Hace unos días recibí un correo electrónico para que firmara una petición: “Libertad para ‘Epa Colombia’ Daneidy Barrera Rojas”, la invitación me tomó por sorpresa. Revisé las noticias y encontré que el pasado jueves 12 de agosto el tribunal superior de Bogotá emitió una condena de 63 meses y 15 días de cárcel sin derecho a prisión domiciliaria por “instigación con fines terroristas”, gracias al video que subió en sus redes sociales demostrando como destruía parte de una estación de Transmilenio con un martillo hace un par de años.
Realmente no sé que resulta más absurdo, si que una persona se filme destruyendo bien público y crea que eso es objeto de orgullo o risas, o que existan seguidores que tienen el coraje de creer que un acto así no debe tener un castigo ejemplar. Pensar que cualquier cosa es válida en un mundo en donde todos queremos ser escuchados, está llevándonos a convivir con acciones ilógicas, destructivas y que carecen de criterio. La señorita pidió que la filmaran dándole martillazos a una estación de un servicio público, era consciente y no contenta con eso, lo sube a sus redes para garantizar que otros la vean. No logro interpretar bien el objetivo de esa acción, salvo un afán infundado de buscar reconocimiento y seguidores a cualquier costo.
Ahora bien, puedo entender que la pena impuesta parezca desproporcionada en un país en donde hay personas cometiendo peores atrocidades y quedando en libertad por vencimiento de términos o falta de gestión en los procesos judiciales, como es el caso de los criminales que pusieron una bomba en un baño público del centro comercial Andino en Bogotá hace cuatro años, exactamente el 17 de junio de 2017, matando a cuatro personas y dejando grandes daños materiales. Sí, tener una pena de cinco años para alguien que da martillazos a infraestructura de todos parece mucho al lado de unos asesinos, cuya única condena fue de 47 meses de cárcel para una de las personas que logró llegar a un acuerdo con la fiscalía.
Entonces en medio de este circo de atropellos y erradas expresiones de la libertad de expresión, nos queda reflexionar por una parte sobre la justicia que se aplica y su efectividad, y por otra sobre el actuar de las personas que dicen encarnar en nuestras sociedades esa nueva transformación, ese progreso y ese desarrollo por el que la mayoría trabajamos.
En lo personal me cuesta trabajo entender cómo alguien quiere reivindicar una idea o promover una línea de pensamiento, destruyendo lo poco (porque es poco) que se ha logrado desarrollar en nuestras ciudades. Es difícil para mí comprender qué se gana con la quema de buses o el saqueo a comercios, a quién le parece sensato proponer que la gente salga a las calles a destruir lo que ha costado tanto tiempo desarrollar. Es tan bajito el nivel educativo de nuestra sociedad que creemos que unos ‘likes’ y hacernos unos centavos más que otros, nos da derecho para hacer lo que se nos venga en gana… lamentable y desolador porque así no hay sociedad que cambie.
El resultado de no prestar atención a que un pueblo se eduque en igualdad de oportunidades es que continuaremos viendo este tipo de personajes, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, perpetuando el nefasto pensamiento que nos dejó la mafia y el narcotráfico en el país: “el que tenga con qué que se defienda y el que no tenga que aguante”.
El caso además de mediático y llamativo, tiene muchas aristas para su análisis y hay que invertirle más tiempo para entenderlo en su totalidad, porque acá saldrán algunos a defender a la que ahora es empresaria y que cometió un error en el pasado, cosa que es cierta, pero entonces ¿no debe pagar una condena de algo que hizo, porque ahora es una buena empresaria? ¿Cuántos otros buenos vecinos no comenten errores y por ser “buenas personas” no deben pagar su delito? ¿Qué tan tolerantes como sociedad estamos dispuestos a ser con todos esos inquietos ciudadanos que están saliendo a destruir buscando con ello que su voz se escuche?
¡Epa! Tanta comprensión puede terminar en una terrible inestabilidad que nadie podrá controlar porque jugaremos el juego del ‘todo vale’. Si que hay que perdonar al que se arrepiente, paga por su falta y demuestra un cambio, pero las reglas deben ser para todos. Esa petición sí que la firmaría de inmediato.
Alfonso Castro Cid
Managing Partner
KREAB Colombia
