En la fase de post acuerdo de paz en la cual nos encontramos hoy, llama la atención las muchas muestras de preocupación en cuanto el tema de seguridad de exguerrilleros de las FARC. El tema anima a la Corte Constitucional, la Organización de las Naciones Unidas y el movimiento de derechos humanos nacional e internacional.

Actualmente la Corte estudia tres tutelas de exguerrilleros. En búsqueda de esclarecer los alcances de la implementación del acuerdo en su componente de garantía de seguridad, a fin de determinar si hay lugar o no a declarar el Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, ordenó requerimientos probatorios al gobierno y a múltiples entidades del Estado para el 13 de septiembre de 2021, plazo que ya venció.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación deberán informar sobre el estado actual del proceso de implementación del componente de reincorporación del acuerdo final y las acciones que ha adelantado el Gobierno, en torno a poner en consideración del Congreso los temas que se encuentran pendientes, detallando cuáles son.

La Unidad Nacional de Protección, UNP, del Ministerio del Interior deberá informar a la Corte su situación financiera, si tiene personal suficiente para sus tareas, si cuenta con enfoque de género en sus procedimientos internos para la protección de los excombatientes, y si tiene alguna ruta de evacuación de emergencia para las personas amenazadas en territorios. Debe explicar cuántas solicitudes de protección tienen, cuántas han tramitado y qué han hecho, junto a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, para agilizar los tiempos de evaluación y respuesta. Debe informar si ha revisado y fortalecido los esquemas de protección colectivos asignados para garantizar medidas idóneas, oportunas y efectivas.

El Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia deberá entregar un informe sobre sus acciones, entre las que se prevé “generar una cultura de reconciliación” y asesorar al Gobierno con el diseño de programas de convivencia y prevención de la estigmatización.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política, deberá exponer las medidas tomadas para avanzar en el diseño de una política pública y criminal para desmantelar las organizaciones que ataquen a los firmantes de paz; así como los obstáculos que se han presentado, entre otros temas.

La Defensoría del Pueblo deberá señalar cómo va la reincorporación y el Ministerio de Defensa señalar si ha adoptado una estrategia de seguridad especial coordinada para la protección y control de riesgos de las zonas donde se encuentran grupos representativos de los excombatientes.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional deberán detallar cómo se ha implementado el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas.

La Procuraduría General de la Nación tendrá que hacer un informe sobre las dificultades que enfrentan las entidades encargadas del implementar el acuerdo y si los alcaldes y gobernadores han atendido el exhorto hecho por ese ente de control para que en los Planes Integrales de Prevención se tengan en cuenta a los excombatientes.

Por su parte, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ante la grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz, adoptó el 20 de septiembre 2021 nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas para proteger a los excombatientes y sus familias, buscando garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por crímenes que sufrieron en el marco del conflicto armado.

La JEP le ordenó a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición que informen si en los medios de comunicación utilizados por la institución castrense existen planes o proyectos para prevenir la estigmatización de los exintegrantes de las FARC que se encuentran en proceso de reincorporación y sus familias. Al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia ordenó que informe las actuaciones realizadas para lograr la reconciliación, la convivencia y la prevención de la estigmatización en el país.

De otro lado, a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, le preocupan los asesinatos de excombatientes de las FARC, para lo cual formula recomendaciones y observaciones prioritarias sobre acciones puntuales para mejorar la situación. Entre ellas está fortalecer el sistema de Alertas Tempranas, obtener más recursos económicos con destino a la Unidad Nacional de Protección, UNP, del Ministerio del Interior, e incrementar la presencia integral de la Fuerza Pública, instituciones civiles, y los servicios y programas sociales en los territorios donde el Estado no tiene presencia, particularmente a las áreas históricamente afectadas por el conflicto.

El instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, encargado en el punto 6.3.2. del acuerdo con apoyar en lo técnico el monitoreo de la implementación, también ha manifestado su preocupación por los asesinatos de líderes, lideresas y excombatientes de las FARC, realidad que genera efectos devastadores en la implementación y la percepción de la paz. Añadieron que la Comisión de Seguimiento creada por el gobierno y el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, -hoy llamados Comunes-, tampoco está siendo efectiva para atender los asuntos urgentes del asesinato de líderes de la antigua guerrilla.

En el país el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, indepaz, sostuvo desde 2020 que el mayor riesgo de agresiones a los excombatientes de las FARC lo constituye la estigmatización a los acuerdos de paz y a las condiciones de reincorporación política de los exguerrilleros que lo firmaron y se comprometieron con su implementación. La estigmatización y los discursos del odio forman la matriz ideológica para la discriminación, agresión y desconocimiento de derechos de las personas en proceso de reincorporación.

Hay bastante consenso en cuanto a las medidas prioritarias que se requieren para prevenir y proteger la vida e integridad personal de los excombatientes de las FARC y sus familias, las cuales son tanto de carácter político como material. Como medidas políticas urgentes y necesarias está la eliminación de todo discurso estigmatízante y de odio contra los exguerrilleros en proceso de reincorporación, y la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional por parte de la Corte Constitucional. Las medidas materiales de protección más apremiantes son, la respuesta rápida del Estado a las alertas tempranas y fortalecer los recursos económicos de la Unidad Nacional de Protección destinados a tal fin.

Seamos claros: si se quiere consolidar la paz, no se puede deslegitimar, atacar o matar a quienes han dejado las armas.