Por. Guillermo Sinisterra
La pesca con dinamita consiste en lanzar un artefacto explosivo en un lugar donde se presume que hay peces, esperando que la explosión los mate y facilite su extracción para fines comerciales. Desafortunadamente después de la explosión, la dinamita no solo mata a los peces que tienen valor comercial, sino también a las especies que no la tienen, a población joven, larvas, huevos y disminuye las poblaciones de otros peces que están por encima en la cadena alimenticia. Los efectos totales de la pesca con dinamita son desconocidos, aunque al implementarla se busca un fin específico, esta práctica afecta al ecosistema en general.
La principal razón por la que los pescadores pescan con dinamita, es porque les permite obtener un resultado rápido a diferencia de las redes, los anzuelos y las carnadas que toman mucho tiempo y no garantizan una pesca comercial.
Lo que están haciendo muchos gobiernos alrededor del mundo, es afectando el sistema económico en general, usando política macroeconómica que en cierto sentido se parece a estar pescando con dinamita; dan un choque a todo el ecosistema económico con una explosión de liquidez y de política fiscal, asumiendo que todas esas políticas beneficiarán de alguna forma a la economía en general, aunque se ignoran los efectos totales específicos sobre los diferentes agentes de dicho ecosistema.
Es así como, Estados Unidos puso sobre la mesa 2.2 trillones de dólares, es decir, 10,3% de su producto interno bruto principalmente destinados a: 1. Préstamos y garantías para negocios y gobiernos estatales y locales (500 billones) 2. Pequeños negocios y trabajadores cuenta propia (350 billones). 3. Seguro de desempleo (260 billones) 4. Sector salud (150 billones) 5. Ayuda para gobiernos locales y estatales (150 billones) 6. Seguridad nacional y defensa (55 billones) y educación (31 billones) y el resto está dividido en diferentes sectores como artes, jubilados, agricultura, transporte, diplomacia, programas sociales, ayudas a las comunidades, ayuda a nativos americanos, entre otros.[1] Es decir, todos ganan.
En España el paquete de ayudas está alrededor de los 200.000 millones de euros, que equivale al 20% del PIB de ese pais, incluyendo 117.000 millones para el sector público y el resto para el sector privado. Incluye moratoria a las hipotecas, ayudas a familias, empresas e independientes.[2]
Francia por su parte inyectó 300.000 millones de euros que es el 11% de su PIB y tomó medidas como suspender el pago de servicios públicos, impuestos y cotizaciones, pagar los salarios de trabajadores recientemente despedidos por dos meses, entre otras.[3]
Pero por supuesto esos son países grandes, desarrollados y no podemos compararnos con ellos, miremos hacia el continente. Perú, puso un paquete por 26.400 millones de dólares que es el 12% de su PIB. Están subsidiando el 35% de la nómina de trabajadores que ganen menos de 500 dólares.[4]
Por su parte, el paquete económico de Chile suma 16.750 millones de dólares que es aproximadamente el 5,6% de su PIB.[5] Al igual que los otros países, Chile prioriza a los menos favorecidos, créditos a tasa 0 para las empresas con garantías estatales y mejoramiento del sector salud.
Todos estos paquetes de ayudas tienen dimensiones que no se habían visto en la macroeconomía mundial y no incluyen las inyecciones de liquidez que los bancos centrales han tenido que implementar, para que el sistema financiero pueda enfrentar los retos que esta crisis implica. Sin embargo, los gobiernos han expresado que si es necesario destinarán mayores recursos para enfrentar la epidemia, es decir que hasta el momento estamos hablando de una cota mínima.
La intencionalidad de estas políticas, no es evitar que estos países caigan en una recesión económica o que no se desacelere la economía, lo cual es imposible, sino más bien ayudar a mitigar en algo los efectos sociales y económicos que traen las reglas impuestas para enfrentar una emergencia de salud pública. Salvar la mayoría de empresas que se pueda, dar de comer a la gente que no puede salir a trabajar y fortalecer el sistema de salud, se encuentran entre las metas comunes, creo que los términos “calificadoras de riesgo y sostenibilidad fiscal” no están incluidos en los discursos y no es por irresponsabilidad, es que en situaciones como estas no son relevantes.
