Gustavo Petro es un peligro y una amenaza para la democracia colombiana. Lo hemos advertido de mil maneras y en mil espacios desde el Centro Democrático, pero lastimosamente no hemos tenido eco. Solo hasta ahora, dos años después de padecer su mal gobierno, la ciudadanía ha empezado a comprender el riesgo que genera, sus delirios de chavista, para las libertades e instituciones en Colombia.
Recién llegado a la Casa de Nariño, Petro avivó desde el gobierno una violenta campaña para acabar con la fuerza pública. La salida intempestiva de cientos de sobresalientes militares y policías, la reducción de 800 mil millones de pesos del presupuesto para el sector defensa y los discursos de odio y estigmatización en contra de los uniformados, son prueba de ello. Así, poco a poco, nuestras fuerzas armadas han perdido hombres, capacidades y moral, necesarias para garantizar la paz y estabilidad de un país en jaque por el conflicto.
De igual manera, paralelamente, el presidente ha hecho lo posible y lo imposible para beneficiar, complacer y fortalecer a los peores criminales. Otorgar ceses al fuego, frenar la ofensiva militar, limitar la erradicación de cultivos ilícitos y liberar bandidos, son algunos de los ingredientes que componen su perversa receta de impunidad. Esto ha ocasionado, tal como lo demostró la Senadora Paloma Valencia, en una exposición magistral en el Congreso de la República, un aumento histórico de 3,587 hombres en armas para un total 16,767 subversivos en las filas del ELN, las FARC y el Clan del Golfo, sembrando el terror en cientos de municipios del territorio nacional, negociando libremente 230 mil hectáreas de coca y generando nuevos y peores ciclos de violencia en el país. Así, poco a poco, los violentos han ganado hombres, dinero y territorio, necesario para someter el estado de derecho.
Por si no fuera poco, en su afán por doblegar la institucionalidad y dejar el país a merced de los bandidos, Petro ha optado por fungir, en sus propias palabras, como el “jefe” del Fiscal General de la Nación, del Congreso de la República, de la Rama Judicial y de los medios de comunicación.
Para su infortunio, ni la mermelada ni los vándalos, han podido cercenar la independencia de las ramas del poder público ni alivianar los pesos y contrapesos del sistema democrático.
Hoy, el desespero y la frustración de verse limitado por la ley, lo han llevado a proponer, cual pichón de dictador, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que promueva la redacción de una nueva Constitución que le permita imponer sus funestas propuestas de país y, por qué no, perpetuarse en el poder.
Todavía estamos a tiempo, pero hay que tomar acción. Colombia entera debe reaccionar, al unísono rechazar y tomar todas y cada una de las vías constitucionales y legales para frenar los abusos de Gustavo Petro. En las calles, en las cortes, en el congreso, en las redes sociales y en las urnas, todos a defender la democracia.
