Por: Guillermo Llinás
Es conveniente pisar tierra firme para tomar decisiones cruciales que permitan a las empresas sobrevivir a la “Pandemia Económica” creada por el COVID-19.
Si el DANE contabiliza correctamente como desempleados a las personas que han perdido sus trabajos a partir de marzo pasado, probablemente llegaríamos en junio a una tasa de desempleo cercana al 30%. Las pérdidas del ingreso en los hogares llegarán fácilmente a $16 billones de los cuales hay que restar todas las ayudas del estado a los hogares que en este momento son del orden de los $2 billones.
El “regreso a la normalidad” dista mucho de ser ideal
La industria textil tiene cerca de 9.000 empresas y genera más de un millón de empleos. En Praxedis de Ibagué que adaptó sus instalaciones para fabricar tapabocas, actualmente están trabajando 60 personas de las 700 que la integran. En Fabricato de los 2.000 trabajadores que tienen están trabajando 350 personas produciendo telas con acabado especial anti fluido para tapabocas y prendas de vestir del personal de salud. Una pequeña empresa de confección de ropa de moda con 26 empleados tuvo que recurrir a crédito sin subsidio para atender un contrato de suministro de tapabocas. Los proveedores solo les venden de contado y han tenido que invertir en adecuación de las instalaciones y en indumentaria y material de desinfección diaria. Operan en punto de equilibrio y esperan que el centro comercial donde tienen tienda de venta al público reabra para vender el inventario allí encerrado y poder pagar pasivos acumulados.
Los establecimientos que venden comida se calculan en: 73 mil informales y 17 mil formales. Los costos de ingredientes e insumos han tenido incrementos: El saco de maíz pasó de $120.000 a $180.000. Entre los elementos de bioseguridad los termómetros infrarrojos, que costaban inicialmente $210.000 a las dos semanas pasaron a $450.000 y la semana pasada ya costaban $680.000.
En un restaurante campestre las ventas del Día de las Madre pasaron de $16 millones el año pasado a algunos domicilios de manera personal que no llegaron a $500.000 mil pesos este año. Se sabe de cadenas de restaurantes que han despedido personal, cerrado los establecimientos y devuelto los locales a sus propietarios.
El caso de profesionales independientes es similar. Un médico tuvo que invertir cerca de $5 millones en adecuación de infraestructura y los protocolos de limpieza y desinfección le limitan la atención de pacientes a 6 diarios cuando antes atendía 25. No queda margen para cumplir con las deudas por adquisición de equipos de dotación del consultorio.
De acuerdo con estimativos de la Superintendencia de Sociedades con una caída del PIB de 1.9% unas 2.676 empresas en su mayoría pequeñas y medianas, enfrentarían riesgo de insolvencia: pero el cálculo de caída del PIB es de un 5%, lo cual implica que serían 7.040 empresas más un número algo mayor de profesionales independientes los que enfrentarían este riesgo.
En conjunto con AC Sorar SAS, (un grupo de excelentes Asesores Jurídicos en Derecho Concursal, Reestructuración de Pasivos e Insolvencia), analizando la situación concluimos que la economía no llegará a los niveles en que se encontraba en febrero de 2020 antes de dos años, enfrentando a las empresas a situaciones inminentes de pago de sus acreencias y por lo tanto deberían acudir en forma inmediata a procesos concursales acogiéndose a la protección del Decreto 560 de 2020 y deberán negociar un plazo muerto para el pago de pasivos de por lo menos dos años.
Este decreto no solo permite unas negociaciones de emergencia, sino que además permite:
– Negociar con una categoría especial de acreedores
– Iniciar un trámite llamado recuperación empresarial que se adelanta en la etapa inicial ante un mediador en la Cámara de Comercio de la ciudad domicilio del deudor
– Tramites expeditos para llegar a acuerdos de pago
El decreto también trae unos mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el crédito y el empleo, así como unos beneficios tributarios si son admitidas en procesos de reorganización hasta el 31 de diciembre de 2020.