En Colombia, no hay una cifra oficial sobre el paquete económico que se implementó debido a la pandemia. Después de buscar en la página del ministerio de hacienda y crédito público sin éxito, y de hablar con algunos expertos como Luis Carlos Reyes director del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana o Andres Giraldo director del departamento de economía de la misma universidad, confirmé que es necesario remitirse a informes de prensa para obtener un aproximado de cuanto está dispuesto a gastar el gobierno en la actual circunstancia. Lo que se ha anunciado en diferentes fuentes, nos da un máximo absoluto de 22 billones de pesos (5.570 millones de dólares) colombianos que equivale al 1,6% del PIB, esta cifra es baja si se hace una comparación internacional y puede ser una de las causas por las que algunas de las medidas propuestas por el gobierno se estén quedando cortas. Al parecer en Colombia pescamos con anzuelo, uno a la vez.
Por ejemplo, a pesar del anuncio acerca de incrementar las garantías que da el gobierno a los créditos para pequeñas y medianas empresas a través del fondo nacional de garantías, de un 50% a un 80%, aun le deja a los bancos una responsabilidad de exponer el 20% de los recursos prestados. Como es apenas lógico, las microempresas no tienen colateral o garantías liquidas para dejar al banco por ese 20%, de un crédito que va a ser usado en pagar su nómina actual, por lo tanto no son sujetos de crédito. Y también fue anunciada la posibilidad de que las empresas se puedan financiar a través del mercado de capitales emitiendo bonos, por ejemplo, en el segundo mercado[6], pero creo que no está hecho para los independientes que tienen microempresas y apenas subsisten, es más bien una herramienta para pequeñas y medianas empresas de negocios sólidos y con cierto tiempo en el mercado. Desafortunadamente, según confecámaras, el país las microempresas proveen 1.2 millones de empleos, y no pueden beneficiarse de dichas ayudas y sus empleados tampoco son sujetos de las ayudas del gobierno.
A pesar de que las ayudas sociales del gobierno aumentaron los desembolsos para personas que ya estaban en sus programas, han dejado por fuera principalmente personas que son de estratos 3 y 4 y que están quedando desempleadas o eran independientes que ya no pueden usar sus negocios. El ingreso solidario es una solución parcial pero insuficiente a este problema.
Creo que debemos preocuparnos más por el bienestar general de la generación actual, que por calificaciones, reglas fiscales y sostenibilidades que no van a solucionar problemas apremiantes; contrario a la pesca con dinamita, la gran mayoría de efectos desconocidos de lanzar ayudas generalizadas a diferentes sectores de la población y de la industria son positivos, en las circunstancias actuales. Por favor, solo por esta vez, dejemos de pescar con anzuelo.
Departamento de Ciencias Contables – Universidad Javeriana | Columnista invitado
[1] https://www.fox2detroit.com/news/breaking-down-how-the-2-2-trillion-coronavirus-stimulus-package-will-be-dividied-up
[2] https://elpais.com/economia/2020-03-17/el-gobierno-aprobara-una-moratoria-para-el-pago-de-hipotecas.html
[3] https://www.elplural.com/economia/medidas-economicas-francia-coronavirus_235590102
[4] https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/30/peru-alista-paquete-economico-de-12-del-pib-en-lucha-contra-el-coronavirus-ministra/
[5] https://www.aa.com.tr/es/econom%C3%ADa/chile-anuncia-millonario-plan-econ%C3%B3mico-para-hacer-frente-al-covid-19/1797921
[6] El Segundo Mercado es un mercado paralelo al mercado principal, en el cual se incentiva la participación de pequeñas y medianas empresas que normalmente no cumplirían con los requisitos para emitir valores en el mercado principal (montos mínimos de emisión, calificación de riesgo, nivel patrimonial, estándares de información, etc.). Fue creado con el decreto 1019 de 2014.
