Se nos está volviendo paisaje el vandalismo desmedido durante las protestas en Bogotá. El más reciente ejemplo tiene que ver con lo ocurrido en la Universidad Nacional, que llegó a su punto máximo con encapuchados que se tomaron uno de los edificios. La situación fue tan dramática que Henry Balcázar, vigilante del lugar, quedó sitiado y recibió amenazas de muerte tras negarse a dejar su puesto de trabajo a merced de los vándalos.
Lo anterior no es algo normal, que deba dejarse pasar ante la mirada permisiva de las autoridades. Incluso, la saliente rectora de la Nacional, Dolly Montoya, aseguró que el gobierno no ha estado con ellos en medio de la situación de seguridad que se afronta, razón por la que se han sentido solos.
Lo cierto es que la protesta social se está saliendo de control sin que se establezcan límites. Aquí quiero ser enfático en que respaldo al movimiento estudiantil, respaldo el salir a las calles como forma de manifestarse, pero lo que no respaldo es el abuso a los derechos, que nos llevan a caer en anarquía, violencia y vías de hecho. Protesta sí, pero no así.
¿Hay algún límite? ¿Quiénes son los responsables o “manzanas podridas” detrás del daño a la propiedad pública y privada? ¿cómo responden?
En Colombia, la Constitución Política establece que se deben garantizar los derechos de asociación o reunión pacífica, libertad de expresión y huelga. De igual forma, se reconoce la importancia de la no estigmatización, el derecho a la igualdad y la libertad de expresión de los diversos actores en la protesta social.
Ahora bien, estos derechos mencionados no son ilimitados, o con vía libre para vulnerar los de otros. Hay razones para protestar, pero hay formas, y en Bogotá están dadas las garantías, a diferencia de países como Cuba y Venezuela. De no ser así, en el cuatrienio pasado no se hubieran tenido 5.251 movilizaciones en la capital, un promedio de tres diarias.
Y es que lo de la Nacional ya se ha vuelto costumbre, unos pocos intimidan y generan caos, no solo en la institución, también en sus alrededores. Agreden a la Policía, atacan carros, como ocurrió recientemente con una patrulla que transitaba por la zona cuando un sujeto la atacó con un extintor; dañan bienes públicos como TransMilenio y bloquean el paso de la ciudadanía violando sus derechos. Con un agravante: terminamos pagando todos estos desmanes de nuestros impuestos.
En Colombia no podemos dejarnos llevar por una narrativa que debilite el establecimiento, legitime las vías de hecho que agreden los derechos de otros, y que no responsabiliza a nadie frente a lo que sucede. En Bogotá, apoyamos y respaldamos la protesta social, pero no el vandalismo, que lo único que causa son pérdidas para la ciudad.
