En capítulo VII de su informe de 1999 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que: “la reciente escalada de violencia y hostigamiento dirigidos contra los defensores de los derechos humanos corresponde a la degradación del conflicto durante los últimos años, e inclusive meses. La legítima labor de los defensores dirigida a denunciar los graves atropellos cometidos por las partes en el conflicto armado, ha provocado que ciertos actores busquen acallarlos por distintos medios”.
En ese entonces la Comisión observó que es con alarmante frecuencia que los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos paramilitares presumen, con base en actividades legitimas de fomento y protección de los derechos humanos, “que estos trabajadores se encuentran involucrados en actividades ilegales o se han transformado en combatientes y blancos legítimos de ataque” y “también han sido objeto de otro tipo de ataques contra sus derechos, incluida la amenaza y la violencia física, como los procesamientos penales arbitrarios”.
Más de 20 años después, los asesinatos no paran. La Comisión, en comunicado de prensa del 22 de enero de 2021, expresó su preocupación por la violencia sostenida en contra de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales registrada durante el 2020. Ante la persistencia de la violencia contra estos grupos, hizo un llamado al Estado para reforzar todas las medidas necesarias para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer sus actividades en un ambiente propicio libre de hostilidades y agresiones. Es lo mismo que hemos reclamado por décadas.
Las cifras en 2020 varían dependiendo de la metodología de la fuente. El Estado indicó tener conocimiento de 53 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurridos en este año, conforme a los casos verificados por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En efecto, el 15 de diciembre de 2020, la Oficina reportó 120 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, 53 casos han sido verificados hasta el momento. Por su parte, el Programa Somos Defensores registró 135 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos hasta septiembre de 2020. El incremento en los asesinatos, de ser verificado, sería sostenido al compararse con los 108 casos verificados por la Oficina de la Alta Comisionada y los 124 casos registrados por Programa Somos Defensores durante el 2019.
La Comisión observó que la mayoría de los asesinatos registrados en el 2020 se concentraron en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Huila, Norte de Santander, Córdoba, Nariño y Putumayo, territorios que de manera histórica se vieron afectados por el conflicto armado y que el Estado ha señalado como “Zonas de Riesgo”. El Estado ha coincidido con esta información e identificó asimismo los departamentos de Valle de Cauca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Arauca y Chocó como zonas de riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos. El análisis de la MAPP/OEA es similar.
Según la Comisión, aquellas personas que ejercen algún tipo de liderazgo comunal, como por ejemplo ser integrante de la Junta de Acción Comunal de su comunidad y aquellos que tienen representación de un liderazgo indígena o afrodescendiente serían quienes forman parte del mayor porcentaje del total de casos registrados durante el año pasado. De igual forma, los liderazgos campesinos, en particular quienes integran el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), también representan un número importante de estos crímenes. Dentro de las personas asesinadas se encontrarían firmantes del Acuerdo de Paz.
De acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Estado está obligado a proteger a las personas defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, en Colombia, durante 2020, varias de las personas asesinadas contaban con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección o fueron beneficiarias de medidas cautelares por parte de la Comisión. Cumplir con las medidas de aislamiento decretados por el Estado para hacer frente a la pandemia por el COVID-19 se volvió otro factor de vulnerabilidad: muchos de los asesinatos registrados durante el primer semestre del 2020 habrían ocurrido mientras las víctimas cumplían con estas medidas.
Respecto de la autoría de estos asesinatos, de acuerdo a información de la Fiscalía General de la Nación, 78 casos corresponderían a personas particulares, 63 casos estarían ligados a organizaciones criminales locales, 24 casos estarían relacionados con el Clan del Golfo, y 23 casos tendría relación con el ELN. El Estado indicó que el 67.7% de los presuntos autores identificados por estos delitos corresponderían a grupos armados o bandas criminales, lo cuales el Estado está obligado a enfrentar y desmantelar.
La ola de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales ha seguido sin tregua en el primer mes de 2021. Según el registro actualizado permanentemente desde el 1 de enero de 2021 del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de acuerdo de paz asesinados o desaparecidos en 2021 ascienden a 16. Las víctimas pertenecenn a los sectores sindical, cívico, campesino, ambientalistas y afrodescendientes, en los departamentos del Meta, Casanare, Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Cauca, Norte de Santander, Risaralda, Cesar y en Bogotá.
Entre las víctimas directas se encuentran Gerardo León, Diego Batancout, Gonzalo Cardona, Fernando Herazo y Feremiliano Meneses. Además, están los familiares relacionados con líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos asesinados que suman 5, entre ellos, Yolanda Zabala Mazo.
Frente a esta grave situación, vale la pena preguntarse qué podemos hacer como sociedad para proteger, reconocer y exaltar la labor y los liderazgos de personas que ponen en riesgo su vida en las diferentes regiones del país. Primero, hay que decir sus nombres y rememorar su trabajo. Las víctimas son más que cifras. El presidente Duque debería decretar el Duelo Nacional a todas las personas que han muerto en masacres, los líderes y lideresas asesinados, los excombatientes firmantes de la paz acribillados en Colombia.
Segundo, se debe retomar las ya mencionadas recomendaciones de la Comisión Interamericana en su informe temático de 2019 sobre la “Situación de personas defensoras y líderes sociales en Colombia”, que mantienen plena vigencia al día de hoy.
Tercero, para erradicar las causas de esta violencia se debe implementar todas y cada una de la disposiciones del Acuerdo de Paz. Resulta de vital importancia la presencia del Estado en los territorios, especialmente en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado, cuya necesidad de fortalecimiento institucional es mayor. Es necesario asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en la reforma rural integral. Es crucial el desmantelamiento de los grupos ilegales sucesores a los paramilitares, grupos residuales de las FARC-EP y entablar negociaciones con el ELN. Es indispensable acabar con la impunidad, garantizar una investigación pronta y oportuna de estos asesinatos. Finalmente, es nuestro deber como sociedad proteger y rodear a las comunidades étnicas y campesinas para que sigan ejerciendo su labor de defensa a su territorio, a su identidad y a sus raíces.
Aquí no hay nada de nuevo. No hace falta inventar más recomendaciones. Hay que transformar las que ya tenemos en realidad.
