin agua a los Wayuú, para servir a la industria del carbón; se empeñan en sacar oro de las montañas de Antioquia; así como de la estrella fluvial del macizo colombiano en Nariño; pretenden llenar de cianuro y otros químicos mortales, al páramo de Santurbán para extraer oro; quieren reiterar la ampliación de la carretera que afectó gravemente a la Ciénaga grande de Santa Marta, en un diseño en el que paso del agua del río hacia la Ciénaga, se hace por unos pequeños box culvert, insuficientes para este fin; anhelan construir el puerto de Tribugá en Nuquí, afectando a uno de los lugares más paradisiacos del planeta; insisten en acabar con la bahía de Taganga, no contentos de haber llenado de carbón la bahía de Santa Marta; pretenden llenar de palma africana la Orinoquía y pavimentar la Sabana de Bogotá. Sueños febriles de dinero, no muy diferentes a los de los conquistadores en tiempos del Dorado.
Y en ese resistir de las comunidades y la ciudadanía, este país violento está dejando muertos. Colombia fue el estado con mayor número de líderes ambientales asesinados en el año 2019, de acuerdo a la ONG Global Witness, siendo los indígenas, guardabosques y activistas los más afectados. Estas son las personas que se encuentran en mayor riesgo, por oponerse a toda actividad productiva que produce el cambio climático. Es una guerra violenta contra los que luchan por un modelo de sociedad democrático, en el que formas diversas de existir con la naturaleza son respetadas. La aplanadora del capitalismo concentrado, no solo arrasa con los ecosistemas, sino con sus defensores.
Por eso, estos defensores de la naturaleza se unieron con fuerza al Paro Nacional del año 2019. Lo primero que pedían era la defensa de su propia vida y garantías del Estado para poder participar en decisiones que deben ser democráticas, como lo afirma la constitución de 1991.
Como América Latina es una de las regiones del mundo, con mayor riesgo para la vida de los defensores ambientales, 22 países de la región se reunieron en el marco de Naciones Unidas para firmar el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” en septiembre del año 2018 en la ciudad de Escazú en Costa Rica.
El acuerdo busca generar garantías para que las comunidades y ciudadanía puedan acceder a la información de las decisiones que los afectan, que esta sea oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, con una correlación de poder que permita una incidencia efectiva de los grupos más vulnerables. Que los estados se comprometan a procesos transparentes, inclusivos y oportunos, de participación pública, en las actividades que puedan afectar el ambiente o la salud y que hayan garantías en la justicia para dirimir conflictos socio-ambientales. Además, adopta medidas concretas para la protección de la vida de los líderes ambientales.
La ratificación en el Congreso de Colombia de este acuerdo, en el contexto de ser el país, que en el año 2019, tuvo el mayor número de asesinatos de defensores ambientales, fue una de las reivindicaciones clave de los ambientalistas como producto del Paro Nacional.
El presidente, como compromiso frente a esta reivindicación, radicó el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú, en julio del 2020, junto con otros cuatro proyectos que tenían mensaje de urgencia. Estamos a marzo del año 2021, la maquinaria burocrática, aceitada con sendos ministerios de la coalición de gobierno, ya tramitó y aprobó 4 de esos proyectos, mientras el Acuerdo de Escazú ni siquiera inició primer debate.
El fuerte lobby del Consejo Nacional Intergremial, que se opone con pies y manos al mismo, no ha permitido avanzar. En este consejo se sientan ni más ni menos, todos los gremios de Colombia, entre los que se encuentran: Acm, Acolfa, Acp, Acopi, Acoplásticos, Analdex, Anato, Andi, Andesco, Asobancaria, Asocaña, Asocolflores, Asofiduciarias, Asofondos, Asomovil, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fasecolda, Fedegan, Fedepalma, Fenalco, Fenavi, Naturgas, Sac.
Los productores de gas, de plásticos, de palma, los constructores, las empresas de infraestructura, los de la caña, los banqueros, los del turismo, los productores de pollo, los ganaderos y terratenientes, se oponen a que se proteja a los líderes sociales y ambientales, porque están en contravía de sus intereses, los que, en muchas ocasiones, no tienen en cuenta a ninguna forma de vida, con tal de lograr sus fines. También se oponen a que el gobierno colombiano responda por esta omisión frente a la comunidad internacional.
El proyecto lo tiene engavetado el Senador Juan Diego Gómez Jiménez del Partido Conservador, el mismo que en su perfil de twitter se autodenomina cómo “abogado defensor de los Derechos Humanos y el medio ambiente” y quien es presidente de la Comisión Segunda del Senado, en dónde debe empezar el trámite.
El presidente Iván Duque puede enviar un mensaje de insistencia para bloquear la actividad legislativa de dicha comisión y obligar a su trámite, pero tampoco lo hace. Se oponen en el Congreso de Colombia el partido del mismo presidente, el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, la coalición de gobierno, que en este tema se hace ‘la de las gafas’, con la complicidad de una lánguida voluntad política del gobierno.
Podemos seguir resistiendo, hay que hacerlo, movilizándonos y exigiendo la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República. Sin embargo, solo queda un año para las próximas elecciones. Es hora de dejar de esperar lo que está clase política, financiada por los intereses del Comité Intergremial, no va a dar.
La ratificación del Acuerdo de Escazú, por parte del Congreso de la República, se dará por tarde en el segundo semestre del año 2022, si elegimos un congreso de la gente y para la gente, no un congreso de los intereses económicos legales e ilegales.
Este debe ser el primer compromiso ambiental del #Pacto Histórico que propongo en la agenda socio-ambiental de cambio: Ratificar el Acuerdo de Escazú y con ello empezar a garantizar la democracia en los territorios.
@susanamuhamad – Concejal de Bogotá
