El origen del alza no es de este gobierno. En Colombia estamos subiendo gradualmente los combustibles para recuperar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC- que tenía un enorme déficit estimado a finales de 2022 entre $25 billones y $30 billones (MinHacienda, 2022), generado por la suspensión de esta recuperación durante el Gobierno Duque como medida anti-inflación para ayudar a los afectados por la pandemia, y que según el ministro de Hacienda ha generado un subsidio al combustible Diésel (ACPM como lo conocemos) de 56 billones este año (Alguero, 2024).
El fondo está diseñado para amortiguar los efectos internos de las fluctuaciones de los precios internacionales, importaciones de las que dependemos entre un 20% a 30% para cubrir la demanda nacional (Arenales,2023), y que “en la práctica ha funcionado efectivamente como un subsidio a los precios de los combustibles” puesto que a los Gobiernos les ha tocado ir cubriendo sus déficits, que dicho en otras palabras, que se han generado porque en los últimos años el precio internacional ha subido más de lo que ha bajado en sus fluctuaciones normales en los mercados. Hay que eliminar los subsidios a los combustibles, no sólo por la precaria situación fiscal del país, sino para seguir la lógica de la transición energética que toda la humanidad requiere (Fonseca, 2023).
Dice el ministro Bonilla en sus intervenciones de estos días, que los camioneros habían sugerido alzas puntuales fuertes para el combustible Diésel (ACPM como lo conocemos localmente) y no las graduales mes a mes. La razón es que para el negocio del transporte es muy difícil subir los fletes a sus clientes cada mes y es más razonable hacerlo una sola vez por año o al menos una vez por semestre. Pero los bloqueos tan severos actuales enseñan que no se les pueden creer sus sugerencias.
Esta protesta recuerda los paros que durante una década y media soportamos cada año hasta hace relativamente poco. El camionero, aunque no es un gremio bien definido, ni compacto ni unido, sí tiene la capacidad de generar caos fácilmente para toda la sociedad y pérdidas estimadas en USD 300 millones por día (Moreno, 2024). Y como es fácil atentar contra un camión que no apoye el paro y hacerle un daño que cueste mucho dinero, puede aglutinar a la fuerza una protesta mayor.
Paradójicamente, cuando un camionero hace una protesta contra un aumento en el combustible significa que no entiende el contexto completo del negocio en el que está, en el cuál es sólo un eslabón de una cadena más grande que no empieza ni termina con el transporte. Si hay aumento en el precio del combustible debe haber aumento en los fletes. Sin mayor discusión.
Pero lo que sí saben los camioneros es la dificultad de subir los fletes a sus clientes. Es un mercado abierto, en donde siempre hay algún competidor más necesitado o con una estructura de costos distorsionada, principalmente por el costo de capital que representan los camiones viejos que, en teoría, y solo en teoría, hacen lo mismo que los nuevos (mayores costos en consumos, mantenimiento y sobre todo, la menor disponibilidad) del cual se aprovechan sus clientes que tienen el poder de mercado. Esos clientes se resisten y mientras los transportadores logran subir las tarifas, el mayor costo del combustible les baja directamente la utilidad. Deberían enfocarse en lograr el aumento en sus fletes y no en tratar de presionar a las malas para volver a bajar el precio del combustible. En esta contienda errada “pasan de agache” los clientes del transporte (empresas productoras y comercializadoras), quienes a su vez, cuando les llegue el mayor flete también lo transferirán a los precios finales de sus productos, con lo cual habrá un aumento en la inflación.
El impacto del aumento del combustible sobre los fletes es del orden del 40% (según la Asociación Colombiana de Camiones, García, 2024) y a su vez esos fletes participan en la estructura de precios de los productos en muy variada forma, que al subir, finalmente se traducirán en mayores precios al mercado y así en mayor inflación: según el ministro de Hacienda será de 1.4% al final del año (Alguero, 2024).
Este efecto inflacionario es un problema para el Gobierno Nacional que debe enfrentar y manejar, y no es de los camioneros que no tienen ninguna posibilidad de gestionar, como para tratar de argumentar que con su protesta violenta están defendiendo la canasta familiar de los colombianos.
Lo mismo en el caso de los buses, en donde el impacto para la ciudadanía usuaria es directo; hay que subir los pasajes si no se quiere desmejorar el negocio de los transportadores, y esas nuevas tarifas deben arreglarlas con los Gobiernos locales en sus municipios.
Camioneros y buseteros deben estar enfocados en cómo compensar los efectos de este mayor costo con mayores tarifas y no pretender que el Gobierno les arregle lo que no puede: concertar fletes en un mercado diseminado entre muchísimos privados o aprobar tarifas de servicios públicos que son del orden local. Y menos, con las vías de hecho perjudicando en forma grave e injusta a los demás ciudadanos.
